Si hay un punto en el que coincide la opinión mayoritaria del país, es la necesidad de incorporar una mesa anticorrupción en el diálogo nacional con el que se intenta superar la crisis actual. Ya desde el año 2015, el entonces director de la Oficina de las Naciones Unidas contra el Delito, aseveraba en un conversatorio que la corrupción le costaba al país el 1 por ciento del Producto Interno Bruto; en otras palabras, unos 520 millones de dólares anuales. El funcionario señalaba, también, que la impunidad jugaba un papel muy importante en esa “fuga” de dinero.

Ya el año anterior, en 2014, en un artículo publicado en la revista Estrategia & Negocios, se revelaba que la mencionada lacra le costaba al país entre el 3 y el 4 por ciento del PIB. Unos mil 500 millones de dólares despojados a los más pobres; porque concretamente esto es la corrupción: un despojo canalla en contra de los más vulnerables a los que se priva de educación, de salud, de oportunidades que les permitan desarrollarse plenamente.

Por su parte, más recientemente, el Reporte de Derechos Humanos 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos apunta a que la falta de condenas en los casos de corrupción revela que el sistema judicial es susceptible a las influencias del flagelo anotado, tanto de origen externo como interno. Igualmente se refirió el reporte a la corrupción y la falta de rendición de cuentas que impera en los estamentos de seguridad públicos.

Definitivamente, además de acumulativo en el tiempo, el diagnóstico es gravísimo y requiere de medidas profundas. Los severos padecimientos y las heridas que amenazan la vida nacional no están para simples curitas. La mesa para afrontar la corrupción- que mantiene enfermo el tejido social del país- no es opcional: resulta obligatoria si se desea alcanzar soluciones que definan un nuevo rumbo para la nación.