Durante esta administración gubernamental se ha hecho del secretismo una norma; cercenando a todo ciudadano interesado en los manejos públicos, su derecho a que las autoridades involucradas le rindan cuentas. La transparencia, lamentablemente, no ha resultado una virtud presente en la gestión vigente, así como no lo ha sido para instituciones como la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) que, a brazo partido, se ha negado a brindar información sobre los préstamos del programa Capital Semilla y sus destinatarios. Ni para el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), cuyo director ha cerrado el programa de auxilios económicos al escrutinio público.

Ha tomado, ahora, su respectivo turno la Autoridad Nacional de Descentralización, en la cual la fobia a la rendición de cuentas de su director no se queda atrás con respecto a la del resto de funcionarios que le acompañan en la aventura de gobierno. Además de los fondos señalados por el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el de Impuesto de Bien Inmueble (IBI), la institución en cuestión ha distribuido fondos adicionales a los gobiernos locales sin explicar los criterios utilizados al momento de decidir el destinatario de los mismos. Resulta notorio que corregimientos bajo control de representantes oficialistas reciban dichas partidas mientras otros, con necesidades más acentuadas, sean ignoradas en la repartición. Ahí está Cauchero, por ejemplo, en la provincia de Bocas del Toro, que no tiene servicio de energía eléctrica y donde el 67 por ciento de los hogares no reciben agua potable, y que no ha recibido un solo centavo de estas asignaciones, mientras que a corregimientos a su alrededor- bajo la bandera del partido en el poder- se les ha asignado cuantiosos fondos.

Cuando la equidad, la rendición de cuentas y la transparencia son desterradas de los procesos de gobierno, la democracia entra en un franco y peligroso declive.