La posibilidad de que la Asamblea Nacional sea llamada a sesiones extraordinarias en el mes de diciembre es bastante concreta, a juicio de algunos analistas del proceso político panameño.

Uno de los puntos que debe ser parte de una agenda extraordinaria es el que propone la ratificación de un nuevo magistrado para la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, no ha dado a conocer esta designación, con la cual se reemplazará a José Ayú Prado, cuyo período como magistrado del supremo tribunal panameño vence el 31 de diciembre de 2022.

De igual forma, de no abordarse antes del 28 de octubre, cuando terminan las sesiones ordinarias de este período legislativo, la aprobación del Presupuesto General del Estado para la vigencia del año 2023 sería parte de la agenda de las potenciales sesiones extraordinarias.

Además, se espera la firma del contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado panameño, cuya redacción definitiva debe estar lista a mediados del próximo mes de noviembre.

El documento debe ser suscrito por los representantes de la empresa y el Gobierno Nacional, y a continuación, debe contar con el visto bueno de la Contraloría General de la República, para su posterior discusión en el pleno de la Asamblea Nacional.

Este último tema, sin embargo, podría no ser parte de esta agenda de sesiones extraordinarias, por su complejidad tanto en la parte económica, como en la del cuidado del medio ambiente, situaciones que requieren de un debate más amplio, en el pleno de la Asamblea Nacional.

Otro asunto pendiente es la discusión del proyecto de ley que busca establecer la legislación de extensión de dominio en el país, documento que ha recibido un proceso de consultas y finalmente, con el tratamiento de una subcomisión que debe dar sus recomendaciones sobre la norma.