Los hechos son contundentes. Durante las últimas semanas la escalada de la violencia fortaleció en la ciudadanía la idea de unas calles donde reina la inseguridad y el crimen. Y lo sucedido durante los últimos quince días no ha hecho sino reforzar dicha percepción.
El pasado miércoles 25 de agosto, un intercambio de disparos ocurrido en las cercanías de un restaurante de calle 70, en el corregimiento de San Francisco, dejó como resultado un hombre muerto y otro herido, además del terror de los comensales que fueron testigos cercanos del suceso.
Tres días más tarde, el sábado 28 de agosto, en horas de la tarde, un par de sicarios ejecutan a un hombre en los estacionamientos ubicados en el sótano de un exclusivo centro comercial de la ciudad capital, lo que provocó el pánico entre quienes se encontraban en el lugar y entre los comerciantes, que cerraron de inmediato las puertas de sus locales presas del miedo y la incertidumbre del momento.
A los pocos días, el viernes 3 de septiembre, en los estacionamientos de un edificio ubicado en calle 65, San Francisco, otro hombre sucumbe víctima de las balas de los sicarios que le emboscaron en el lugar.
Al día siguiente, el sábado 4 de septiembre, al mejor estilo de un filme gansteril, la vía Fernández de Córdoba se transformó en escenario de la violencia cuando desde un auto en marcha, sicarios arremetieron contra una camioneta que recibió más de treinta impactos de balas y en la que resultaron mortalmente heridos sus dos ocupantes.
Sin embargo, los hechos anotados parecen no alcanzar los parámetros necesarios para preocupar a las autoridades de seguridad. El ministro del ramo aseveró que “no hay inseguridad en el país”, que lo que hay es una pelea territorial entre bandas que se rigen por “sus propias leyes”. Mientras que el director de la Policía, ante los cuestionamientos hechos al Ministerio de Seguridad, aseveró que Panamá es un lugar seguro porque habló con una embajadora que dijo sentirse segura.
Si estos son los criterios con los que se evalúa la política de seguridad pública, resulta comprensible que los ciudadanos tiemblen no sólo ante la violencia reinante en las calles, sino también ante la ineficiente gestión que resulta de tan pobres opiniones.