Un devastador informe de Amnistía Internacional revela por primera vez los vejámenes cometidos contra menores de edad por la dictadura venezolana. Niños con sarna o encapuchados para asfixiarlos con gas pimienta. Unas historias desgarradoras.
De la dictadura en Venezuela se ha escuchado de todo, en especial sobre la migración que ha provocado o la crisis económica en la que vive la otrora democracia de América. De lo que no se ha sabido nada, hasta ahora, es de los niños de la tortura. Son historias de terror.
La situación de los derechos humanos de los niños y niñas detenidos arbitrariamente en Venezuela, ha alcanzado niveles alarmantes, lo que revela un panorama desolador, donde la “tortura” y el “abuso” se han convertido en prácticas sistemáticas.
Desde las elecciones en julio de 2024, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado una campaña de represión que ha resultado en la detención de al menos 198 menores, quienes han sufrido, no solo la privación de su libertad, sino también graves violaciones a su integridad física y psicológica.
Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han documentado casos escalofriantes que incluyen torturas, tratos crueles y condiciones inhumanas de detención, donde muchos niños son tratados como criminales en lugar de víctimas.
Para AI, “la evidencia recabada y la consistencia de los patrones documentados por la organización indican que se trata de detenciones arbitrarias por motivos políticos en contra de niños y niñas en Venezuela y también cuentan con evidencia para temer que estos menores hayan sido sometidos a torturas por parte de las autoridades venezolanas”, se lamentó Valentina Ballesta, vocera de la organización de defensa de los derechos humanos, con sede en España.
En vista de que se insertan en una política de represión que es “sistemática y generalizada, consideramos que las violaciones a los niños y niñas, pueden ser investigadas como crímenes de lesa humanidad”, subrayó la activista, a Destino Panamá.
Antecedentes contextuales
El 28 de julio de 2024 se celebraron elecciones presidenciales en Venezuela, cuya antesala ya generaba preocupaciones sobre el respeto y la garantía del derecho a la participación política, por los múltiples obstáculos y ataques en contra de personas contendientes en la campaña, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, entre otros.
Luego de la cuestionada proclamación de Nicolás Maduro, las autoridades llevaron a cabo detenciones masivas sin precedentes. En menos de un mes detuvieron a dos mil personas, según cifras oficiales, entre los que se cuentan niños y niñas, algunos de los cuales habrían sido sometidos a tortura, revela un informe de AI, dado a conocer hace tres días.
Personas en todo el país se movilizaron en señal de protesta por los resultados anunciados. El 29 de julio se reportaba la represión generalizada de protestas, así como las primeras muertes (de un total de al menos 24 por hechos sucedidos entre el 29 y el 31 de julio) y detenciones arbitrarias contra manifestantes, activistas de derechos humanos y dirigentes políticos a manos de fuerzas del Estado y colectivos (grupos armados pro-gobierno).
El 4 de agosto el presidente Nicolás Maduro anunció la detención de 2,000 personas a las que se les iba a aplicar el “máximo castigo”. También se anunció el uso de la aplicación móvil ‘VenApp’ en la que se gestionan programas sociales, para que la población denunciara a supuestos opositores y manifestantes con el fin de facilitar su detención.
Amnistía Internacional recuerda que tanto el Panel de Expertos de la ONU como el Centro Carter, únicos actores internacionales invitados por el gobierno para observar las elecciones, concluyeron que éstas no se adecuaron a estándares internacionales de transparencia e integridad electoral debido a la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral, el incumplimiento de plazos, los obstáculos para el registro de candidatos, la participación del electorado y la supervisión del voto por testigos.
De acuerdo con la organización internacional, en total se contabilizaron 198 niños y niñas detenidos, de los cuales, en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo.
AI condena las detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, torturas, y falta de garantías judiciales en su contra, y exige la inmediata liberación de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad.
Asimismo, la organización considera que estos hechos deben sumarse a la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, con especial énfasis en los operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela.
Política de represión
AI ha documentado la implementación de una política de represión por parte del gobierno de Maduro para silenciar cualquier forma de disidencia desde al menos 2014.
Se tiene conocimiento de que hay personas que viven con alguna discapacidad y neurodivergentes entre las personas detenidas, de las cuales algunas son niños y niñas.
De acuerdo con AI en todos los casos documentados, la detención fue “arbitraria”, por no contar con una orden de aprehensión dictada por un juez o no haber sido en flagrancia de un delito. Los niños y niñas permanecieron varios días desaparecidos, sin que su familia supiera de su paradero, y su puesta a disposición ante un tribunal rebasó el límite que marca la ley y el derecho internacional, un máximo de 24 horas.
Por ejemplo, en el caso de al menos tres menores cuya historia conoció AI, sus familias desconocieron sus paraderos por casi tres días, en los que les estuvieron buscando sin descanso. Cuando lograron ubicarlos y visitarlos, no habían comido ni bebido agua desde su detención.
En tanto, la organización de sociedad civil Foro Penal logró confirmar la detención de casi mil 600 personas durante los primeros 30 días siguientes a las elecciones, de las cuales al menos 114 eran niños y niñas.
Las propias autoridades venezolanas aceptaron la detención de niños en el marco de las protestas, estigmatizándolos y justificando los procesos penales contra ellos por su supuesta participación en manifestaciones violentas.
Al cierre de la declaración pública de AI (28 de noviembre de 2024), la cifra era de mil 848 personas privadas de la libertad, de las cuales 69 eran niños y niñas, enfrentando cargos criminales infundados.
Entre los perfiles de las personas detenidas, además de activistas políticos y defensores de derechos humanos, se identificó una gran cantidad de manifestantes pacíficos, transeúntes en las inmediaciones de las protestas o incluso casos extremos, pero no excepcionales, de personas detenidas por contenido compartido en redes sociales o servicios de mensajería que eran revisados ilegalmente por puntos de control policial y militar.
No obstante, la mayoría de los niños y niñas liberados siguen sujetos a procesos judiciales con medidas cautelares de presentación regular y otras medidas de restricción de su libertad.
Detenciones arbitrarias colectivas
Tras entrevistar a organizaciones de derechos humanos venezolanas y a familiares de niños y niñas detenidos, AI recabó información de la detención arbitraria y aparente tortura de cinco niños y una niña, entre el 29 y 31 de julio, que dan cuenta de los patrones de violación sistemática de los derechos a la integridad y la libertad personal, a las garantías procesales y a un juicio justo, y a la especial protección de la infancia. Debido a la solicitud de algunas familias de no publicar detalles de las entrevistas por temor a represalias de las autoridades, únicamente se mencionan como ejemplo tres de los seis casos.
Si bien AI ha documentado casos de niños detenidos arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela en años anteriores, la masividad de las detenciones actuales es inédita, llegando a 198 niños y niñas detenidos a principios de septiembre. También alarma que, por primera vez AI registra la imputación por cargos de terrorismo, el sometimiento a procesos judiciales injustos y la privación de libertad por períodos prolongados a menores de 18 años.
Torturas y malos tratos a niños
De acuerdo con AI, en las horas y días siguientes a su detención y hasta su presentación, al menos cinco de los niños habrían sido sometidos a tortura a través de golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión. Se les acusó de terrorismo y otros delitos graves sin presentar pruebas de ello, y en ningún caso el o la juez a cargo habría hecho preguntas ni dado vista al ministerio público al escuchar las alegaciones de tortura relatadas por los menores.
“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (...). Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”, expresó la madre de C.D., citada por AI.
La organización de derechos humanos se refiere al caso del niño C.D., de 16 años, que, según su madre, militares lo golpearon con un bate de beisbol en espalda y torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones, lo que le hizo perder el conocimiento al menos dos veces. Además, lo pusieron junto a otras personas detenidas haciendo una fila en el suelo para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas, todo ello con la intención de que grabara un vídeo donde decía que le habían pagado para atacar instalaciones del Estado. Aterrado al ver a otro detenido empapado en sangre por los golpes, accedió a que le grabaran. Cuando su madre lo vio tras su detención, no había comido ni bebido agua por dos días y presentaba un hematoma en la cara y ampollas en el pecho producto de la electricidad.
“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (…). Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”, expresó la madre de C.D., citada por AI.
Otro caso evidenciado fue el del niño E.F., de 17 años. Le contó a su familiar, de acuerdo con AI, que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) le pusieron una capucha en la cabeza con gas pimienta en reiteradas ocasiones para asfixiarlo. Asimismo, le jalaron de forma violenta del cabello, lo tiraron al suelo y le dieron numerosas patadas en torso, piernas y cabeza, y le dieron choques eléctricos a través de la mano. Además, una policía mujer le comenzó a pegar en el oído, alegando que lo que le faltaban eran los golpes de una madre, en alusión a la madre de E.F. fallecida hace años. Debido a la intensidad de estos golpes, E.F. habría estado cuatro días sin casi poder oír.
Un familiar de E.F. declaró que el menor le indicó que “lo que hacía era aguantar la respiración. Que le quitaban la capucha, respiraba y que le gritaban ‘¡graba!’ y que otra vez la capucha. Así pasaron rato. (…). Me dijo que de la electricidad sentía que su mandíbula se le estaba desviando”.
De igual manera, familiares de los menores denunciaron a AI que las condiciones de detención en las que se encontraban añadían todavía más al sufrimiento de los menores. En todos los casos se reportó hacinamiento e insalubridad.
Según el testimonio de la madre del niño G.H., de 16 años, producto de las condiciones insalubres de encarcelamiento, su hijo tuvo sarna. En la celda caían orines del piso de arriba y debido al hacinamiento no podían tumbarse para dormir.
En el caso de C.D., le contó a su madre que dormían esposados y atados con cinta, sobre piedras y escombro, y con población adulta.
Además, en la mayoría de los casos, las familias fueron quienes garantizaron su alimentación diaria, así como sus medicinas en caso de requerirlas, incluso en los casos de las secuelas a consecuencia de las torturas infligidas durante la detención.
Procesos judiciales injustos
Las audiencias ante el poder judicial fueron sumarias, colectivas y en numerosos casos se dieron fuera de plazo. En todos los casos documentados, de acuerdo con AI, en las audiencias preliminares, la jueza a cargo habría incitado a que se declararan culpables para rebajar sus penas de 10 años de prisión, a seis años y ocho meses, y sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Ninguno de ellos aceptó su culpabilidad.
En el caso del niño C.D., se reporta que su audiencia de presentación vía remota ante el Tribunal Especial Primero de Control con Competencia Especial en Terrorismo, en Caracas, se llevó a cabo a través de un teléfono celular en altavoz, lo que impidió que él o su madre oyeran bien lo que Fiscalía, poder judicial y defensa pública argumentaban. Se le acusó de terrorismo, incitación al odio y obstrucción de la vía pública. En su audiencia preliminar posterior, la jueza lo habría incitado a declararse culpable para reducir su pena.
AI denuncia que a todos los niños de los que se obtuvo información, se les impuso un abogado/a público carente de independencia, negándoles de facto el derecho a una defensa. Todos desconocían los hechos o las pruebas que la Fiscalía habría aportado en su contra y en varios casos, la jueza alegó que no había recibido ninguna prueba por parte de la defensa para demostrar su inocencia, a pesar de que las familias las habían aportado. En varios casos, las familias ni siquiera fueron informadas de la celebración de las audiencias y fueron advertidas de las consecuencias negativas de sus denuncias en prensa y redes sociales.
La madre del niño C.D. denunció, según IA, que “la defensora (pública) me dijo que por haber denunciado el caso de mi hijo públicamente, ahora todo se iba a demorar. Que era por mi culpa.”
La audiencia de presentación de E.F. ante el mismo Tribunal Especial Primero de Control con Competencia Especial en Terrorismo mencionado en el caso de C.D., fue celebrada de manera exprés junto con otros 50 adolescentes. En lugar de defender a E.F. la defensora pública que le impusieron alegó que no se oponía a que la investigación en su contra continuase por considerar que faltaban numerosas pruebas que recabarse por parte de la Fiscalía. E.F. quedó privado de libertad, bajo los delitos de terrorismo, incitación al odio y hurto calificado.
En varios casos, la familia no fue informada de las audiencias. Por ejemplo, en el caso de G.H. su madre no pudo asistir a ninguna de las dos audiencias que han sido celebradas hasta ahora: la primera vez por no contar con un medio de transporte y la segunda, por no ser avisada. G.H. se encuentra acusado de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad y hurto calificado.
Asimismo, y en todos los casos, los niños y niña habrían permanecido durante varios días en centros de detención para adultos y en instalaciones de cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado, lo cual es contrario al estándar internacional.
Pensamientos suicidas
Del total de casi 200 niños y niñas detenidos a lo largo de los meses de julio a noviembre, AI indica que ha tenido conocimiento del intento de suicidio de al menos dos de ellos. Otros han sufrido parálisis facial y colapsos nerviosos, depresión, ataques de pánico o autoaislamiento.
De los seis casos de los que tuvo conocimiento directo AI, en todos ellos los familiares estaban angustiadas por el estado de depresión de los menores, producto de su encierro, condiciones carcelarias y torturas a las que fueron sometidos. Al menos cinco de los menores expresaron su deseo de morir o quitarse la vida.
Un familiar de E.F declaró: “Me ha dicho que se va a suicidar, que se quiere quitar la vida. Yo lo conozco y está muy deprimido, está muy delgado”.
En tanto, la madre de C.D. señaló que su hijo lloraba. “Y me decía que no podía dormir. Que cerraba los ojos y tenía pesadillas donde le volvían a torturar”.
Exigen libertad inmediata de los menores
Dada la gravedad de los hechos relatados, Ballesti, en nombre de AI, exige al gobierno de Maduro que ponga en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente hasta el momento, tras las elecciones del 28 de julio de 2024; que se abstengan de torturar y someter a menores privados de la libertad, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a procesos penales infundados e injustos.
Además, le pide al régimen de Maduro que se abstenga de cometer actos de retaliación contra familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la crítica situación de personas injustamente encarceladas.
AI también exige que cesen de inmediato la persecución y política de represión contra quienes consideran personas críticas al gobierno, incluida la comisión de detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y acciones estigmatizantes contra la sociedad civil.
Ballesti hizo un llamado a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avance inequívocamente en la investigación de “crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
AI pide a la Corte Penal Internacional que acelere las diligencias pendientes, de tal manera que el proceso judicial avance prontamente hacia la justicia, la verdad y la reparación integral, incluyendo garantías de que hechos como los denunciados, no se vuelvan a repetir.
Tortura a niños: un delito atroz
Para el abogado internacionalista venezolano/panameño, Humberto Bauder F., las torturas a niños, independientemente de si son varones o hembras, es uno de los delitos “más atroces que se puedan cometer”.
Se asemeja al holocausto perpetrado por los Nazis, bajo el mando de Adolf Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, que incluyó tales atrocidades, como los actos más viles de la historia, apuntó el abogado.
Relató que Venezuela tuvo en su historia cerca de siete dictaduras, la primera de ellas de 1828 a 1830 por el propio Libertador Simón Bolívar y la última de ellas antes de la actual, fue la de Pérez Jiménez que duró menos de 10 años.
La dictadura de Nicolás Maduro es la segunda que más tiempo ha durado, pues ya lleva 25 años si incluimos los que estuvo Hugo Chávez y solo fue superada por la de Juan Vicente Gómez, que duró 27 años.
A pesar que en algunas de esas dictaduras hubo casos aislados de algunos adolescentes, ya cercanos a la mayoría de edad, que fueron detenidos por participar en protestas contra los dictadores de turno, “en ninguna de ellas, hasta donde yo tenga noticias, jamás llegaron a la vileza de torturar a niños y mucho menos a niñas”, sostuvo el jurista.
Subrayó que la tortura a niños “es algo tan inhumano que no se logra entender, ni siquiera por los estudiosos de la criminología”, quienes la califican como un delito de “lesa humanidad e imprescriptible”.
En las notas de Dante, para su Divina Comedia, al pasearse por los más horrendos crímenes e imperdonables pecados de la humanidad, no previó espacios en su infierno para niños, a ellos los dejaba en una categoría aparte, como la de los no bautizados, en ese limbo que se ubicaba en el denominado Empíreo de la Cándida Rosa o la Rosa Mística, expresó.
Pero la humanidad ha evolucionado, dijo, y subrayó que los horrores perpetrados en el Holocausto, llevaron a la comunidad de las naciones a organizarse para evitar la repetición de estos brutales hechos. Los juicios de Nuremberg iniciaron la aplicación de la justicia universal. Así, entre otros tratados internacionales se creó, con el Estatuto de Roma, en 1998, la Corte Penal Internacional para la investigación, enjuiciamiento y castigo de quienes cometieran los crímenes de lesa humanidad, expresó el jurisconsulto.
En ese sentido criticó el hecho de que el caso “Venezuela I” se ha tomado demasiado tiempo y los delitos de torturas a niños se siguen cometiendo, ahora más que nunca, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.
“Tenemos que exigir justicia a tiempo, pues justicia retrasada no es justicia. Todos podemos hacer llegar nuestra voz al Fiscal Karim Kahn y a la Corte Penal Internacional para que dicten las órdenes de captura a Nicolás Maduro y demás personeros del régimen dictatorial y lograr así que cesen estos atroces delitos”, puntualizó el abogado.
El interés superior del menor
Dadas las particularidades de la infancia, AI recuerda que el derecho internacional de los derechos humanos protege de manera especial a niños y niñas, definidas como personas menores de 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Venezuela es un Estado parte, así como las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU (CRC, por sus siglas en inglés), entre otras fuentes de derecho internacional, forman la base para la protección de niños y niñas, y obligan a los Estados a dar un trato diferencial a esta población.
La Convención sobre los Derechos del Niño, prohíbe expresamente su privación ilegal o arbitraria de la libertad, y establece que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”.
Además, el CRC ha establecido que: “todo niño detenido y privado de su libertad deberá ser puesto a disposición de una autoridad competente en el plazo de 24 horas para que se examine la legalidad de dicha privación de libertad o la continuación de esta. El Comité también recomienda a los Estados partes que velen porque la prisión preventiva se revise periódicamente con el objetivo de ponerle fin.
En los casos en que no sea posible conceder la libertad condicional al niño en la primera comparecencia o antes de que esta tenga lugar (en el plazo de 24 horas), se deberá presentar una imputación formal de los presuntos delitos y poner al niño a disposición de un tribunal u otra autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial para que tramite la causa lo antes posible sin exceder el plazo de 30 días a partir de que se haga efectiva la prisión preventiva”.
Asimismo, añade AI, se establece que las personas menores de 18 años bajo custodia estatal deben permanecer en todo momento separados de adultos, a menos que se considere contrario al interés superior del niño, incluso cuando se encuentren en celdas o calabozos policiales.
Todo niña o niño tiene derecho a no ser sometido a aislamiento, a gozar de actividades recreativas y educacionales, a recibir una atención de la salud física y psíquica adecuada, así como a siempre ser procesado en sistemas especializados de justicia juvenil, por un tribunal competente, independiente e imparcial, entre otros derechos.
Nada de lo señalado se ha cumplido, de acuerdo con las evidencias recabadas, por lo que la citada vocera de AI, Valentina Ballesta, exige la liberación inmediata de los niños y niñas, y de todas las personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, además de que hace un llamado a la comunidad internacional a apoyar los mecanismos de rendición de cuentas y justicia que están investigando lo que ocurre en Venezuela, en particular que se apoye a la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional.
