Las autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de Derechos Humanos, entre las que destacan detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, así como el fallecimiento de cerca de una veintena de personas bajo la tutela del Estado, ha explicado AI al presentar las conclusiones de una investigación realizada en el país centroamericano.
Estos crímenes se enmarcan dentro del régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, prorrogado dos veces, y vigente actualmente por el auge de homicidios presuntamente cometidos por pandillas.
«En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia», ha explicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Asimismo, ha pedido justicia «de forma urgente»: «Ésta solo se logra con investigaciones robustas y procesos justos que garanticen un debido proceso y una condena efectiva».
El régimen de excepción, junto a las reformas penales, han limitado los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. De esta forma, AI informa de que ha encontrado miles de casos de detenidos sin el cumplimiento de los requisitos legales, sino «únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno».
Entre los casos analizados, las personas detenidas han sido privadas de libertad al presentar tatuajes, vínculos con una pandilla o vivir en zonas con altas tasas de marginación y abandono que están controladas por estos grupos.
Las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado las vulneraciones de derechos de las personas investigadas, pero informan de que los procesos no presentan avances.
«Es alarmante observar cómo los tres poderes del Estado, incluyendo las instituciones de justicia, están funcionando de manera sumamente coordinada para procesar de forma sumaria, ilegal e indiscriminada a miles de personas. El uso político de las instancias creadas para garantizar justicia atenta contra el Estado de Derecho y está favoreciendo la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos e incluso crímenes de derecho internacional», ha explicado Erika Guevara Rosas.
«Estigmatización del periodismo»
Amnistía ha entrevistado a periodistas locales que han tenido que cambiar de domicilio o país debido al hostigamiento. En el contexto de estado de excepción, se han aprobado reformas legales que criminalizan a quienes informan sobre las pandillas.
Asimismo, funcionarios públicos y medios oficialistas han acusado «públicamente y sin pruebas» a periodistas e investigaciones de tener vínculos con pandillas para «estigmatizar y cohibir» la profesión.
Bukele, además, ha insultado a investigadores para desacreditar aquellos informes que señalan posibles negociaciones secretas entre el gobierno y las pandillas.
«Detención de sindicalistas»
Igualmente, AI ha documentado la detención de cuatro sindicalistas. Una de ellas, Dolores Almendares, trabajadora de la alcaldía de Cuscatancingo y secretaria general del sindicato SETRAMUC, fue detenida acusada por agrupación ilícita, pero sus familiares y compañeros creen que la detención podría tener algún vínculo con su defensa de los derechos laborales.
«La magnitud de las violaciones a los Derechos Humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional», ha afirmado la activista Guevara. A su vez, ha solicitado que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU.
