El matiz reside en que hasta ahora la Constitución salvaguardaba el derecho de una persona a poseer armas de fuego, aunque en la esfera privada y solo para defensa propia.

El caso está relacionado con una ley del estado de Nueva York que obliga a poseer un permiso que avale portar armas de manera oculta fuera del hogar. Sin embargo, la legislación sostiene que quienes pidan esa solicitud deben demostrar algún tipo de justificación especial, más allá del deseo de protección.

Los demandantes sostiene que esa requisito en la legislación hacía muy difícil que los solicitantes pudieran obtener el permiso, lo que convertía a la Segunda Enmienda en un privilegio limitado y no en un derecho constitucional.

El tribunal les ha dado la razón, pero ha dejado la puerta abierta a que los estados pongan otro tipo de limitaciones a portar armas, como la toma de huellas dactilares, pruebas de antecedentes, o de cuadros médicos de salud mental.

El juez conservador Brett Kavanaugh ha defendido que la ley de Nueva York era «problemática porque otorga discrecionalidad ilimitada a los funcionarios encargados de otorgar licencias y autoriza licencias solo quienes puedan demostrar alguna necesidad especial aparte de la defensa propia (…) negando así a los ciudadanos el derecho a portar un arma para protegerse».

En contraposición, el juez demócrata Stephen Breyer ha mostrada su negativa enumerando algunos de los últimos episodios en los que ha estado involucrada la violencia armada, como las masacres en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, y en un supermercado de Buffalo, Nueva York.

En ese sentido, ha señalado que «a menudo es necesario» el Tribunal Supremo que tiene que tener en consideración estos episodios de violencia armada antes de tomar una decisión que afecte a la Segunda Enmienda, informa la cadena NBC.

«Los peligros que representan las armas de fuego pueden tomar muchas formas (…). Los tiroteos masivos son solo una parte del problema. El fácil acceso a las armas de fuego también puede hacer que muchos otros aspectos de la vida estadounidense sean más peligrosos», ha argumentado.

Además de afectar a la legislación de Nueva York, el fallo también puede repercutir en legislaciones similares en otros estados como California, Delaware Connecticut, Hawái, Maryland, Massachusetts y Nueva Jersey, que otorgan más potestad a los funcionarios para denegar este tipo de solicitudes especiales.