La República de Panamá evalúa dar un paso significativo en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y el blanqueo de capitales, al considerar la puesta en ejecución de la figura del oficial de cumplimiento en la administración pública, siguiendo el ejemplo dado en este sentido por la República Dominicana.
Durante la celebración del congreso de Oficiales de Cumplimiento, que se desarrolla en Panamá con la participación de más de 10 países y 70 conferencistas nacionales e internacionales, se discutió la importancia de reforzar los mecanismos de control en los países de Centroamérica, así como los beneficios de integrar oficiales de cumplimiento en instituciones públicas con grandes presupuestos, mejorando los procesos de compras y licitaciones.
Al respecto, Ramón Alberto González, presidente de la Asociación de Cumplimiento de República Dominicana, esta medida «se ha convertido en una herramienta útil para la región, especialmente en un contexto de grandes escándalos como Odebrecht y Lava Jato».
El experto enfatizó que si Panamá adopta esta figura, «sería un gran paso y enviaría un mensaje positivo a las naciones del mundo y organismos internacionales, como el GAFI y la Unión Europea, que monitorean a los países mediante las llamadas listas grises o negras».
Entretanto, Gabriel Quintero, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, destacíó que se está analizando la presentación de un anteproyecto de ley, para establecer esta figura en el sector gubernamental.
«El oficial de cumplimiento impulsará en el Estado mayor transparencia, ética y rigurosidad en los controles, lo que contribuirá a fortalecer la lucha contra el blanqueo de capitales», destacó Quintero.
De prosperar la iniciativa legislativa, Panamá se convertiría en el segundo país en la región en adoptar esta figura en la gestión pública, contribuyendo a robustecer los controles internos y recuperar la confianza de la comunidad internacional.
El congreso internacional, que culmina este viernes 18 de octubre, se centra en temas claves, como el lavado de activos, las listas grises, la lucha contra la corrupción y el financiamiento del terrorismo. En él se advierte la urgencia de que América Latina fortalezca su posición en la medición global sobre la lucha contra la corrupción.
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