Los detenidos forman parte de las llamadas primeras líneas de protesta que, según el gobierno, están implicadas en actos de vandalismo y agresiones a los uniformados durante las movilizaciones que comenzaron el 28 de abril.
La policía aseguró que en poder de los manifestantes halló «material explosivo», incluidas bombas incendiarias, que iba a ser empleado para «atacar a la fuerza pública y generar zozobra entre los ciudadanos».
Las capturas se produjeron en operativos desplegados en varias ciudades previo al 20 de julio, cuando se celebra la fiesta nacional del país y se prepara una nueva jornada de protesta contra el gobierno de Iván Duque tras una pausa de algunas semanas en las movilizaciones.
Los 12 detenidos serán imputados por fabricación, tráfico y porte armas, municiones y explosivos, así como tráfico de estupefacientes, según la información oficial.
Durante la ofensiva policial también fueron detenidos dos menores que fueron entregados al Instituto colombiano de Bienestar Familiar, autoridad estatal responsable de proteger los derechos de la infancia y adolescencia.
El gobierno de Duque desató el descontento popular por su idea de elevar impuestos en plena pandemia. Sin embargo, debió archivar su proyecto ante la presión de cientos de miles de personas en las calles.
La represión avivó todavía más el malestar y terminó configurando un rechazo generalizado a la gestión de Duque de la pandemia, que lanzó a la pobreza y el desempleo a millones de personas que ahora exigen reformas que configuren un Estado más solidario.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en medio de las protestas, denunció la respuesta «desproporcionada» y «letal» de las fuerzas oficiales frente a las manifestaciones.
Más de 60 personas han muerto en medio de la crisis, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman). De su lado, la ONG Human Rights Watch acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes estatales con intención de «matar».
Si bien ha admitido casos de violencia policial, el gobierno controvierte las cifras.
