«Espero que haya una transición ordenada en el Ministerio Público», señaló el abogado Luis Carlos Manuel Gómez, luego que la comisión legislativa de Credenciales diera luz verde de manera unánime a la designación que le hizo el Órgano Ejecutivo, para el cargo de Procurador General de la Nación.
Aún está pendiente en la comisión la consideración del nombramiento de la abogada Grettel Villalaz, para el cargo de Procuradora de la Administración, el cual debe darse este martes, tras concluir el receso decretado por la presidenta de la comisión, Dana Castañeda.
Durante el período en que los comisionados lo cuestionaron sobre aquellos puntos sobre los que trabajaría durante su gestión, Gómez destacó que dentro del Ministerio Público «existe una gran cantidad de personas con una gran capacidad y preparación», y aseguró que «se darían algunas promociones y ajustes en ese valioso personal».
Al ser cuestionado por haber representado en el año 2016 al hoy presidente de la República, José Raúl Mulino, durante un proceso legal que se le siguió, donde incluso estuvoi detenido, el abogado Gómez aseguró que el haber ejercido algún tipo de representación judicial en el ciudadano Mulino Quintero para el año 2016, «en nada afecta ni incide en esa objetividad e independencia que debe reinar en un procurador general de la Nación». Mulino designó a Gómez como Procurador General de la Nación, y su nombramiento en propiedad depende de la Asamblea Nacional de Diputados.
Dijo además que no pertenece «al círculo cero» del Presidente, aunque reconoció que lo conoce. «No somos amigos, ni siquiera somos cercanos en edad. Es un ciudadano al que ejercí una representación legal. Eso es todo», aseguró. De pasar el examen en el pleno legislativo, Luis Carlos Gómez será Procurador General de la Nación por los próximos 10 años, a partir del 1 de enero de 2025.
Los comisionados cumplieron con otras ratificaciones, recomendando al pleno de la Asamblea Nacional, la aprobación de los nombramientos de Rubén Batista (principal) y Rodrigo Ramos (suplente), como miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en representación de los pensionados y jubilados.
También recomendo, la aprobación de los nombramientos de Fernando Correa Jolly (principal) y José María Herrera (suplente), como miembros de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. En este punto, se produjo un incidente verbal entre el diputado Jonathan Vega y José María Herrera. Vega fustigó a Herrera, quien fuera diputado en el pasado período, señalándolo por votar en favor del contrato minero, denunciando además un posible conflicto de intereses. A esto, el veterano exdiputado no respondió los cuestionamientos de Vega, sintiéndose ofendido por sus cuestionamientos. «Si estuviera más joven, lo invitaría allá afuera», señaló Herrera, visiblemente molesto.
A todo esto, el diputado del PRD, Benicio Robinson, pidió respeto para el Órgano Legislativo, y viceversa, de parte de sus colegas para los invitados en una sesión. «Hay que llamar al orden para evitar que estos incidentes vayan más allá», explicó.
La comisión además, recomendó al pleno de los nombramientos de Julio Centella (principal) y Madelaine Escribano (suplente), como miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, en representación de los trabajadores, y la aprobación del nombramiento de Gerardo Irimia Arosemena, como subadministrador general de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).
