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Etiqueta: Manifestaciones

Oposición venezolana se moviliza a nivel mundial para denunciar fraude electoral

Las calles de Caracas y más de 300 ciudades alrededor del mundo fueron escenario este sábado de masivas manifestaciones convocadas por la oposición venezolana para denunciar un supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Miles de personas se congregaron para exigir el reconocimiento de la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, en lo que los organizadores denominaron una «gran protesta mundial por la verdad».

La crisis política en Venezuela se agudizó luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara la reelección de Nicolás Maduro con el 52% de los votos, sin presentar evidencias que respalden ese resultado. La oposición, liderada por María Corina Machado, rechazó enérgicamente estos números y aseguró tener copias de más del 80% de las actas de votación que demostrarían la victoria de González Urrutia con el 67% de los sufragios.

«Aquí todo el mundo tiene que mantener la batalla y la fuerza», declaró Machado en una transmisión por redes sociales previa a las movilizaciones. «Al saberse desnudo, entonces qué hace: mentira, represión, violencia y desmoralización. La desmoralización es la estrategia del régimen», afirmó la líder opositora.

Movilizaciones en Venezuela

En Caracas, epicentro de las protestas en el país, miles de manifestantes se concentraron en la avenida Francisco de Miranda portando banderas venezolanas y copias impresas de las actas electorales de sus centros de votación. «Estoy defendiendo lo que todos sabemos, lo que todo el mundo sabe: Edmundo González es el presidente electo por todos nosotros», expresó Yelitza García, una administradora de 41 años que participó en la manifestación.

El ambiente en la capital venezolana estuvo marcado por un fuerte despliegue policial y militar. Varios puntos estratégicos fueron custodiados por blindados de la Guardia Nacional y efectivos policiales en motocicletas. A pesar de la tensión, los manifestantes insistieron en mantener el carácter pacífico de la protesta.

«Si nos quedamos callados esto no tiene ningún sentido», afirmó Adriana Calzadilla, una profesora de 55 años, al inicio de la manifestación en Caracas. «Este es un gobierno criminal que quiere enquistarse en el poder. (…) Huele a libertad, no tengo nada que temer».

Manifestaciones globales

La diáspora venezolana respondió al llamado de la oposición y se movilizó en decenas de ciudades alrededor del mundo. En Buenos Aires, Madrid, Bogotá, Ciudad de México, Los Ángeles y Nueva York, entre otras urbes, se realizaron concentraciones para exigir transparencia en los resultados electorales y denunciar la situación en Venezuela.

En la capital argentina, la protesta se llevó a cabo en la emblemática Floralis Genérica, donde la activista Elisa Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, dirigió un mensaje a los presentes. Mientras tanto, en Tokio, la periodista venezolana Luza Medina reportó un encuentro emotivo entre compatriotas: «Todos nos reconocimos en las historias del emigrante. En el duelo de no reconocer la casa. En el sueño de un país distinto», expresó en sus redes sociales.

Incluso en ciudades asiáticas como Seúl, Pekín, Kuala Lumpur y Tokio se registraron manifestaciones de venezolanos expatriados. En la capital malasia, un grupo de manifestantes se reunió con copias de las actas de votación, expresando su convicción de que esta vez «es diferente» debido a la evidencia que poseen.

Reacciones internacionales

La crisis post-electoral en Venezuela ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Estados Unidos, la Unión Europea y una veintena de países emitieron un comunicado conjunto el viernes, rechazando la represión a los manifestantes y exigiendo la publicación inmediata de las actas electorales, así como una verificación imparcial e independiente de los resultados.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por consenso una resolución que exige al CNE la publicación expedita de las actas de votación a nivel de cada mesa electoral. Washington Abdala, representante de Uruguay ante el organismo, pronunció un enérgico discurso calificando la situación en Venezuela como «una dictadura oprobiosa» y urgiendo a la comunidad internacional a unirse en su condena.

Por su parte, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro, propusieron una salida que incluye la posibilidad de convocar nuevas elecciones o formar un gobierno de coalición. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tanto por el chavismo como por la oposición. María Corina Machado reafirmó que «las elecciones ya ocurrieron» y que lo que se busca es el reconocimiento de los resultados reales.

Represión y detenciones

En el contexto de las protestas post-electorales, organizaciones de derechos humanos han denunciado una ola de arrestos y actos de represión por parte de las fuerzas de seguridad. Según señalamientos de la ONG Foro Penal, se han registrado más de 1.400 detenciones, entre ellas a un centenar de adolescentes y a decenas de personas con discapacidad.

La noche previa a las manifestaciones, se reportó la detención de Piero Maroun, secretario nacional de organización del partido opositor Acción Democrática, lo que aumentó la tensión y las preocupaciones sobre posibles actos de represión durante las protestas.

Perspectivas y desafíos

El conflicto post-electoral en Venezuela plantea serios desafíos para la estabilidad política del país y la región. Jan Egeland, secretario general del Consejo Noruego de Refugiados, advirtió que la falta de un acuerdo político y democrático podría agudizar la crisis migratoria venezolana, que ya ha llevado a más de 7,7 millones de personas a abandonar el país.

Edmundo González Urrutia, quien la oposición considera el legítimo ganador de las elecciones, ha hecho un llamado a «una transición ordenada» en Venezuela. «Tenemos los votos, las actas, el apoyo de la comunidad internacional y tenemos a los venezolanos decididos a luchar por nuestro país, pero sobre todo tenemos un plan para recuperar a Venezuela, donde el progreso, el bienestar y la paz reinen», afirmó en un mensaje difundido en redes sociales.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el oficialismo, ha iniciado un peritaje de los documentos electorales, proceso que la oposición ve con escepticismo dado el control que ejerce el gobierno de Maduro sobre las instituciones del Estado.

La jornada de protestas de este sábado marca un punto crítico en la crisis venezolana, poniendo a prueba la capacidad de movilización de la oposición y la respuesta del gobierno de Maduro. El desenlace de este conflicto tendrá profundas implicaciones no solo para el futuro político de Venezuela, sino también para la estabilidad regional y los flujos migratorios en América Latina.

Piden a estadounidenses no ir a Colón

Embajada estadounidense advierte a sus ciudadanos en Panamá

En un comunicado, la sede diplomática estadounidense indicó que los ciudadanos de ese país deben tener cuidado al movilizarse en la capital panameña.

«Si bien la mayoría de las manifestaciones no son violentas, la Policía Nacional de Panamá ha utilizado gases lacrimógenos y/o municiones antidisturbios en respuesta a las manifestaciones, particularmente cuando las carreteras están bloqueadas o se usa agresión contra la Policía», le indica la embajada a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Panamá.

También se les recomendó monitorear los medios de comunicación locales, para recibir información sobre la evolución de los acontecimientos.

» La Embajada de los EE.UU. en la ciudad de Panamá recuerda a los ciudadanos estadounidenses en Panamá que tengan cuidado cerca de grandes reuniones o protestas y que mantengan el conocimiento de la situación», expresa la comunicación.

Vacuna Moderna

Cruz Roja reitera imparcialidad en cualquier conflicto

Elías Solís González, presidente nacional de la Cruz Roja, señaló que en los momentos que actualmente vive el país, con cierres de calles, protestas y diversas manifestaciones públicas, la institución cumple un papel humanitario que siempre ha desempeñado a lo largo de su historia.

«Estas acciones humanitarias que despliega la Cruz Roja se basan en independencia, imparcialidad y neutralidad total», apuntó el presidente de la organización.

Indicó que todas las unidades de ambulancias y vehículos de traslado de urgencias, son manejadas por personal voluntario o de la institución, entrenados para brindar primeros auxilios, socorrer a personas afectadas o heridas.

«Nuestros vehículos no transportan personas ajenas a la Cruz Roja. Solo transportamos heridos, personas afectadas o con algún padecimiento que amenace su salud o su vida», señaló Solís González.

El comunicado surge luego que en Los Santos, manifestantes no le permitieran el paso de una ambulancia de la Cruz Roja que transportaba personal de la institución para atender una situación de emergencia.

Colón

Colón, a trabajar contra el tiempo tras 20 días de paro

Así lo considera Michael Chen, presidente de la Cámara de Comercio, capítulo de Colón, quien aseguró que en todos los sectores económicos, comerciales, industriales y de la inversión, sufrieron considerablemente durante los días de paralización.

«Ha sido un período sumamente negativo, se han dado pérdidas multimillonarias que ya no se pueden recuperar. Toca ahora que con voluntad y mucho trabajo podamos al menos recuperar parte del tiempo y el movimiento de dinero que se ha perdido», apuntó el dirigente.

Chen calculó en más de 180 millones de dólares las pérdidas producidas por las más de dos semanas de paralización, estimando que también la educación en Colón sufrió graves daños, principalmente por el tiempo en que no se dieron clases presenciales.

Señaló que en esta nueva etapa para la provincia, es importante que exista unidad, única fórmula con la cual se podrá salir de la situación delicada que afrontan los colonenses.

A partir de este lunes 30 de mayo, se mantendrán las manifestaciones en la ciudad colonense, por parte de la Coordinadora de Unidad de Colón, que continúan exigiendo que se formalicen los compromisos adquiridos para finalizar el paro, al tiempo que han dado 30 días al Gobierno Nacional para que cumpla con este punto.

Piden a estadounidenses no ir a Colón

Piden a estadounidenses no ir a Colón

En un comunicado, la legación diplomática estadounidense en nuestro país anunció que ha restringido a su personal los viajes a la provincia de Colón, principalmente a su capital, por considerar que existe una situación de inseguridad en el lugar.

«Los contactos de la Policía Nacional de Panamá informaron que elementos criminales tienen la intención de incitar a la violencia infiltrándose en la actividad de protesta organizada», indica el comunicado de la embajada.

En la comunicación, se insta a los ciudadanos estadounidenses a que «tomen precauciones razonables» cuando viajen a Panamá, instándolos a evitar ir a Colón, y a mantenerse pendientes de los medios locales para estar informados, así como a cuidar su entorno y evitar las manifestaciones.

Gabriel Araúz: «Hago un llamado a todos los productores del país para que se manifiesten»

En medio de la tregua temporal que los productores de Chiriquí le dieron al gobierno mientras se busca una solución definitiva al pago de la deuda de 72 millones de dólares, el presidente de la Federación de Productores de Arroz, Gabriel Araúz, busca el apoyo de todo su gremio a nivel nacional.

A través de una nota de voz que hizo circular entre todo los productores del país, Araúz hizo un llamado para que se manifiesten en cada una de sus provincias, asegurando que » llegó el momento de hacernos sentir.

«Hago un llamado a que nos acompañen en sus provincias y se manifiesten dando a conocer la real situación, con sus vehículos, en las calles, con un comentario, con un vídeo»

Los productores chiricanos mantuvieron cerrada la vía Internamericana ayer por más de 5 horas, luego que tras una reunión con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, no se lograra un acuerdo respecto al pago pendiente por la compensación en la compra de arroz del periodo agrícola 2021- 2022.

Hoy esperan una nueva propuesta del gobierno en respuesta a sus reclamos, de lo contrario, volverán a las calles.

Decenas de miles de austriacos protestan contra la vacunación obligatoria

Decenas de miles de manifestantes se concentraron este sábado en el centro de Viena, tras varios fines de semana de protestas en el país contra la vacunación anticovid obligatoria y el confinamiento de quienes se niegan a vacunarse.

Según las estimaciones de la policía, asistieron unas 44 mil personas. En la capital austriaca estaban previstas un total de 24 concentraciones distintas, y el partido de extrema derecha FPÖ organizó una «megamanifestación» cerca del Palacio de Hofburg.

«Una vergüenza para nuestro país», «No soy un neonazi ni un ‘hooligan’, lucho por la libertad y contra las vacunas», «No al fascismo de las vacunas», se leía en pancartas que llevaban manifestantes.

Hace una semana, más de 40 mil personas se manifestaron en Viena y otras tantas el 20 de noviembre, justo después de que se anunciara un plan de vacunación obligatoria para luchar contra la pandemia.

El gobierno precisó esta semana que la medida se aplicará a partir de febrero a todos los residentes austriacos mayores de 14 años (salvo que estén exentos por motivos de salud).

La vacunación no puede imponerse por la fuerza, según la medida, pero la negativa a cumplirla tendrá consecuencias legales, con una multa inicial de 680 dólares que puede ascender a unos 4 mil dólares en caso de impago.

Además, mientras que el encierro de los vacunados termina el domingo, los no vacunados siguen teniendo prohibido salir.

La coherencia ausente o la destrucción social

La coherencia, sin duda alguna, es el esqueleto sobre el que se estructura el carácter; es la cualidad que lleva a una persona a actuar de forma consecuente con sus ideas, principios y valores de tal manera que manifiesta una relación lógica entre lo que piensa, dice y hace. Sin coherencia no existe la credibilidad.

Tal virtud no concierne únicamente al ámbito personal: es elemento fundamental en las organizaciones de cualquier tipo incluyendo las institucionales y las gubernamentales. Un gobierno, como cualquier entidad carente de coherencia, está condenado al fracaso por carecer de credibilidad, por no contar con la confianza ciudadana. Y la confusión que provoca la contradicción entre lo que se predica y lo que se hace, sólo contribuye alimentando la incertidumbre, el descontento y la rebeldía social: que es precisamente lo que comienza asomarse en el horizonte nacional.

Luego de advertir, en repetidas ocasiones, que a causa de la difícil situación de las finanzas estatales resultaba imposible satisfacer diversas necesidades de amplios sectores ciudadanos, las actuaciones de los gobernantes han marchado a contravía de sus palabras. Aumentar los viáticos a los funcionarios que realizan “misiones” al interior del país tuvo el efecto de una sonora bofetada en un amplio sector de funcionarios a los que se les privó de bonos, aguinaldos y otros incentivos so pretexto de una austeridad que, para la mayoría, resulta selectiva.

Y ésta ha sido la tónica desde que iniciara la pandemia. Veinte meses después y con 13 mil millones adicionados a la deuda- según señalan algunos financistas- la restricción del gasto público y la austeridad no son más que estribillos utilizados como excusa para dar la espalda a las necesidades de la población más golpeada por la crisis sanitaria. Las muestras de descontento y rebeldía dadas en las últimas horas sólo es un asomo del hastío social que seguirá creciendo en los próximos días. He ahí el fruto de la incoherencia, primer germen del inconformismo que empieza a adueñarse del escenario criollo.

La chispa creciente

El incremento de la pobreza, la desigualdad social y el empleo informal generalizado persisten, con dimensiones aún más descomunales luego de la irrupción del nuevo coronavirus. Y a medida que la pandemia decrece o que la fatiga provocada por la misma aumente, el descontento social volverá a tomarse las calles de Latinoamérica. 

Para muchos centros de estudios políticos y sociales, el 2019 fue considerado como el año de las protestas: las explosiones sociales de Chile, Ecuador, Colombia, Puerto Rico y México serían únicamente un asomo de lo que vendría después. El recrudecimiento, en 2020, de las manifestaciones en la mayoría de estos países lanzarían la chispa para que el polvorín social se extendiera a Perú, Argentina, Bolivia y Costa Rica, entre otros. Al malestar legado por el 2019 se sumó, al año siguiente, el miedo y la incertidumbre del porvenir y el descontento ante la mala gestión de la pandemia y ante la corrupción gubernamental, que no cesó a pesar de la complicada situación sanitaria. 

El 2021, a contravía de algunos pronósticos esperanzadores, no logra generar mayor confianza: el virus amenaza aún a la región y lo poco que queda en pie de la estructura económica se tambalea tras el cierre de millones de empresas y bajo el peso del desempleo galopante; recuperar los puestos de trabajo perdidos puede tomarle a la región de tres a cinco años, por lo menos. 

En medio de este escenario regional, el inconformismo ciudadano que se toma las calles del país desde hace un par semanas era previsible y, seguramente, se intensificará y ampliará su radio de acción. Ante la angustia generada por las deudas, la próxima anulación de las ayudas sociales y del vale digital, el desasosiego del desempleo reinante y la tensión acumulada durante meses, era sólo cuestión de tiempo que la olla comenzara a soltar la presión social. Corresponde ahora a quienes llevan el timón del Estado gestionar los desafíos que todo ello plantea a la gobernabilidad y a la estabilidad del país. Se requieren procesos eficientes de escucha para comprender las causas del malestar y para generar las respuestas y soluciones propicias para desactivar el descontento; además de administrar los cambios y la demanda social que la pandemia deja como legado. Pero, el incipiente fuego ha de afrontarse de inmediato porque en catorce días seguramente alcanza dimensiones catastróficas causando daños considerables e irreversibles a todo el bosque. 

Cuba prohíbe manifestación opositora prevista para el 15 de noviembre

«Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», señala la carta de respuesta a un petitorio para realizar esa marcha publicada en el sitio oficial Cubadebate.

La manifestación anunciada en La Habana, «cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen» para Cuba, añade la respuesta que destaca el carácter constitucional e «irrevocable» del sistema socialista cubano.

La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en otras seis provincias (Holguín, Cienfuegos, Pinar del Río, Las Tunas, Santa Clara y Guantánamo) donde se solicitó autorización para una manifestación «contra la violencia» y por el «cambio».

La convocatoria para la marcha, lanzada en septiembre, apela al artículo 56 de la nueva Constitución, aprobada en 2019, que reconoce el derecho a manifestación con fines lícitos y pacíficos.

Pero «el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público», refutó la autoridad.

«Manifestarse es un derecho»

La incertidumbre sobre la realización de la marcha se mantiene a la espera de la decisión que tomará la oposición.

Preguntado en La Habana al respecto, el dramaturgo Yunior García dijo que van «a consultar a los miembros de Archipiélago (grupo opositor que organiza la manifestación), vamos a tener una reunión».

«Manifestarse es un derecho, nos dijeron que no van a respetar ese derecho a pesar de que sea un derecho humano y a pesar de que esté en la Constitución, nos han dicho que es ilícita nuestra solicitud», declaró García al salir de una reunión con autoridades.

García, organizador de la manifestación en la capital y líder de Archipiélago, lamentó las acusaciones sobre financiamiento de Estados Unidos. «Siempre cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington, es como si no pensáramos, no tenemos cerebro los cubanos». «Cualquier cubano sensato quiere cambio para bien», agregó.

Saily González, organizadora de la manifestación en la provincia de Santa Clara (centro), rechazó el señalamiento de financiamiento desde Estados Unidos, «Es mentira, no hay y nunca va a haber pruebas», dijo.

«Es importante que se sepa que en Cuba el gobierno no le permite a su sociedad civil manifestarse», agregó González en un video difundido en Facebook.

El gobierno cubano, que niega la existencia de presos políticos en Cuba, considera ilegal a la oposición, a la que acusa de financiarse por Washington.

Por su parte, el vocero del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, rechazó la prohibición de la marcha y pidió al gobierno cubano respetar los derechos fundamentales.

«Es la libertad de expresión, es la libertad de reunirse pacíficamente lo que el gobierno cubano le ha negado a su pueblo», dijo Price a periodistas en Washington. «Llamamos al gobierno en La Habana a respetar las libertades fundamentales y los derechos fundamentales del pueblo cubano».

Rechazó que las demandas tengan algo que ver con Washington, sino que obedecen a «aspiraciones insatisfechas del pueblo cubano a la libertad, a la dignidad, a la prosperidad».

Crisis económica

Inicialmente, Archipiélago había convocado a la marcha para el 20 de noviembre, pero el viernes pasado anunció que la adelantaría para el 15 debido a que el gobierno decidió la semana pasada declarar esa misma jornada el «Día Nacional de la Defensa».

«Nosotros no queremos violencia, no queremos que los cubanos se enfrenten y no podíamos lanzar a los manifestantes a enfrentarse con un ejército en la calle que podía reaccionar de forma violenta», dijo García.

Lo «más sensato era adelantar la marcha» al día 15, cuando está previsto que Cuba reabra al turismo internacional. Los visitantes podrán andar por las calles de la isla y los cubanos pueden entonces ejercer sus derechos, añadió.

El antecedente de la marcha está en las inéditas protestas del pasado 11 y 12 de julio en medio centenar de ciudades cubanas, que dejaron un muerto, decenas de heridos y centenares de detenidos.

Estas manifestaciones espontáneas, sin precedentes desde el triunfo de la revolución de 1959, se produjeron al grito de «Tenemos hambre», «Abajo la dictadura» y «Libertad», en el marco de una severa crisis económica, la peor en 30 años.

Desde entonces, varias personalidades disidentes han sido detenidas, como José Daniel Ferrer y Luis Manuel Otero Alcántara, que están encarcelados desde el 11 de julio. Otros opositores como Manuel Cuesta Morua, Guillermo Fariñas y Berta Soler fueron puestos en libertad a las pocas horas de sus arrestos, tras ser advertidos de su convocatoria de manifestación.

¿Hacia dónde vamos? 

El hastío ciudadano enfiló sus protestas en contra de las condiciones imperantes y de las élites políticas y económicas que mantienen secuestradas las estructuras del Estado ahogando cualquier posibilidad de cambio que beneficie a las mayorías. En el último trimestre de ese año Chile, Colombia, Bolivia y Ecuador levantaron la voz y su descontento resonó por todo el continente. Luego, cuando la pandemia mantenía en vilo al mundo, en Bolivia y Colombia la ira superó al miedo y las multitudes se lanzaron a las calles para dejar en claro su inconformismo. A fines de 2020 y comenzando el 2021, Paraguay y Perú se unieron al descontento popular que como una mecha encendida recorría el paisaje continental.

Panamá, donde la tolerancia ante la degeneración política se perfilaba infinita, durante las últimas semanas se unió al coro de los países que se rebelan contra un escenario dominado por el oportunismo de los grupos dominantes y el feroz saqueo que se ejecuta contra las arcas públicas.

Sin embargo, no basta con enojarse. Saber lo que no se quiere es relativamente sencillo: nadie desea un país con corrupción, con políticos deshonestos que pelechan en vez de servir. Nadie desea un país donde la educación es un fracaso y donde se dilapidan los recursos estatales para beneficio de unos pocos; en fin, nadie desea seguir viviendo en una nación donde el contrato social ha caducado, la justicia se arrastra retorcida y donde el bien común resulta ser, simplemente, una utopía.

Protestar es un primer paso, manifestar el descontento es el primer peldaño de la escalera; pero, no el único. Para iniciar la construcción de un nuevo país es necesario contar con un plano detallado de las características con que se le sueña. Resultaría absurdo, por no decir temerario, aventurarse a navegar sin tener en claro el puerto al que se quiere arribar; tan absurdo como iniciar la colocación de bloques sin tener una idea clara y detallada de la casa que aspiramos habitar.

El descontento, cuando no va de la mano de un objetivo detallado, sólo sirve para abonar la incertidumbre y la confusión; y estas dos últimas son el caldo de cultivo perfecto para que prosperen nuevos oportunistas o, peor aún, políticos con ínfulas mesiánicas que, por lo general, terminan por destruir aquello que prometen salvar.

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El nombramiento se da «para garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía y afianzar la continuidad en la efectividad del trabajo que se ha realizado», señaló el Ministerio Público (MP, Fiscalía) en un comunicado, en el que Porras reiteró «su compromiso por garantizar la continuidad de la lucha contra la impunidad y la corrupción».

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Protestas en Europa y Australia

Protestas por restricciones para contener la Covid-19 se extienden por el mundo

Decenas de miles de personas manifestaron en Francia, Italia y Australia contra las nuevas restricciones sanitarias, que buscan acelerar la vacunación contra la covid-19 y frenar a la variante Delta, que llegaron a tachar de «totalitarias».

Con gritos de «Libertad, libertad», más de 160 mil personas, al menos 11 mil en París, protestaron contra el uso del pasaporte sanitario en numerosas actividades y la vacunación obligatoria para varias profesiones, como el personal médico o los camareros.

«No me pondré la inyección», aseguró Sandra, una enfermera de 49 años, presente en la manifestación de Marsella, donde participaron más de 4 mil personas.

«Nuestro país se está volviendo totalitario», añadió Jean-Claude Dib, de 71 años, un camionero jubilado que también participó en la concentración en esta localidad del sudeste de Francia.

En París, una manifestación de «chalecos amarillos», la revuelta que sacudió el país durante el invierno de 2018-2019, empezó en la plaza de la Bastilla y estuvo marcada por incidentes esporádicos entre manifestantes y policías. Nueve personas fueron detenidas, según el Ministerio del Interior.

Otra concentración más multitudinaria se produjo en Trocadero, cerca de la Torre Eiffel, en la que el ultraderechista Florian Philippot, exnúmero dos de la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, denunció el «apartheid» impulsado por el ejecutivo francés y pidió la dimisión del «tirano» Macron.

Mayoría silenciosa

No obstante, la mayoría de los franceses (el 76%) son favorables a la vacunación obligatoria para el personal sanitario, según un sondeo publicado el 13 de julio, el día después del anuncio de esta medida.

El uso para numerosas actividades del pasaporte sanitario también recibe el aval de la mayoría de la población, según los sondeos.

Tras el anuncio de estas restricciones en Francia, Italia siguió el mismo ejemplo y a partir del 6 de agosto exigirá para acceder a espacios públicos cerrados el pasaporte sanitario, que disponen aquellos con inmunización completa o un test reciente negativo.

Miles de italianos se manifestaron el sábado contra esta medida, en varias localidades desde Nápoles hasta Turín, con gritos de «Libertad» y «No a la dictadura».

«¡Mejor morir libres que vivir como esclavos!», rezaba una de las pancartas frente a la catedral gótica de Milán. En otra, en el centro de Roma, podía leerse: «Las vacunas os harán libres», junto a una imagen de Auschwitz.

Algunos manifestantes llevaban estrellas amarillas en Génova, en un desafortunado símil entre las personas no vacunadas y la persecución de los judíos en la Alemania nazi.

Como sucedió en Francia, las solicitudes para vacunarse se multiplicaron en Italia, hasta un 200% en algunas regiones, tras el anuncio del uso extensivo del pasaporte sanitario, indicó Francesco Figliuolo, comisario extraordinario encargado de la campaña de vacunación.

 Malestar y cuarentena

Las protestas contra el pasaporte sanitario en Europa estuvieron acompañadas por manifestaciones contra las restricciones de movilidad en Australia, donde cinco millones de personas vivirán confinadas durante un mes.

En Sídeny se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y policías a caballo, mientras que en Melbourne miles de personas se concentraron frente al parlamento regional del Estado de Victoria.

Pese al malestar en las calles, los gobiernos multiplican las restricciones para frenar el rápido avance de la variante Delta del coronavirus, en el marco de una pandemia que provocó más de 4.1 millones de fallecidos desde finales de 2019.

Alemania endureció las restricciones para viajar a España, incluso a las islas Baleares y Canarias, tras un aumento considerable de los casos en estas zonas turísticas.

España exigirá una cuarentena obligatoria de diez días a los viajeros procedentes de Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia, a partir del 27 de julio, anunciaron las autoridades.

El gobierno español apuesta por esta medida tras un aumento de los casos en América Latina y el Caribe, la región en el mundo con un mayor número de muertos por coronavirus, tras haber superado los 1.3 millones.

Nueva jornada de protestas contra Ivan Duque

Miles de colombianos piden al Congreso escuchar sus reclamos contra Duque

Nuevas jornadas de protestas contra el presidente Iván Duque se llevan a cabo este martes, «Espero que por fin ese Congreso empiece a legislar en favor de los intereses de todo el pueblo colombiano y no solo de un grupo de particulares que se enriquece», dijo a la AFP el odontólogo Iván Chaparro, de 46 años, mientras caminaba en medio de una multitudinaria marcha festiva en el centro de Bogotá.

El Comité Nacional del Paro, que es el mayor colectivo de manifestantes pero no representa a todos los sectores inconformes, convocó a esta nueva movilización durante la fiesta nacional después de más de un mes de pausa.

Las manifestaciones recorren las calles de las principales ciudades con consignas variopintas que en el fondo exigen una reforma policial y un Estado más solidario ante los estragos causados por la pandemia, que hundió en la pobreza a 42% de los 50 millones de habitantes.

Integrado por estudiantes, indígenas y organizaciones sociales el Comité había suspendido las movilizaciones el 15 de junio, pero volvió a las calles el Día de la Independencia de Colombia con el objetivo de llevar sus reclamos al parlamento.

Las peticiones del Comité «las vamos a presentar al Congreso porque el gobierno no quiso negociar», dijo a W Radio Fabio Arias, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores.

– Despliegue policial y militar –

Miles de personas se dieron cita en distintos puntos de Bogotá y marchaban con cánticos, bailes y banderas de Colombia al revés hacia la central Plaza de Bolívar, pero la fuerza pública cerró el paso al Congreso y la sede presidencial.

«Estamos en la lucha por la reivindicación de nuestros derechos frente a la salud, la educación, la no violencia», dijo en la capital la profesora Noelia Castro, de 30 años.

La movilización transcurre en un ambiente enrarecido por denuncias del gobierno sobre infiltración de grupos armados en las marchas, capturas de manifestantes y advertencias de las autoridades sobre un posible incremento de muertes y contagios por covid-19 cuando el país sale de la peor ola de la pandemia.

De acuerdo al ministerio de Defensa, más de 65.000 policías y militares custodian la jornada de manifestaciones en todo el país, ante la presunta participación de la guerrilla del ELN y de disidencias de las FARC en las marchas.

Más de 60 personas han muerto y miles fueron heridas desde que estallaron las protestas el 28 de abril, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y autoridades civiles.

– Brutalidad policial –

Lo que comenzó como una manifestación contra un fallido plan del gobierno para elevar impuestos a la clase media fue avivado por la represión de la policía, rechazada por la comunidad internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en medio de las protestas, denunció la respuesta «desproporcionada» y «letal» de las fuerzas oficiales frente a las manifestaciones.

De su lado, la ONG Human Rights Watch acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios durante las protestas, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes estatales con intención de «matar».

Si bien ha admitido casos de violencia policial, el gobierno controvierte las cifras.

«Uno no puede ser indiferente a la injusticia, a que maten a los estudiantes por protestar (…) que se les agreda como si fueran terroristas», dijo en Bogotá la profesora Jeanneth Gómez, de 59 años.

– Reforma fiscal –

El estallido social comenzó en 2019 contra el mandatario conservador y desde entonces miles de personas se manifiestan en las calles con intervalos de tiempo. La última ola de protestas inició a finales de abril en rechazo a la iniciativa tributaria.

A un año de entregar el poder y con una impopularidad del 76%, Duque inauguró en la mañana de este martes la legislatura que tendrá la difícil tarea de discutir una nueva reforma fiscal.

«Las voces en las calles las escuchamos y deben nutrir los debates, pero ustedes están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación», expresó Duque al Congreso durante la ceremonia de instalación.

Esta vez el ejecutivo renunció a los puntos más polémicos y propuso recaudar 3.900 millones de dólares, una reducción sustancial frente a la iniciativa de 6.300 millones que detonó la ira popular y le costó el cargo al entonces ministro de Hacienda.

Las protestas han sido en su mayoría pacíficas, aunque se han presentado cortes de rutas, disturbios y choques entre civiles y la fuerza pública.

AFP

Detenidos 12 manifestantes en vísperas de nueva jornada de protestas en Colombia

Los detenidos forman parte de las llamadas primeras líneas de protesta que, según el gobierno, están implicadas en actos de vandalismo y agresiones a los uniformados durante las movilizaciones que comenzaron el 28 de abril.

La policía aseguró que en poder de los manifestantes halló «material explosivo», incluidas bombas incendiarias, que iba a ser empleado para «atacar a la fuerza pública y generar zozobra entre los ciudadanos».

Las capturas se produjeron en operativos desplegados en varias ciudades previo al 20 de julio, cuando se celebra la fiesta nacional del país y se prepara una nueva jornada de protesta contra el gobierno de Iván Duque tras una pausa de algunas semanas en las movilizaciones.

Los 12 detenidos serán imputados por fabricación, tráfico y porte armas, municiones y explosivos, así como tráfico de estupefacientes, según la información oficial.

Durante la ofensiva policial también fueron detenidos dos menores que fueron entregados al Instituto colombiano de Bienestar Familiar, autoridad estatal responsable de proteger los derechos de la infancia y adolescencia.

Foto: AFP.

El gobierno de Duque desató el descontento popular por su idea de elevar impuestos en plena pandemia. Sin embargo, debió archivar su proyecto ante la presión de cientos de miles de personas en las calles.

La represión avivó todavía más el malestar y terminó configurando un rechazo generalizado a la gestión de Duque de la pandemia, que lanzó a la pobreza y el desempleo a millones de personas que ahora exigen reformas que configuren un Estado más solidario.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país en medio de las protestas, denunció la respuesta «desproporcionada» y «letal» de las fuerzas oficiales frente a las manifestaciones.

Más de 60 personas han muerto en medio de la crisis, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman). De su lado, la ONG Human Rights Watch acusa a la fuerza pública de estar implicada en al menos 20 homicidios, y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes estatales con intención de «matar».

Si bien ha admitido casos de violencia policial, el gobierno controvierte las cifras.

Protestas en Cuba

Multitudinaria e inédita protesta antigubernamental en pequeño pueblo de Cuba

Bajo las etiquetas #SOSCuba», #SOSMatanzas» o #SalvemosCuba», entre otras, se multiplican en las redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior.

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Militares retirados se manifiestan contra supuesto «fraude» electoral en Perú

Centenares de militares retirados peruanos, algunos con sables, se manifestaron este martes en una plaza de Lima para rechazar un supuesto «fraude» en el balotaje presidencial del 6 de junio en Perú, en sintonía con las denuncias de la candidata derechista Keiko Fujimori.

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Manifestantes dicen que propiciarán levantamiento de bloqueos viales en Colombia

El frente más visible de la protesta en Colombia anunció este martes que propiciará el fin de los bloqueos viales, en el marco de los diálogos que sostiene con el gobierno en busca de una salida al estallido social que en un mes deja 59 muertos.

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Cinco muertos y ola de destrucción en protestas por agresión policial en Bogotá

Cinco muertos y decenas de puestos de policía destruidos dejaron en Bogotá las protestas que siguieron a la muerte de un hombre que recibió repetidas descargas con un arma eléctrica cuando era inmovilizado por dos agentes.

Las manifestaciones estallaron la noche del miércoles en varios puntos de la ciudad. Cientos de personas se lanzaron sobre las sedes policiales en una jornada de ira y destrucción contra el cuerpo de uniformados.

Las autoridades ofrecieron en la madrugada del jueves un primer reporte con cinco muertos, 46 puestos de mando o Centros de Atención Inmediata (CAI) destruidos y decenas de autobuses dañados.

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció recompensas por información que permita la captura de los responsables de lo que describió como «el homicidio de cinco personas» en Bogotá y el vecino municipio de Soacha.