Para una sana convivencia civilizada resulta primordial el respeto y cumplimiento de la ley. La impunidad, definida como la ausencia de castigo o sanción frente a actos ilegales, representa una amenaza grave para la convivencia civilizada. Desconocer las normas legales, o deformarlas a conveniencia para instaurar la impunidad como moneda de uso común es dar la espalda a siglos de evolución democrática y social.
La propuesta legislativa que pretende modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal para establecer mecanismos de amnistía, indultos, rebajas de pena y concesión de libertad condicional no merece otro adjetivo que el de «esperpento». Esta iniciativa, calificada como una “aberración jurídica” por analistas, evidencia un despreciable servilismo que apunta a beneficiar a personajes específicos.
La impunidad erosiona los cimientos de la sociedad, socavando la confianza en las instituciones judiciales y fomentando un clima de inseguridad y desconfianza. La justicia debe ser firme e imparcial, garantizando que todos, sin excepción, rindan cuentas por sus actos. Solo así podremos aspirar a una sociedad verdaderamente justa y civilizada.
Esta propuesta legislativa, sin duda alguna, es un retroceso que amenaza con sumergirnos en un estado de derecho erosionado, donde la ley se convierte en un instrumento manipulable a conveniencia de unos pocos. Desde ese anteproyecto de ley, el salto a la barbarie es inevitable.
