La transparencia ha permanecido como la gran ausente en las gestiones gubernamentales de los últimos años. Y durante esta administración la historia no ha variado ni un ápice: ahí está, como constancia, la Resolución No. 71 del 4 de agosto de 2021, que declara como información de “acceso restringido» las actas, notas, archivos y otros registros y constancias de los temas y actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente, Vicepresidente y del Secretario del mencionado consejo. Durante los próximos diez años, una gruesa capa de secretismo impedirá que toda esta información sea divulgada al resto de la población.

Y como si no resultara suficiente ya para alimentar las suspicacias nacionales, una nueva resolución- la 110 del 6 de octubre de 2022 y publicada en Gaceta Oficial del lunes 10 de octubre- establece que a partir de la fecha y hasta el 30 de junio del 2023, la presente Administración de Gobierno está facultada para contratar de forma directa hasta por 25 millones de dólares al afrontar los desastres ocasionados por las lluvias y las alteraciones de las condiciones atmosféricas.

Cuando a una transparencia cada vez más disminuida se le suma la creciente discrecionalidad de los funcionarios en la toma de decisiones- echando a un lado los procesos y controles establecidos- no se puede esperar otra cosa más que el peligroso debilitamiento de la institucionalidad sobre la que se sostiene una sana democracia.

“Piensa mal y acertarás”, reza oportunamente la sabiduría popular.