«Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los Derechos Humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual. Estas prácticas deben cesar inmediatamente y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley», ha declarado Marta Valiñas, presidenta de la misión de investigación de la ONU para Venezuela.

En concreto, la misión ha subrayado que tanto la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) llevaron a cabo ataques a partir de 2014 contra opositores, algunos resultando en crímenes de lesa humanidad.

De esta forma, Naciones Unidas ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del DGCIM en una de sus sedes en Caracas, así como en centros de detención encubiertos por todo el país.

Por su parte, el SEBIN habría cometido torturas o malos tratos contra detenidos –manifestantes, periodistas o políticos–, habiendo sido investigados por parte de la ONU al menos 51 casos desde 2014. En este sentido, la ONU aclara que las órdenes fueron emitidas por autoridades de alto nivel.

«Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación», ha señalado Francisco Cox, uno de los miembro de la misión.

VIOLACIÓN DE DDHH EN ZONAS MINERAS

Por otro lado, Naciones Unidas ha explicado la situación en el estado de Bolívar, en el sur del país, donde actores estatales y no estatales habrían cometido una serie de violaciones y crímenes contra las poblaciones locales, especialmente en zonas mineras en las que opera el comercio del oro.

Entre estos crímenes se encuentran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Así, la misión ha subrayado que existe una «connivencia» entre estos actores y el estado de Bolívar.

En la zona, fuertemente militarizada y «olvidada», operan grupos armados criminales que buscan controlar las minas y otros recursos estratégicos. Naciones Unidas ha calificado la situación de «profundamente preocupante» debido a que la región genera «una riqueza lícita e ilícita».

«Las poblaciones locales, incluidos los pueblos indígenas, están atrapadas en una violenta batalla entre actores estatales y grupos armados criminales por el control del oro», ha explicado Patricia Tappatá Valdez, otro miembro de la misión de la ONU en Venezuela.