Defensa de Ernesto Pérez Balladares le responde a la SIP

Ernesto Pérez Balladares, expresidente de Panamá. | Foto: Cortesía

La defensa del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) reaccionó ante el comunicado divulgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ante la demanda que presentó su cliente contra la Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa)

“Creemos firmemente en la obligación de la SIP de defender el ejercicio democrático de la libre información y opinión, fortaleciendo a su vez la práctica de realizar investigaciones responsables que conlleven a publicaciones veraces y oportunas. Si por alguna circunstancia se ha puesto sobre la palestra alguna información falsa, corresponde también al buen ejercicio de esta actividad reconocer el error, disculparse y publicar la verdad sobre el tema”, respondió José María Castillo, defensa de Pérez Balladares.

En la misiva enviada al presidente de la SIP, Roberto Rock, el apoderado legal del exmandatario alega que lo anterior planteado no lo aplicó el diario, a pesar de haberse dado cuenta que la noticia publicado era errada.

José María Castillo, abogado del expresidente Pérez Balladares, explicó que pesar que su cliente esperó un año para que el diario se rectificara, esto no ocurrió, por lo que inició con la demanda por daños y perjuicios.

“Asumimos que la SIP concuerda con que toda persona natural o jurídica que cometa un error está en la obligación de repararlo. Si se cumpliera con este deber, jamás se tendría que llegar a las instancias judiciales”, agregó.

De acuerdo con el jurista, el ejercicio de un derecho en un juzgado no puede considerarse como un acuso. “Acoso es una campaña mediática que se organiza contra una persona que es considerada enemigo poe el dueño del medio y que se dedica a utilizar su medio para extorsionarlo, difamarlo, degradarlo frente a su familia y sociedad de su entorno”.

Las publicaciones que hizo referencia Castillo, se dieron en dos entregas, realizadas el 21 y 22 de marzo de 2011 tanto en la versión impresa como digital, en la que vinculaban a su cliente en un caso de blanqueo de capitales y que era investigado por la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada.

Pérez Balladares presentó la demanda contra el medio de comunicación en marzo de 2012. El 16 de noviembre de 2023, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial condenó a Corprensa y le ordenó el pago de $5.5 millones a favor del expresidente por daños y perjuicios.

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