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Etiqueta: institucionalidad

Institucionalidad corroída

La institucionalidad democrática es el conjunto de normas, prácticas y estructuras que sustentan la democracia en un país. Incluye la separación de poderes, la independencia del sistema judicial, la transparencia en la administración pública, y la protección de los derechos humanos y las libertades civiles. Estas instituciones son esenciales para garantizar que el poder se ejerza de manera justa y equitativa, y que los ciudadanos puedan participar efectivamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas.

El deterioro de la institucionalidad democrática puede tener graves consecuencias. Cuando las instituciones se debilitan, se abren las puertas a la corrupción, el autoritarismo y la inestabilidad política. La falta de transparencia y rendición de cuentas socava la confianza pública en el gobierno, lo que puede llevar a un descontento social y a la erosión del contrato social. Además, sin una judicatura independiente, se compromete el estado de derecho, lo que pone en peligro la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En el caso de Panamá, la pérdida de institucionalidad democrática ha contribuido a una profunda crisis política y social. La corrupción endémica y la falta de transparencia han minado la confianza de los ciudadanos en sus líderes y en el sistema democrático en su conjunto. Esto ha llevado a un estancamiento económico y a un aumento de la desigualdad y la pobreza.

Es urgente recuperar la institucionalidad democrática en Panamá para superar el actual estado de crisis. Esto implica fortalecer las instituciones existentes, garantizar la independencia del poder judicial, y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible y equitativo del país. La recuperación de la institucionalidad democrática no es solo una necesidad política, sino una condición indispensable para el bienestar y el progreso de todos los panameños.

La Democracia en Jaque

A escasos nueve meses de las elecciones de 2024, emerge una propuesta inquietante: cambiar las reglas del juego. Las recientes intenciones de miembros de la Asamblea Nacional para reformar el Código Electoral, resultan, en el mejor de los casos, preocupantes, y en el peor, amenazantes para la democracia que tanto valoramos.

Es innegable que el marco electoral es una piedra angular en cualquier democracia. Establece las reglas, define los procesos y garantiza que la voz del pueblo se refleje con precisión en las urnas. Por lo que resulta preocupante que ahora, en un momento crítico de preparación para los comicios, surjan propuestas que, lejos de fortalecer nuestra democracia, amenazan con socavar la confianza del electorado. Según estudios realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la confianza en los procesos electorales es esencial para la estabilidad democrática. Sin embargo, cambios apresurados y no consensuados a las puertas de una elección pueden desencadenar desconfianza y fortalecer sospechas ya presentes en el ambiente político.

La Comisión Nacional de Reformas Electorales, tras cada elección, ha sido el espacio donde diferentes sectores convergen para discutir y proponer cambios. Romper con esta tradición, especialmente tan cerca de los comicios, envía un mensaje peligroso sobre la volatilidad de nuestras normas electorales. Por supuesto, no faltan quienes argumenten que estas reformas buscan fortalecer el proceso democrático, pero, contrariamente, temas como el del fuero penal electoral y el de los residuos, cocientes y medio cocientes generan el rechazo automático de la ciudadanía. Además, que el momento elegido para presentarlas levanta sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de estas acciones.

En conclusión, si bien es legítimo y necesario revisar y mejorar nuestro marco electoral, hacerlo a las puertas de una elección, sin consenso y apresuradamente, es jugar con fuego. La Asamblea Nacional debe reconsiderar el momento y la forma de estas reformas y garantizar que cualquier cambio se haga en beneficio de la institucionalidad electoral, no en detrimento de la confianza y la democracia. Recordemos que la fortaleza de la nuestra no radica en la rapidez de los cambios, sino en la solidez de nuestras convicciones y la confianza de nuestra gente.

El naufragio democrático

La democracia se sustenta en la confianza que los ciudadanos depositan en sus funcionarios electos. Cuando acudimos a las urnas a elegir a nuestros gobernantes, lo hacemos esperando que actúen defendiendo el bien común y los intereses de la sociedad. Se espera que quienes representan a los electores se conduzcan con transparencia, ética, respeto a la institucionalidad democrática y vocación de servicio. Que tomen decisiones pensando en las necesidades de la gente y no en beneficio propio. Que administren los recursos públicos con eficiencia y rindan cuentas claras de su gestión. Que promuevan la participación democrática y respeten las instituciones.

Desafortunadamente, en los últimos años numerosos casos de corrupción han mermado la confianza de los latinoamericanos en la política. Según Latinobarómetro, en 2023 solo el 28 por ciento de los ciudadanos de la región se encontraban satisfechos con el sistema democrático. Y solamente el 15 por ciento de los panameños estaban conformes con el mismo. Esto representa un duro golpe a la legitimidad de la democracia y un riesgo para la continuidad de la misma.

Lo habitual no es ni la ética pública ni el buen gobierno. Tampoco que los funcionarios electos orienten sus actos en base a principios como la honestidad, la transparencia, la participación ciudadana y la justicia social. Reina el atraco a los fondos públicos ante la impunidad favorecida desde las altas instancias judiciales; la política se rige por los intereses de partido o de unos pocos gamonales que conciben al Estado y al país como un botín a repartir. Ante semejante deterioro del concepto de servicio público y del interés colectivo, no puede esperarse algo distinto al desastre que vive la nación.

Corresponde a los funcionarios electos restaurar la confianza depositada en ellos y utilizar su poder para servir al pueblo. De otra manera, será obligación de los ciudadanos exigir y actuar para enderezar el rumbo: participar activamente fiscalizando a las autoridades y velando porque se ajusten a sus obligaciones y a las expectativas depositadas en ellos. La democracia es una construcción colectiva que requiere del compromiso de todos.

Perogrullo en el paisaje

El diccionario de la Lengua Española define como íntegro a todo “aquello que no carece de ninguna de sus partes”; agrega, además, que al encajarlo a una persona se refiere a la que es proba, recta e intachable.

En la acepción más generalizada, sin embargo, una persona íntegra es la que actúa de acuerdo a las ideas, las creencias o los valores que siempre ha manifestado. Esto, más que predecible, la hace sumamente confiable y con una credibilidad a toda prueba.

También se describe la integridad como la cualidad de las instituciones sociales que cumplen estrictamente con los principios, valores y fines para los que fueron concebidas: los tribunales, por ejemplo, para hacer cumplir las leyes y aplicarlas tal cual dictan los códigos vigentes. Si en las personas la integridad es fundamental en la definición del carácter, en las instituciones resulta un requisito obligatorio para estructurar la vida de una comunidad o nación.

Por todo lo señalado resulta extremadamente preocupante el escenario instaurado en el presente, donde un constante y creciente proceso de desintegración carcome el entramado ciudadano e institucional de la nación. No sólo la política, también los sistemas legislativos y judiciales, las organizaciones civiles, la educación, los sindicatos…todo parece estar sometido a las fuerzas fragmentadoras y a la degeneración provocada por la ausencia de los valores, de las normas y principios que antaño ordenaban y daban coherencia a la vida comunitaria. Los antivalores, los apetitos de camarillas, los intereses particulares rigen arbitrariamente sembrando el caos y la incertidumbre, privando del orden que resulta requisito indispensable para la convivencia civilizada.

Dentro de todo este caos y proceso degenerativo destaca, durante los últimos años, el naufragio del periodismo, tradicional bastión de defensa de los más caros paradigmas democráticos y éticos concebidos por el espíritu humano. En un deplorable espectáculo, la profesión ha dado la espalda a los preceptos profesionales de excelencia y apego a la verdad, embarcándose en la nave de las conveniencias y de las banderías particulares que desangran a la nación hace mucho tiempo ya. Repartir las culpas resultaría complejo, además de inútil. En estos momentos resultaría más oportuno hacer un alto y recordar una verdad de Perogrullo: que el periodismo se construye con la objetividad de los hechos, al igual que el resto de las instituciones sociales. Seguir por ese camino desintegrador y de peleas tan interminables como egoístas, no auguran un buen destino.

El bienestar de las presentes y de las generaciones por venir, imponen la obligación de rectificar y enderezar el camino de todos los aspectos de la vida nacional. Es hora ya de recuperar la integridad del país.

Suprema Corte mexicana declara inconstitucional castigar el aborto

La Suprema Corte de México declaró el martes inconstitucional castigar el aborto en una votación unánime considerada histórica ya que abre la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento.

«Con este criterio unánime (…) a partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la corte y la constitución, procesar a mujer alguna que aborte» dijo el presidente de la corte, Arturo Zaldívar.

El pleno de la corte sesionó durante dos jornadas para discutir un recurso de inconstitucionalidad contra artículos del código penal del estado de Coahuila que castigaban con hasta tres años de prisión a las mujeres que abortaran y a quienes se lo facilitaran.

Estos artículos fueron declarados inconstitucionales con el voto de los 10 magistrados presentes, lo que sienta jurisprudencia, es decir que los jueces de todo el país deberán aplicar el criterio establecido por este fallo.

«Es un día histórico para las mujeres mexicanas y las personas gestantes (…). Es un paso más en la lucha histórica por su igualdad por su dignidad y por el pleno ejercicio de sus derechos», añadió Zaldívar luego de la votación.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a pregunta expresa de la prensa en su conferencia de este martes, evadió opinar sobre el tema con el argumento de que no sería «prudente tomar partido» porque es un «tema controvertido, polémico» y que lo mejor era que la Suprema Corte lo resolviera.

Alcance nacional 

Un comunicado de la corte detalla que «es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta», es decir que no se establece, como se esperaba, un plazo de determinadas semanas para interrumpir el embarazo.

México, donde el 77% de la población es católica, es un país federado donde los estados son autónomos para dictaminar sus leyes, pero estas quedan invalidadas, a través de los amparos, cuando contravienen fallos de la Suprema Corte que sientan jurisprudencia como el de este martes.

Una fuente judicial explicó que esta sentencia tiene alcance nacional ya que permitiría que mediante un recurso de amparo mujeres que residen en estados donde está penalizado el aborto puedan acceder al mismo por orden de un juez.

«La mujer debe solicitar (a los servicios de salud) que realicen el aborto, cuando se lo nieguen, podrá acudir ante un juez y promover un amparo y en base a esta sentencia, se le deberá conceder y el juez ordenará que se le realice el aborto», explicó a la AFP Alex Alí Méndez, abogado constitucionalista y experto en temas de aborto.

Histórica lucha feminista

La organizción Gire, que reclama el derecho al aborto seguro, celebró este fallo que es producto, señaló, «de una histórica lucha del movimiento feminista por el aborto legal, seguro y gratuito».

«El máximo tribunal del país reafirmó la autonomía reproductiva y se pronunció por que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar puedan elegir si continuar o no su embarazo conforme a sus propias convicciones», subrayó GIRE.

Ciudad de México despenalizó el aborto hasta las 12 semanas en 2007 y se realiza de manera gratuita en las clínicas de la alcaldía sin importar si las mujeres viven en otros distritos.

Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son otros estados que han despenalizado el aborto hasta las 12 semanas.

El aborto en América Latina es legal en Uruguay, Cuba, Argentina, Guyana, mientras que El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití son los más restrictivos pues no le permiten bajo ninguna circunstancia.

En los demás países de la región el aborto solo está permitido en caso de que la vida de la mujer corra peligro, o en algunos casos por violación o por inviabilidad del feto.

Policía Nacional, un cuerpo inerte sin institucionalidad

Sin entrar a ver o valorar lo que fue la Guardia Nacional, luego su paso como Fuerza de Defensa y el daño de imagen que aun cargan. Igualmente dejando a un lado lo que se dio con la invasión de los Estados Unidos, que simplemente desnudo la capacidad y profesionalismos de los mal llamados soldados, quiero analizar que esta pasando con los constantes cambios de mandos en las jefaturas de la Policía Nacional.

Desde hace varias décadas, se dio a la tarea de desvirtuar la tesis de que la Policía Nacional debería ser dirigida por un civil, sucedió con Endara que tuvo oficiales activos 3 y 3 civiles; Pérez Balladares solo tuvo de Director a José Luis Sosa y Mireya Moscoso a Toti Bares y, a inicios del gobierno de Martin Torrijos con Gustavo Pérez y Rolando Mirones, quien luego reforma la Ley y le da paso al primer oficial para que se encargara de la Policía Nacional, como su máximo jefe. De ahí nació la cuarta estrella que se guindan al hombro.

Lo cuestionable de este hecho, es que una vez colocado un oficial activo al mando, se comenzó a armar los famoso clanes y esto debido a que muchas veces, por no decir todas, se coloco a un oficial que no era el mas antiguo de su promoción y que adicional nunca supieron darle forma a ese cuerpo policial. Ahí, en ese periodo de Torrijos estuvo Jaime Ruiz encargado y lo reemplazo Francisco Troya, que luego en una jugada rara pasa a ser Embajador de Panamá en México cuando gana Martinelli.

Con Ricardo Martinelli se dan aumentos altísimos de salario y se trae a un ex oficial, Gustavo Pérez hijo, que si hubiese seguido en la Policía Nacional no tendría la antigüedad de otros, pero quedo siendo el jefe de muchos superiores de su época de proclama. Ese periodo lo termino Julio Molto, con pocos roces y logro mantener una unidad, por lo menos en apariencia, normal. Posterior al cambio de gobierno viene el quinquenio de Varela, donde se trastoco todo lo que faltaba.

Con supuestas injerencias extranjeras, comentarios de pasillos, se colocó muchos oficiales por encima de otros mas antiguos, como Jefes. Omar Pinzón que estaba en Estados Unidos lo traen ungido y arma su combo. Por otro lado, al Ministerio de Seguridad mandan a un Subcomisionado que se supone es el jefe del Director de la Policía y del SENAN, SENAFRONT etc., pero que nadie le paraba bola. No lo aguantan mucho tiempo y debe regresar a su antiguo rango, como subalterno de los que antes era su jefe. Vergonzoso.

Varela no conforme con colocar unidades policiales, y en claro mensaje de desconfianza a su propio partido, decide regar en muchas entidades Policías y sobre la marcha otorgar una cantidad de ascensos que hoy son cuestionados. Festinaron con la disciplina castrense y tiraron al piso ese respeto que se gana un soldado por cada rango que alcanza con esfuerzo y dedicación. La Policía se volvió un mercado persa de paipas y estrellas. Varela Termino con Vega Pino, solo para otorgarle su jubilación especial de Director General.

Cuando ingresa Cortizo Cohen, se sigue la practica de mantener un oficial en activo como Director. Pero cuando se observa, por la cantidad de Comisionados que existen, ya no se fijan en cual tiene el mérito, sino cual hace el mandado y por simple lógica lo dejan hasta jubilarse, Así paso con Miranda, que es reemplazado por Medina, que no dura en el cargo ni 6 meses, supuestamente por un video difundido, sin aprobación, que es cuestionable, cuando en otras instituciones se están llevando hasta el edificio.

Mientras en el Ministerio de Seguridad, Cortizo vuelve a cometer el error de designar a un oficial activo, en este caso del Senan, como si en los despachos administrativos se combatiera la delincuencia. Ahí se planifica y establecen políticas de combate a la criminalidad, no siendo necesario acuartelar un Ministerio, donde aun cuando no quiera, el Ministro Pino, viola la Constitución, pues se convierte en un sujeto deliberante, cada vez que participa de un Consejo de Gabinete, donde se vota temas netamente políticos. Todavía tengo las dudas de la salida de Mirones, que parecía más un plan orquestado a nivel interno de la Policía, por sus investigaciones y demandas.

En fin, como exigirle una moral alta a la Policía Nacional, si ya ese orgullo de ganarse un ascenso se ha perdido, por la incursión de la política en la designación; no se respeta rango, antigüedad ni nada, pues vemos que el ultimo Director Designado Dornheim, resulta que es un Sub Comisionado que, por obra de arte, pasa a ser jefe de todos sus Comisionados superiores.

Los gobiernos se han ido volviendo rehenes de la Policía Nacional, los vuelven intocables y no se atreven a realizar una reforma sustancial, que pase a retiros a muchos oficiales de altos rangos y establezca el límite máximo que puede existir de Comisionados y Subcomisionados. Así como los años de servicios para acceder a cada rango superior deben aumentarse.

En la Policía se le asigna gastos de representación a oficiales desde Mayor para arriba, sin saber si tiene o no funciones que lo ameriten, solo por alcanzar un rango. Ojalá se atrevan de una vez por todas hacer los ajustes necesarios, pues lo que están creando es una organización, de poder paralelo, sin respeto a la institucionalidad y donde cada vez mas unidades, son sorprendidas en actos delictivos, porque ese don de mando no existe y el respeto ya solo es parte de un decálogo. Así veo las cosas y así las cuento.

 

 

Empresarios entregarán agenda país a fines de enero

A finales de enero, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) entregará su Agenda País a los candidatos presidenciales, dirigida a enriquecer los contenidos de sus correspondientes programas de trabajo.

Ele documento estará enfocado en los temas que requieren de una inmediata solución, ignorarlos, puede significar un futuro incierto, advierten los empresarios. De esta manera, la empresa privada reafirma su compromiso de colaborar con la próxima administración gubernamental, identificada como está con los más altos propósitos de la nación.

En opinión del gremio empresarial, con la definición de las candidaturas, el país ha ingresado a terreno firme en el proceso electoral y corresponde a aquellas presentar sus ofertas electorales, basados en planes concretos, que se enfoquen en una agenda social centrada en soluciones sostenibles en el tiempo y no paliativas a problemas tan profundos como la educación, la seguridad social y la salud, por mencionar algunos.

Igualmente deben proponer políticas que apalanquen el crecimiento económico del país en un orden superior al actual, que permita crear nuevos puestos de trabajo e impulsar la capacidad exportadora del producto nacional.

Asimismo, estos planes deben garantizar la recuperación de una institucionalidad que, a la vez de promover nuestra competitividad internacional, propicie las correcciones estructurales que faciliten la equidad social como base de nuestro desarrollo.

La CCIAP en coordinación con el Tribunal Electoral, el próximo 10 de abril realizará el segundo debate presidencial con el fin de contribuir a que los ciudadanos ejerzan su derecho a un sufragio informado. Esperamos que los candidatos presenten un discurso de altura y fundamentando cómo transformarán los planes propuestos en realidad, pues aquí reside la responsabilidad de quienes aspiran a ser la máxima autoridad del país y no en promesas vanas.

Esta organización espera que el gobierno coadyuve al desarrollo de un proceso electoral definido por su independencia en el juego electoral, la transparencia y la tranquilidad, e insta a los panameños a cohesionarse en torno a la institucionalidad, independencia y credibilidad del Tribunal Electoral, confiados en que nuevamente estará a la altura de sus anteriores desempeños, para alcanzar la consolidación de la democracia.

Empresarios reiteran necesidad de cambiar Constitución Política

La necesidad de introducir cambios profundos en la Constitución Política, especialmente en el campo de la administración de justicia fue reiterada por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) en su mensaje de saludo por fin de año en el cual además, exhorta al Legislativo a acoger esta propuesta en u último período legislativo.

El documento recuerda que pasar de un año a otro genera expectativas sobre cambios y que esto es más real ante la prespectiva de elecciones generales en mayo de 2019.

«Los últimos meses han transcurrido bajo el signo de una incertidumbre determinada por factores políticos que han demostrado las tensiones existentes entre los Órganos del Estado, señal de la necesidad de una verdadera separación e independencia de estos poderes, sin que ello sea impedimento de que logren trabajar en armónica colaboración. El mejor ejemplo de que tal esquema no existe es que hasta ahora no se han podido ratificar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elemento concurrente en la crisis que afecta la administración de justicia en el país», añade el mensaje.

Los empresarios reconocen que la economía evidencia la desaceleración que provoca el inminente cambio gubernamental, y cuya agudización es necesario contrarrestar con una visión basada en las posibilidades concretas del país. «Dicha actitud optimista es la que lleva a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá a confiar en que el gobierno, la fuerza laboral y la empresa privada, pueden garantizarle a Panamá un clima que permita recuperar una institucionalidad plena que, a su vez, propicie la consolidación de la democracia participativa y afirme la continuidad de su crecimiento económico, en la perspectiva de hacerlo cada vez más equitativo y justo».

La CCIAP hace un llamado a todos los actores de la sociedad a buscar y promover un ambiente de paz que permita llegar a los comicios del próximo 5 de mayo, eligiendo en una verdadera fiesta electoral a los mejores hombres y mujeres, dignos de imitar por su comportamiento ético, y su trayectoria de transparencia y responsabilidad.

Finaliza enfatizando que tales hombres y mujeres modelos deberán prever planes de acción inmediata para garantizar una dinamización pronta y efectiva de los sectores productivos en el ámbito nacional, porque toda demora en esa dirección puede causarle daños imprevisibles al país.