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Etiqueta: funcionarios

Contraloría solicita a funcionarios presentar declaración patrimonial

La Contraloría General de la República solicitó a todos los titulares institucionales y a los agentes o empleados de manejo presentar una copia autenticada de la declaración jurada de estado patrimonial.

La solicitud, se debe al cambio en la gestión pública prevista para el 1 de julio de este año y de esta forma, garantizar el compromiso con la integridad y transparencia en la administración pública, informó la Contraloría en un comunicado.

Los exfuncionarios dispondrán de un término de 10 días hábiles para presentar la copia autenticada, que debe ser entregada personalmente en la secretaría general de la Contraloría.

El horario de atención será de lunes a viernes, entre las 8:00 am y las 4:00 pm.

Así mismo, los agentes o empleados de manejo, quienes también concluyen sus labores a partir del 30 de junio de 2024, deben cumplir con esta misma disposición.

El proceso de entrega de la declaración jurada es idéntico al de los titulares institucionales y se realiza en la secretaría general de la Contraloría dentro del mismo plazo establecido.

El incumplimiento de esta obligación conllevará la aplicación de las sanciones previstas en el segundo párrafo del Artículo 4 de la Ley 59 de 1999, que reglamenta el Artículo 299 de la Constitución Política y establece diversas disposiciones contra la corrupción administrativa.

Gobierno acatará decisión de la CSJ y pagará décimo tercer mes igual que el sector privado

El sector público recibirá el décimo tercer mes igual que el sector privado, esto luego que el Gobierno confirmara que acatará la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que ordena el equiparamiento de acuerdo al salario que devenga el funcionario.

La información fue anunciada por el Ministerio de la Presidencia un día antes que el gobierno desembolse el adelanto de la primera partida del décimo tercer mes.

De acuerdo con el comunicado, el pago se hará en dos desembolsos. El primer desembolso se hará efectivo mañana viernes 23 de febrero y el remanente para equiparar esta primera partida será desembolsado en abril, cuando corresponde de acuerdo al calendario del décimo tercer mes.

Según la Ley 52 del 16 de mayo de 1974 que instituyó el Décimo Tercer Mes para el sector público, el salario base para calcular el monto que debe recibir cada funcionario es de $550, sin embargo, el pasado 1 de febrero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la medida.

La decisión de la CSJ fue tomada tras presentarse, ante el Pleno, dos demandas de inconstitucionalidad contra los numerales 1 y 2 del artículo 1 de la Ley 52 de 16 de mayo de 1974, “por la cual se instituye el décimo tercer mes para los servidores públicos”, modificada por la Ley 133 de 31 de diciembre de 2013.

No más incompetencia

La incompetencia se ha normalizado en las instituciones del Estado panameño, derivando en una acumulación de problemas básicos sin resolver. Un claro ejemplo es la gestión de desechos, colapsada hasta niveles escandalosos tanto en la capital como en el interior del país. El último Censo revela que el 39 por ciento de los hogares padece de fallas en el suministro de agua potable. El transporte público es otro servicio desastroso, con paradas abarrotadas y tiempos de espera de horas.

La precariedad también impera en el sistema de salud. El déficit de medicamentos e insumos alcanza el 65 por ciento según la Contraloría, mientras que 4 de cada 10 equipos médicos están averiados de acuerdo al gremio de técnicos en imagenología. La mala atención y las interminables colas para ser vistos son la norma.

Esta crisis se origina en la extendida incompetencia en las instituciones, consentida por las autoridades. Un informe de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana reveló que el 80 por ciento de los puestos públicos se asignan por amiguismo político, no por méritos. Mientras no se destituya a quienes fallan en sus responsabilidades, la situación está abocada al colapso, por más presupuesto que se asigne.

Urge una reforma para que la idoneidad y el rendimiento guíen la función pública. De no implementarse, seguiremos sufriendo un Estado disfuncional incapaz de garantizar derechos básicos. Ha llegado la hora de exigir resultados, sancionar la incompetencia y rescatar la gestión pública en beneficio de todos los panameños.

El dilema de las calles cerradas: ¿voz o ruido?

Las calles de América Latina y Panamá, cada vez con más frecuencia, son inundadas por el hastío y la impaciencia provocada por la persistente sordera que muestran los gobernantes ante los constantes reclamos y necesidades de la población. Un poco antes de la pandemia del coronavirus, América Latina era ya un hervidero donde cada nuevo día venía acompañado de otra protesta callejera. Ahí están Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica y Colombia que dan fe de ello. Y Panamá no le va a la zaga, porque las quejas son innumerables: inequidad, falta de servicios básicos, corrupción… y la lista sigue y sigue.

Evidentemente, cuando el derecho a la protesta se expresa con el cierre de calles y avenidas, se atenta contra otro derecho fundamental: el del libre tránsito de quienes no forman parte de los grupos que manifiestan su inconformidad. Y la discrepancia entre un grupo y otro puede desembocar – y ha ocurrido ya- en episodios de violencia que nada aportan a la solución de los problemas pendientes.

La protesta social callejera, con todas las afectaciones que provocan en la actividad comercial, en el libre tránsito y con sus múltiples alteraciones de la vida cotidiana, es un debate pendiente que merece ser abordado. Pero, nadie en este país ignora que el cierre de vías es la única manifestación que obtiene la inmediata atención de los funcionarios cuya sordera y desidia han alimentado el hastío imperante. Aún no aprenden que no solo se trata de cobrar el salario estatal y prometer a diestra y siniestra sin la mínima intención de cumplir, sino que como funcionarios su deber y misión es resolver problemas que afectan a grandes sectores de la población.

El cierre de calles como forma de protesta social es más que una simple interrupción en el tráfico. Es un grito, una demanda, un deseo de cambio. Es esencial comprender y respetar las razones detrás de estos actos, pues en ellos se esconde el pulso de una sociedad que reclama ser escuchada.

Por qué los decentes se alejan de la política

Quizás sea demasiada atrevida la pregunta. Al referirme a los panameños decentes no hago referencia a los miles y miles de funcionarios que diariamente realizan con empeño sus funciones y han hecho del servicio público su vocación de vida.  Tampoco a los cientos de miles que en su diario bregar trabajan para lograr llevar un salario lícito a sus hogares.

Mi referencia es a la poca confianza y el nivel de recelo general de la población a nuestros representantes del Estado con mando y jurisdicción. Generalmente como aquel viejo lema del Ministerio de Vivienda nos acostumbramos a ver a la misma gente en su propio ambiente salga fulano o salga mengano como mandatario.

La política panameña la han hecho ellos y han podido moldear al electorado de tal forma que su permanencia en los cargos públicos resulta eterna.

En Panamá la política se ha convertido en un negocio para los que se incorporan a la misma. Entre reparto de cargos, prebendas y contratos, el poder se ha convertido en eso y nada más. El poder político ha terminado funcionando para esos propósitos y en ese pragmatismo y desilusión termina el país entero aceptando esas reglas.

Y la decencia tan proclamada como lo que puede salvar esto, no reacciona. Y tiene que ver especialmente con ese desinterés de ingresar en las esferas políticas, pues nadie desea someter a su familia al constante vilipendio característico de los que no les interesa la decencia en la política. Descalificar a los decentes de la vida pública es el objetivo trazado. Entrar a la vida política o ser pariente o cercano a un familiar en política te convierte en un sospechoso en materia bancaria o financiera. Es decir, el escrutinio sobre tu movimiento de dinero, tus actividades económicas e inclusive los requerimientos legales para acceder a la economía formal son más rigurosos.

A esto súmale la desconfianza general promovida hacia todo el que entra a ejercer un cargo público.   El constante vilipendio, insultos, descalificaciones, mentiras, opiniones tendenciosas que afectan tu honorabilidad o imagen tanto en los medios de comunicación formal como en las redes sociales.  Todo eso te hace objeto de dudas del sector financiero, bancario, comercial y en un instante pasas de buen empresario, buen profesional a figura pública sospechosa, objeto de verificaciones con lupa y sometida a un escrutinio reforzado. Esto se extiende a ti y a todos tus familiares cercanos generando insatisfacciones no manifiestas, pero latentes en tu diario devenir social.

Vives en mundo cada vez más globalizado. Donde puedes ejercer tu profesión en cualquier parte del mundo con solo llevar tu ordenador portátil contigo. Puedes hacer lo que hoy realizas en tu país igual en tus países vecinos. Tienes todas las presiones necesarias para no participar, no integrarte a la vida política del país pues nadie al final te lo agradecerá, ni a nadie que le importe. Pero a tu familia, la más cercana a ti, te repite hasta la saciedad: nos importas, y no te podemos ver así, agobiado, incomprendido, vilipendiado; pretendiendo que le haces una contribución al país que al final a nadie le importa.

Decía Enrique Federico Amiel: “Que el mundo piense de mi lo que quiera. Ese es asunto de ellos. Si me han de juzgar, bien o mal, es su derecho. Mi deber es actuar con rectitud… como si la vida fuera justa, como si la Patria fuera agradecida, como si el porvenir nos debiera la victoria, como si los hombres fueran buenos “

Cuantos sacrificados han pasado en la historia por vivir con esa conducta de vida.

Los supuestos inversionistas extranjeros y los proyectos de miles de millones

Los supuestos inversionistas extranjeros y los proyectos de miles de millones

Cada vez que hay un anuncio de algún grupo supuestamente interesado en hacer una inversión en Panamá se requiere hacer una investigación detenida antes de cualquier reunión con ministros y Presidente.

Muchas veces son empresas nacidas de la nada o con personajes desconocidos.   Incorporan sociedades panameñas donde se valen de directores y dignatarios testaferros.  Engatusan a un ministro o personero allegado al gobierno para que le consiga citas. Se toman fotos en esas reuniones para luego subirlas en internet, periódicos o medios televisivos.

Luego presentan el gran globo de la inversión multimillonaria con la esperanza de que el gobierno se comprometa mediante una carta, un acuerdo de entendimiento o algo similar.   Cuando observas a uno de estos personajes colocar en sus páginas de Instagram tres o cuatro fotos junto al presidente de la República es decir como por ejemplo, con Nito Cortizo, empieza a preocuparte por el sablazo que van a meter.

“Somebody gonna get hurt really bad”.  Ningún Bill Gates, Jeff Bezzos ha surgido de la nada en Panamá ni en Las Bahamas. Hablar de inversiones de miles de millones de dólares todavía no entra en la imaginación de los ciudadanos de pequeñas republiquitas con mercados diminutos. Es muy claro que en ocasiones muchos de estos denominados inversionistas generan lo que yo denomino un entorno de espejos para sobredimensionar lo que no existe.

Es decir de aquel principio de la física o la filosofía “creatio ex nihilo”. Los charlatanes vendiendo pócimas milagrosas abundan en los entornos de incautos funcionarios en busca de un dinero fácil.  Especialmente cuando existe la promesa de una participación accionaria o una tajada en la transacción de papel que pretenderán realizar con las licencias, permisos o autorizaciones gubernamentales. Hay que ser muy cuidadoso y las señales de alerta roja están ya definidas.

El Estado panameño no debe permitir que nadie utilice el logo de la República de Panamá dentro de una página publicitaria empresarial. Esto ya lo han hecho algunos supuestos inversionistas. Cuando los antecedentes de los inversionistas han estado ligado a intereses chinos en su país de origen y una conexión política familiar, empieza a pensarlo dos veces.  Y más aun ,cuando dos o más supuestas inversiones están entrecruzadas entre ellas te das cuenta. Lidias con el mismo combo en su propio ambiente.

Días libres por Carnaval ¿Cómo se pagan?

Luego que el Gobierno Nacional suspendiera actividades de conglomeración de personas relacionadas con la celebración de los carnavales del 2022 en todo el país, por motivos de bioseguridad para prevenir los contagios de COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) dio a conocer los aspectos normativos laborales y de salario para el lunes y martes de carnaval.

Carlos Ayala, asesor del Despacho Superior de la entidad, señaló que en el sector privado el día lunes de carnaval se debe trabajar de manera normal, sin embargo, dejó claro que hay empresas que llegan a un acuerdo con sus colaboradores para no laborar este día.

En tanto que, para el sector público el día lunes de carnaval es libre según el Decreto Ejecutivo N°5 del 14 de febrero de 2022, cabe mencionar que los funcionarios compensaron las 8 horas de este día laborando una hora extra durante 8 días.

En cuanto al martes de carnaval, el asesor de esta institución, señaló que tanto los trabajadores del sector público y privado estarán libres y se les deberá remunerar como un día normal de trabajo.

Pero, aquellos trabajadores del «sector privado» que laboren ese día, tendrán derecho a la remuneración de la jornada laboral normal más un 150% de recargo sobre esa jornada, incluyendo un día libre por haber laborado este día.

«Todas estas aclaraciones son oportunas, y es importante que ambos sectores laborales del país empleador como trabajador estén claros y conozcan cuáles serán las reglas del juego para esta semana de carnaval», finalizó Ayala.

«El propósito de la carta no era crear un conflicto con el Contralor», Rigoberto González

El procurador de la Administración, Rigoberto González, aclaró este miércoles que la nota dirigida el martes 25 de enero al contralor de la República, Gerardo Solís, no tiene el objetivo de crear una guerra entre funcionarios, sino manifestar su postura frente a los hechos particulares de fondos públicos.

«Lo que buscamos y pretendemos con esa comunicación no es crear un conflicto con el Contralor General de la República, ese no es el propósito, no es que él sienta que lo estoy atacando, pero sí me sentía obligado, por principios, por mi cargo y por la insinuación que hizo en donde se da a entender que desde el 2015, yo tenía conocimiento de eso y ahí lo dejó…», explicó González.

Aseguró que el procurador de la Administración es el abogado del Estado y lo que pretende es facilitar el trabajo del resto de los funcionarios para no exponer la administración institucional y para que no hayan demasiados cuestionamientos justificados de la opinión pública.

«Me sentí obligado cuando vi esa nota de prensa donde se me llama a mí por mi nombre, entonces si se me llama a mí por mi nombre, yo tengo que responder», remarcó.

Señaló que cuando un funcionario tiene alguna duda sobre un tema de alguna decisión que tenga que tomar, entonces consultan en la Procuraduría de la Administración, y si ese hubiese sido el caso en el 2015, el resultado hubiese sido el mismo que se emitió en la vista fiscal y cuando se les consultó sobre el tema.

González, remitió una nueva nota al contralor Solís este martes, dado a que este último se ha negado a atender las preguntas sobre los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento.

«Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías», escribió González en dicha nota.

El procurador de la Administración le pide a Solís que presente las denuncias sobre cualquier irregularidad que haya podido cometer como procurador de la Administración y así evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempleo de nuestro cargo.

Vacunación para funcionarios en Panamá será obligatoria

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dio a conocer la tarde del día de hoy, miércoles 5 de enero, que junto al Presidente de la República firmaron un decreto que aprueba la vacunación obligatoria para los funcionarios.

«Si algo no puede parar, son las instalaciones gubernamentales que tienen que seguir funcionando. El que no se vacune tendrá que presentar una prueba negativa todos los lunes ante su jefe inmediato o ante Recursos Humanos», manifestó Sucre.

El Ministro también recordó que a partir del 28 de enero, el esquema completo de vacunación en Panamá será de tres dosis de vacuna anticovid.

Explicó que las dos vacunas protegen un 50% de la COVID-19 y que con la de refuerzo llega hasta un 70%.

Estas declaraciones las realizó el Ministro durante la celebración del Consejo de Gabinete.

Funcionarios de Aduanas se van a paro, exigen el pago de sus compensaciones

Miembros de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFA) anunciaron este jueves, 25 de noviembre la suspensión de labores para exigir el pago de los bonos de productividad, sellos y vacaciones de funcionarios destituidos, que corresponden a los años 2020 y 2021.

Enrique Montenegro, secretario general de la ANFA, reveló que este paro de labores y el cierre de calle que realizaron a nivel nacional será hasta que le den una respuesta favorable. Aseguró que esta lucha no es en contra de la directora de la institución, sino contra el Ministerio de Economía y Finanzas que les negaron la partida.

«Somos un ente de recaudación no de fiscalización, para eso está la Contraloría, para que se nos pague lo que por ley lo que nos corresponde», manifestó. Montenegro.

Por su parte, la directora de Aduanas, Tayra Barsallo, criticó la huelga de labores y aseguró que es innecesaria. «Hay una serie de normas que establecen una serie de incentivos y comisiones, los cuales se están tramitando adecuadamente», explicó.

La titular de la entidad indicó que aquel funcionario que no realice sus labores correspondientes o se ausente de su puesto de trabajo, le aplicarán las sanciones pertinentes, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la institución.

Detienen a una funcionaria del Ministerio Público, un cabo del SENAN y un capitán del SPI en operación antidrogas

El Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, junto al director de la Policía Nacional,  John Dorheim, encabezaron la conferencia de prensa donde se dieron a conocer los resultados de la Operación Fusión, iniciada en febrero de 2020.

Franqueado por la Fiscal Primera de Drogas, Marta Barrios, el Procurador reveló que el trabajo, realizado con apoyo de la DEA, se logró la captura de 27 personas, entre ellas una funcionaria del Ministerio Público, quien laboraba en una fiscalía como oficial mayor, así como también, un cabo del Servicio Aeronaval (SENAN), un capitán del Servicio de Protección Institucional ( SPI), además de dos empleados de una empresa que brinda servicios técnicos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tres exempleados de esta misma empresa y dos empleados de una empresa de seguridad que también brinda servicios en la terminal aérea.

Todas estas personas han sido detenidas por estar presuntamente dedicadas al tráfico de sustancias ilícitas, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Están vinculadas al decomiso de 379 paquetes de sustancias ilícitas el 1 de octubre de 2020, en Playa Farallón, distrito de Antón; además, el decomiso de 60 paquetes en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en febrero de 2021; 18 paquetes, en El Espino, distrito de la Chorrera; 35 paquetes de sustancias ilícitas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y 152 paquetes en el corregimiento de Pilón, provincia de Colón.

La operación Fusión se realizó en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, y la provincia de Coclé. La investigación inició el 18 de febrero de 2020, cuando se tuvo conocimiento sobre una organización criminal transnacional dedicada a coordinar, organizar, recibir, custodiar y distribuir drogas que tenían como destino Europa y Estados Unidos.

En las diligencias de allanamiento se decomisaron además B/.8,900.00 en efectivo Y 29 vehículos.

Foto: Ministerio Público.

 

 

Cortizo: “O renuncian o los boto”, dijo a funcionarios que participaron en reunión que violaba el toque de queda

El presidente Laurentino Cortizo afirmó este viernes 29 de agosto durante en una gira en el interior del país, que los funcionarios que participaron en una reunión en un restaurante de Obarrio, incumpliendo los decretos sanitarios emitidos por el Gobierno Nacional para contener la proliferación de la pandemia del nuevo coronavirus “o renuncian, o los boto”.

“Esos funcionarios que retan los decretos de aprobados son ex funcionarios. Tienen dos opciones, renuncian o los boto, así de sencillo”, así de tajante fueron las declaraciones del mandatario.

El jefe del ejecutivo destacó que los funcionarios que retan las normas sanitarias establecidas por las autoridades de salud deben primero ser sancionados en base a los que señalan esos decretos, y posteriormente serán cesados de sus puestos. El mandatario dijo que este jueves discutió el tema con el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre.

Cortizo aseveró que lo menos que “nosotros esperamos es un equipo que este bien alineado, y los que no entienden eso, obviamente como ha sucedido en el pasado, van a ser sancionados y se va a ir para su casa, así de sencillo”.

Por su parte, más temprano, el ministro de Salud, informó que se mantiene abierta la investigación para deslindar los hechos que se dieron esta semana en un restaurante en el área de Obarrio en el que supuestamente hubo una reunión en la que habrían participado funcionarios de diversas instituciones, entre los que se mencionan a varios de esa entidad.

“No vamos a dudar en imponer las sanciones que correspondan”, recalcó el ministro al referirse una supuesta reunión que se habría realizado el pasado miércoles en un restaurante, ubicado en Obarrio.

El ministro de Salud advirtió que sancionará a funcionarios que hayan incumplido las normas sanitarias

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que se mantiene abierta la investigación para deslindar los hechos que se dieron esta semana en un restaurante en el área de Obarrio en el que supuestamente hubo una reunión en la que habrían participado funcionarios de diversas instituciones, entre los que se mencionan a varios de esa entidad.

La comunidad, “no debe dudar que en el caso que se demuestre que hubo funcionarios en el lugar se les va a sancionar”, advirtió el ministro.

“No vamos a dudar en imponer las sanciones que correspondan”, recalcó el ministro al referirse una supuesta reunión que se habría realizado el pasado miércoles en un restaurante, ubicado en Obarrio.

Así como se ha hecho con otras personas a los funcionarios se les aplicarán las sanciones que correspondan, recalcó el ministro.

Sucre afirmó que se está a la espera de que la Región Metropolitana de Salud emita el informe para entonces tomar las acciones que haya que tomar. Precisó que una vez tenga e los resultados del informe se procederá a tomar las medidas que correspondan.

Las sanciones incluirían a funcionarios del MINSA y de cualquier otra institución en el caso que se demuestre que participaron en una reunión en un restaurante restaurante, localizado en Obarrio.

Ejecutivo presentará proyectos de ley sobre reducción de salario, alivio tributario y generación de empleos

El órgano Ejecutivo, presentará durante este segundo periodo legislativo, cuatro proyectos de ley, entre ellos, el que establece el descuento de salario del Presidente y el Vicepresidente de la República por un periodo de seis meses y el que equipara a la Zona Libre de Colón a los beneficios que tiene la zona franca de Panamá Pacífico.

Durante el discurso a la nación de este 1 de julio, el presidente Laurentino Cortizo, detalló que dentro de la agenda legislativa de ese órgano del estado, se incluye la presentación de un proyecto de ley para que a partir de su sanción y por seis meses, al Presidente de la República y al Vicepresidente se recorten sus salarios y gastos de representación en 50%.

De igual manera, los ministros, viceministros, directores y subdirectores, gerentes y subgerentes, administradores y subadministradores y asesores tendrán un recorte en su salario y gastos de representación de 25%. Ese proyecto establecerá además que los servidores públicos que son miembros de juntas directivas de instituciones del Gobierno no recibirán dietas durante seis meses.

Otra de las propuestas de ley enumerada por el mandatario, trata sobre la equiparación de la Zona Libre de Colón con los beneficios de la Zona Económica Especial con el fin de generar empleos para los colonenses.  Sobre esta propuesta recientemente el presidente Cortizo dijo que Panamá cuenta con una Zona Libre de Colón con muchas oportunidades y que con lo sucedido con la pandemia por el Covid-19, se percataron que «no se debe tener una actividad concentrada en un solo lugar, y ante las ventajas que tiene Panamá con el canal interoceánico y las actividades que se desarrollan alrededor de este, se abrirá una gran oportunidad de crecimiento con esta equiparación»

El Ejecutivo también presentará un proyecto de ley de empresas multinacionales para la manufactura, que propugnará por el establecimiento en Panamá de empresas de valor agregado, ensamblaje, industrias farmacéuticas, de equipo e insumos médicos, entre otras.

También se llevará al Legislativo un proyecto de ley de alivio tributario para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que establece un régimen especial de impuesto sobre la renta reducido; igualmente un proyecto para ampliar el programa Mejorando Mi Negocio.

 

Más de 200 funcionarios de elección popular cobran doble salario, lo que representa unos 300 mil dólares mensuales

En Panamá hay 30 alcaldes y 172 representantes de corregimiento que cobran doble salario, lo que representa más de 310 mil dólares al mes, según detalla un informe de la Contraloría General de la República.

Aproximadamente entre los 30 alcaldes, el erario público destina una partida mensual de 46 mil 845 dólares para el pago de la licencia con sueldo, en tanto que para los 172 representantes de corregimiento, que mantienen este beneficio, se destina unos 263 mil 911 dólares.

Esta información surge luego de que el abogado, Ernesto Cedeño, haciendo uso de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que dicta normas para la transparencia en la gestión pública y establece la acción de habeas data, realizara la solicitud a la Contraloría General.

En virtud de esa petición, en una nota de 23 de junio de 2020, la secretaria general de la Contraloría General de la República, Zenia Vásquez, suministra el informe detallado, con nombre, provincia, distrito, y salario de la licencia con sueldo que devenga el funcionario de elección popular en la entidad que laboraba antes de ser electo.

“Le suministramos los cuadros 1 y 2, en los que se detalla las generales de los alcaldes y representantes de corregimiento que gozan de licencia con sueldos, las entidades en las que perciben salario, así como el monto del mismo”, detalla la nota.

Con respecto a los diputados de la Asamblea Nacional, la funcionaria también informó que en los registros que mantiene la institución no se identificó que percibieran otros salarios con cargos al erario público.

Para el abogado, esto “es inadmisible que en plena pandemia haya personas con doble remuneración” en virtud de leyes especiales, por ello adelantó que solicitará al presidente de la Asamblea Nacional que pondere la posibilidad de quitarle esos beneficios de leyes especiales que gozan los funcionarios electos por el voto popular.

“Actualmente hay 30 alcaldes y 172 representantes de corregimientos que además de recibir sus sueldos como alcaldes y representantes, perciben la licencia con sueldo de hasta de 5 mil dólares, mucho más de lo que devengan en los cargos electos”, puntualizó.

La Ley 37 de 2009 sobre la descentralización de los municipios mantiene la prerrogativa tanto para alcaldes como para representantes de corregimiento de acogerse a licencia con sueldo del trabajo antes de ser electos en el cargo.

Entre los beneficiados figuran los alcaldes de los distritos de Los Santos, Pedasí y  Tonosí, en la provincia de Los Santos; de Chepo y Chimán en Panamá; de Capira y San Carlos, en Panamá Oeste; Cañazas, La Mesa, Las Palmas y Río de Jesús, en Veraguas; Colón, Santa Isabel y Portobelo, en Colón; Natá y Olá en Coclé; Boquete, Bugaba, Remedios, San Felix y Tolé, en Chiriquí; Jirondai, Nole Duima, Kankintú, Ñurum,Besiko, Muná, en la Comarca Ngabe Buglé y Cémaco, en la Comarca Emberá Wounan.

Oposición denuncia destitución de más de 10 mil funcionarios en 5 meses

El presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón denunció en conferencia de prensa que en 5 meses de la administración del presidente Laurentino Cortizo se han dado destituciones de más de 10 mil funcionarios, muchas de ellas aseguró de forma ilegal.

Según el líder del partido de oposición, las destituciones se realizan sin respeto a la norma, incluso, hubo casos donde se ha despedido a la totalidad de los funcionarios en departamentos de trámites, dejando a los mismos sin funcionamiento; a mujeres embarazas, funcionarios que tienen licencias sin sueldo, otros a los que les hacía falta pocos meses para jubilarse o que fueron destituidos siendo pacientes de enfermedades crónicas, además de casos de funcionarios con hijos con discapacidad.

Informó que desde el mes de julio, un grupo de abogados panameñistas brindan asesoría gratuita a los funcionarios destituidos, que no sabían cómo proceder ante su injustificado despido ni tampoco contaban con recursos económicos para contratar abogados. En la lista de destituidos, asegura, hay miembros de todos los partidos políticos y hasta personas que jamás se han inscrito en algún colectivo político.

«Este gobierno ha desconocido por completo el artículo 74 de la Constitución, donde se establece que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa, y sin formalidades que establezca la norma», señaló Blandón al tiempo que pidió a los magistrados del Tribunal Electoral «ordenar el reintegro inmediato de los funcionarios que fueron destituidos, a pesar de contar con fuero electoral laboral, cuyas denuncias se encuentran en sus despachos».

De igual forma, el equipo de abogados panameñistas presentará una denuncia penal por la supuesta comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes a los funcionarios, en contra de directores, ministros y autoridades administrativas que hayan violado la norma.

Jóvenes profesionales de distintas áreas acceden a formación diplomática

Jóvenes profesionales, especialistas en Mercadeo, Banca, Turismo, Ingeniería y Relaciones Internacionales, tras culminar la fase de pruebas de la cuarta edición del concurso de ingreso, accedieron recientemente al Programa de Formación Profesional de la Carrerea Diplomática y Consular 2018-2019,  que desarrolla  el Ministerio de Relaciones Exteriores, Con ello, se logra el objetivo de diversificar la rama diplomática, sumando a profesionales de una mayor variedad de perfiles para atender las prioridades nacionales y los nuevos retos de la agenda globa

Al inicio de la Administración, y de la mano con el sector académico, la Cancillería actualizó el marco legal que rige la Carrera Diplomática para fortalecerla en cantidad y calidad, e  incorporar nuevas profesiones en complemento a los especialistas en relaciones internacionales. Así, la Carrera Diplomática y Consular (CDyC) se ha diversificado con profesionales de más de 10 ramas del saber, entre ellas, derecho, periodismo, sociología, biología, economía, política internacional, comercio, ciencias sociales, mercadeo y publicidad, entre otras.

Además, como parte del Plan Estratégico 2014-2019 de la Cancillería,  se ha cumplido con la rotación del personal desde y hacia el servicio exterior, lo que permitirá que al final del periodo gubernamental más de 50 diplomáticos se desempeñen en Embajadas y Consulados de Panamá en el mundo. También, la institución ascendió a más de 50 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular mediante  un concurso extraordinario  de méritos  e hizo efectivo un aumento de salarios a todos los rangos de la Carrera.

Hoy,  110 funcionarios forman parte de la CDYC, lo que representa un aumento del 50% más desde que se inició el proceso de fortalecimiento de la institución. De estos, un 54% son mujeres, 20 ocupan posiciones como jefes, directores o forman parte del Gabinete de los Ministros, y el resto está incorporado en las direcciones sustantivas del Ministerio de Relaciones Exteriores o el servicio exterior.