Luego de las manifestaciones que, en el 2018, culminaran con más de 300 víctimas fatales como resultado de la salvaje represión aplicada por fuerzas gubernamentales, a finales de ese año el Congreso de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley conocido como Nica Act, que buscaba ejercer presión cortando la financiación que los organismos multilaterales de crédito concedían a los entes estatales de Nicaragua. Tres años después, el país centroamericano sigue sumido en la depresión económica en la que entró tras las protestas, las inversiones nacionales y extranjeras siguen gravemente afectadas, y el turismo continúa colapsado. Y no sólo eso: Daniel Ortega se impuso para un cuarto período presidencial consecutivo luego que las autoridades disolvieran tres partidos políticos y arrestaran a más de treinta dirigentes de la oposición, entre ellos líderes campesinos, empresariales y siete aspirantes a la presidencia. Con este nuevo mandato, el ex comandante sandinista completará 25 años ejerciendo el poder, 20 de ellos de manera consecutiva.

Tras calificar de “pantomima” las elecciones del pasado domingo en la nación centroamericana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sancionó este 10 de noviembre la Ley de Fortalecimiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021, denominada Ley Renacer- por sus siglas en inglés- y con la que busca restringir los préstamos bancarios multilaterales, combatir la corrupción y aplicar un arsenal de sanciones.

Por todo lo anotado y tomando en cuenta los antecedentes cubanos, el venezolano y ahora en nicaragüense, la pregunta que salta a la palestra es: ¿las medidas coercitivas que toma la comunidad internacional para desalojar a estos personajes provocan, en realidad, algún cambio efectivo? Porque la historia política reciente ha mostrado que los únicos afectados son los ciudadanos cuyo bienestar se invoca al tomar medidas que, generalmente, no alcanzan a los tiranos allá en sus cumbres todopoderosas.