En este momento no existe problema que sea más complejo y supere en gravedad al de la potencial quiebra del subsistema exclusivamente de beneficio definido de pensiones. Esta crisis amenaza con arrastrar la economía del país y la estabilidad social del mismo cuando se agoten las reservas para pagarles a los centenares de miles de jubilados vigentes.
Y la actitud asumida por los responsables de tomar las medidas necesarias para impulsar la búsqueda de soluciones, no hace sino abonar las preocupaciones en torno al problema. Porque los hechos confirman que en la agenda de trabajo de las autoridades pertinentes, a la mencionada crisis no se le asigna la prioridad que merece ni la urgencia que reclama. Dos hechos apuntan a ello: que aún no se reanude el diálogo suspendido desde diciembre del 2021 y que, luego de casi cinco meses de haberse vencido el período de uno de los actuarios, todavía no se nombre a quien vaya a ocupar esa vacante
Por más que las palabras intentan enmascarar convenientemente el escenario, los hechos terminan por imponerse descarnadamente desnudando la peligrosa dicotomía entre lo que hacen y lo que dicen quienes llevan las riendas del país. Que, en el más reciente informe a la nación, la crisis de la Caja se mencione de pasada, sólo puede significar que el futuro cercano vendrá cargado de turbulencias gracias a la poca voluntad de afrontar decididamente los problemas medulares de la nación.