La reciente derogatoria de la resolución No.201-7263 de 30 de octubre de 2024, por la cual se establecían, entre otros, los requisitos de la solicitud de excepción de equipos fiscales y del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá, para las profesiones liberales, en un claro ejemplo de que era necesario consultar antes de tomar una decisión que afecta a numerosos sectores económicos.
Así lo expresó la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Giulia De Sanctis, al referirse a la resolución 201-7826 DGI, firmada por el Director General de Ingresos, Camilo Valdés, la cual establece que existe la obligación de emitir facturas o documentos equivalentes mediante otros métodos, norma que continúa vigente, si bien se encuentran exentos del uso de equipos fiscales o del Sistema de Facturación Electrónica de Panamá.
La dirigente empresarial enfatizó en la necesidad de que decisiones como éstas, primero para obligar a personas que trabajan en profesiones liberales, artesanales o artísticas a emitir una factura electrónica, y luego dar marcha atrás, «muestra que hubo una reacción por las quejas de las personas, algo que no sucedería, si se hubiera consultado al respecto».
Si bien considera que el Estado, en efecto, debe buscar maneras de recaudar mayores impuestos, «estamos en una sociedad distinta, en la cual se debe considerar la participación de quienes podrían verse afectados». En este sentido, reiteró que «hay que hacer las consultas, para que no pasen estas cosas».
La resolución derogatoria indica en una de sus partes, que sobre este asunto se hace necesario llegar a un consenso con los diferentes gremios de profesionales, sobre el método de facturación que deberán emplear, lo que hace «pertinente la derogatoria de la resolución señalada, hasta que se cumpla con ese cometido». Aún se desconoce en qué momento podrían darse estas consultas, por parte de la Dirección General de Ingresos.
