El ministro de Ambiente, Milciades Concepción, ordenó paralizar la construcción de un muro de contención que impactaría de forma negativa la anidación de tortugas en playa La Barqueta, por presunta violación al estudio de impacto ambiental.
Este refugio de vida silvestre, es un área protegida, localizado en el sector Pacífico, en el distrito Alanje, provincia de Chiriquí.
Denuncias en 2007 terminaron en sobreseimiento
Conocido por la anidación de tres tipos de tortugas marinas en sus playas, pero también desde 2007, fue noticia, cuando moradores denunciaron supuesto delito ecológico y corrupción de funcionarios.
En ese momento, apuntaban a la destrucción de manglares en área protegida y edificaciones dentro de los 22 metros de servidumbre pública.
El Ministerio Público inició una investigación, en la que se comprobó la comisión de delitos ambientales, sin embargo, el proceso terminó en un sobreseimiento.
Mi Ambiente interviene ante nueva denuncia
A través de redes ambientalistas, se compartieron videos testimoniales en los que se denuncia presuntas ilegalidades por la construcción en la playa, un área de dominio público.
Se trata de un muro de una extensión de 400 metros en un área en donde las tortugas anidan porque el suelo está seco.
El ministro Concepción, confirmó en exclusiva a Destino Panamá que, ordenó suspender la obra amparado en el artículo 15 de la Ley General de Ambiente, o Ley 41 de 1998. Es decir, por una presunta violación al estudio de impacto ambiental.
De acuerdo con el titular de la cartera de Ambiente, la medida es temporal porque el proceso administrativo está en su etapa inicial, y la ley autoriza la paralización de forma inmediata, sin tener que esperar el resultado final de la investigación.
Este artículo expresa que «ante hallazgos de incumplimiento en la presentación o ejecución del estudio de impacto ambiental», «el Ministerio del Ambiente podrá paralizar cautelarmente las actividades del proyecto».
Un muro que no debe intervenir el área protegida
Expertos en derecho ambiental dijeron a Destino Panamá que, el artículo 258 establece que las playas y las riberas de estas son de dominio público y no son objeto de apropiación privada. Pueden ser concesionadas, pero este no es el caso.
En el vídeo se observa una retroexcavadora en la playa donde se construye el muro. Fue entregado a expertos en derecho ambiental, para que determinaran la posible comisión de algún delito ambiental.
Sin llegar a esa conclusión, anotaron algunas presuntas ilegalidades.
Un experto en la materia explicó que la residencia para la que se solicitó la construcción del muro podría estar dentro de la servidumbre pública, que es una distancia de 22 metros medida desde el punto de alta marea, tierra adentro.
En esta zona, está prohibida cualquier tipo de construcción. La Ley 80 de 2009 así lo determina.
En tanto, el muro y lo que parece un muelle, están en la zona de servidumbre pública pero más grave – como advirtió la fuente que solicitó la reserva de su nombre – es que se le resta un segmento al área protegida.
“Si se añade que es un área protegida cuya razón de ser es la playa, que debe estar libre para los distintos movimientos de tortugas marinas hacia los interiores de esta, creo que estamos delante de un escándalo de proporciones mayores”, advirtió.
Una lucha de David contra Goliat
Por su parte, la abogada, María Soledad Porcell, dijo que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) debería ser de categoría 3, y no de categoría 1.
Un muro que limita la movilidad de las tortugas es de alto impacto, alertó.
Se entiende que en áreas protegidas con recursos marinos costeros no se podrán realizar actividades de «desarrollo de alto impacto, como edificaciones de infraestructuras de alto impacto», citó la experta ambiental.
El impacto, que producirá el muro, no tiene forma de ser mitigado por lo que no se debió dar concepto favorable, afirmó Porcell.
“Tratándose de una construcción en área protegida que impediría el paso de las tortugas, debería ser categoría 3 porque produciría impactos ambientales negativos de tipo indirectos acumulativos sinérgicos”, agregó.
Jacinto Rodríguez, presidente de la Fundación Agua y Tierra, también se manifestó en el mismo sentido.
La aprobación «en medio de una playa de anidación de tortugas debió ser por un estudio de categoría 3», dijo Rodríguez, quien agregó que incluso en el proyecto se contempla la construcción de un muelle.
Los moradores de La Barqueta han tenido una lucha de David y Goliat, acotó el ambientalista que manifestó alivio por la decisión de Mi Ambiente.
Una autorización que deja más preguntas que respuestas
La construcción la autorizó, Dimas Arcia, exdirector de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Mi Ambiente, a la Inmobiliaria Altieri.
La nota explica que en un polígono “dentro del Refugio de Vida Silvestre Playa La Barqueta Agrícola en la zona de Uso Extensivo Terrestre”.
Esta aprobación se sustentó en el informe técnico que se realizó el 19 de octubre de 2019.
Se determinó “que es necesaria la construcción de un muro de contención como medida de prevención de erosión”.
Para proteger la residencia y el vivero de incubación de tortugas marinas de la familia, expresa la nota.
Los otros viveros son proyectos de la familia Rojas y la Universidad Autónoma de Chiriquí, y uno habilitado este año por Mi Ambiente.
Sin embargo, los moradores afirmaron que en ese sector las tortugas arriban para desovar, y docenas de crías transitan el camino hacia el mar.
Hay 10 especies de tortugas marinas en el mundo, y cinco de ellas depositan sus huevos en el país.
Un diagnóstico de la situación de las tortugas marinas en nuestro país, fechado en 2017, afirma que son una especie amenazada, vulnerable o en peligro extinción y que, a pesar de estar protegidas por acuerdos internacionales y legislación nacional bajo el delito penal contra la vida silvestre, continúa el tráfico ilegal de estas.
