Uno de los principales observadores de las elecciones presidenciales, el Centro Carter, desacreditó todo el proceso, afirmando que no pudo verificar ni corroborar los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro
La reciente elección presidencial en Venezuela ha desatado una crisis significativa tanto a nivel nacional como internacional. Las acusaciones de fraude electoral y la falta de transparencia han sumido al país en un ambiente de incertidumbre y violencia. Diversas organizaciones internacionales y gobiernos han expresado su preocupación por las irregularidades y han exigido una verificación transparente de los resultados. Este reportaje analiza los eventos que siguieron a las elecciones, las reacciones internacionales y las perspectivas futuras para Venezuela.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019, expresó su profunda preocupación por la violencia y las violaciones de derechos humanos registradas en el país tras la elección presidencial. Según la misión, las movilizaciones post-electorales han dejado al menos 11 muertos y cientos de detenidos, con la ONG Foro Penal cifrando los arrestos en 278 en las primeras 48 horas.
La presión internacional ha aumentado considerablemente. El presidente colombiano Gustavo Petro solicitó a Nicolás Maduro que permita a veedores internacionales supervisar el conteo de votos y las actas electorales para despejar las dudas sobre el proceso electoral. En una línea similar, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, reclamó «total transparencia» y exigió la presentación de las actas de votación.
El Centro Carter, que tuvo 17 veedores en Venezuela durante las elecciones, declaró que «no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados» debido a la falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta organización destacó que la elección no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y denunció un ambiente de libertades restringidas, perjudicando a actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
En respuesta a las crecientes protestas, el presidente Nicolás Maduro solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que realice una auditoría de las elecciones. Sin embargo, esta medida ha sido vista con escepticismo tanto dentro como fuera de Venezuela. La Organización de los Estados Americanos (OEA) realizó una reunión de emergencia para abordar los resultados electorales y expresó su rechazo a los mismos, calificando el proceso como manipulado y represivo.
Perspectivas Internacionales
La comunidad internacional ha sido clara en su rechazo a los resultados electorales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en la necesidad de que las autoridades electorales venezolanas publiquen de inmediato datos completos y detallados de las votaciones. El senador estadounidense Bernie Sanders también exigió elecciones libres y transparentes, pidiendo que se evite el uso de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) denunció el probable fraude electoral y la represión de las protestas, alertando sobre las graves violaciones de derechos humanos. Human Rights Watch confirmó haber recibido reportes creíbles de 20 muertes ocurridas en el contexto de las protestas post-electorales.
Respuesta del Gobierno Venezolano
El gobierno de Nicolás Maduro ha respondido a las acusaciones con una combinación de negaciones y amenazas. Maduro, en una rueda de prensa, afirmó que no temblará su pulso para llamar al pueblo a defender la revolución si es necesario. Además, el fiscal general Tarek William Saab acusó a los manifestantes de simular heridas y de orquestar las protestas para desestabilizar al gobierno.
Las tensiones han llegado a tal punto que la comunidad internacional está considerando acciones más severas. La embajada estadounidense en Venezuela ha solicitado un salvoconducto para seis opositores venezolanos asilados en la embajada argentina en Caracas, mientras que el gobierno argentino ha sido presionado para proteger a estos refugiados.
El rechazo a los resultados electorales en Venezuela refleja una profunda crisis de legitimidad y confianza en las instituciones del país. La comunidad internacional, junto con sectores importantes de la sociedad venezolana, continúa exigiendo transparencia y justicia en el proceso electoral. La falta de respuesta adecuada por parte del gobierno de Maduro solo ha intensificado las protestas y el clamor por una solución democrática y pacífica. Es fundamental que se realice una verificación independiente y transparente de los resultados para restaurar la confianza y la paz en Venezuela.
Análisis de la Situación Electoral
Uno de los principales observadores de las elecciones presidenciales, el Centro Carter, desacreditó todo el proceso, afirmando que no pudo verificar ni corroborar los resultados que dieron como ganador a Nicolás Maduro. El Centro Carter destacó que la elección presidencial de 2024 no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada democrática. La falta de anuncios de resultados desglosados por mesa electoral constituye una «grave violación» de los principios electorales.
El CNE y la Fiscalía General de la República denunciaron un hackeo de las estructuras automatizadas de la institución, como causa del retardo en la data detallada del resultado electoral, aunque no se presentaron pruebas al respecto. El fiscal general Tarek William Saab acusó a María Corina Machado, líder de la oposición, de organizar el sabotaje desde Macedonia del Norte, una acusación que el gobierno de este país ha negado.
La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, ha publicado las actas de las elecciones en una página web, reclamando que los datos procesados hasta un 84% dan la victoria a González Urrutia con 68% de los votos. El oficialismo, sin embargo, proclamó a Maduro como ganador, generando un ambiente de represión y violencia en las calles.
La crisis electoral en Venezuela ha profundizado las divisiones internas y ha generado una condena unánime de la comunidad internacional. La necesidad de una verificación independiente de los resultados y una solución pacífica y democrática es más urgente que nunca. La falta de transparencia y la represión de las protestas solo han agravado la situación, y la comunidad internacional debe continuar presionando para asegurar que se respeten los derechos del pueblo venezolano y se restauren las instituciones democráticas.
