En estos días de protestas, esta población se ha visto afectada al no poder desplazarse y continuar su camino hacia los países del norte.
Esto no solo exacerba los ánimos de esta población, si no que afecta la economía, el ambiente y la tranquilidad de los nacionales que habitan en las comunidades que circundan estas ERM.
El Ministerio de Seguridad Pública inició una operación de traslado ordenado de más de 700 migrantes entre el Servicio Nacional de Migración, el Servicio Nacional de Fronteras y la Policía Nacional, con el apoyo de la Organización Internacional para las migraciones desde Darién hacia la provincia de Chiriquí a fin de que continúen su paso por Panamá hacia los Estados Unidos.
El traslado inició en la madrugada con la movilización de 768 migrantes en 15 buses, lo que implicó una logística y coordinación para que puedan continuar el flujo regular, ordenado y más humano que Panamá siempre ha procurado.
La directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine, informó que los estamentos de seguridad han coordinado el traslado seguro de los migrantes hacia la provincia de Chiriquí, a fin de que continúen su camino..
Gozaine destacó que se ha contado con el apoyo de las comunidades receptoras de la provincia darienita, a fin de evacuar este grupo de migrantes. “Estamos comprometidos como país, en garantizar el flujo migratorio seguro y permanente respetando sus derechos fundamentales”, destacó.
El Estado panameño es signatario de acuerdos internacionales que garantizan los derechos fundamentales de los migrantes irregulares, por ello como país debemos garantizar el flujo migratorio seguro de los extranjeros que ingresan a territorio panameño por la selva de la provincia de Darién.
Es importante señalar que los migrantes que ingresan a territorio panameño por la selva darienita no están en las estaciones de recepción migratorias en calidad de detenidos, cumpliendo de esta forma con normas internacionales y protección de los Derechos Humanos.
Nuestro país, a través de los estamentos de seguridad, garantiza a los migrantes el acceso a la salud y alimentación, manteniendo un flujo migratorio controlado y seguro de los extranjeros.
