En cada cambio de administración gubernamental, se destapa una letanía de irregularidades que indignan a la ciudadanía. Sin embargo, la indignación sin acción es efímera, y los corruptos cuentan con ello. La alcaldesa de San Miguelito ha confirmado la recopilación de pruebas para denunciar graves irregularidades financieras e infraestructurales. Este paso, aunque loable, debe ser solo el principio.

La transparencia y eficacia en el manejo de los recursos estatales exigen más que denuncias mediáticas. Es imperativo que estas se traduzcan en procesos legales concretos que identifiquen y castiguen a los responsables. La destrucción de registros, las deudas millonarias injustificadas y el incumplimiento de obligaciones laborales no pueden quedar impunes.

El desafío para la nueva administración no es solo exponer el desastre heredado, sino cerrar las puertas a la impunidad. Se requiere un seguimiento riguroso de las denuncias, asegurando que las investigaciones sean exhaustivas y las acusaciones, irrefutables. Solo así se podrá romper el ciclo de corrupción que se perpetúa con cada cambio de gobierno, restaurando la confianza ciudadana en las instituciones públicas.