El mercado inmobiliario en Panamá está plagado de irregularidades que afectan a los compradores de viviendas, especialmente a aquellos que adquieren su primera propiedad. Los altos costos de las viviendas vienen acompañados de problemas significativos como el incumplimiento de contratos, modificaciones no previstas en los planos y graves deficiencias de acceso al agua potable. Estas deficiencias evidencian una preocupante falta de regulación en el sector inmobiliario.

Una de las principales quejas de los compradores es el reducido tamaño de las viviendas, que compromete seriamente su calidad de vida. La ausencia de leyes que establezcan un tamaño mínimo para los apartamentos permite que las promotoras construyan viviendas cada vez más pequeñas, muy por debajo del estándar internacional de 24 metros cuadrados. Este problema se agrava con el incumplimiento de las normativas existentes respecto al tamaño del terreno y la disposición del espacio, lo que evidencia una falta de responsabilidad y ética por parte de las promotoras.

Las empresas promotoras a menudo eluden las quejas de los compradores cambiando de nombre para evitar sanciones, aprovechándose de la falta de supervisión y de personal no idóneo en los municipios y otras entidades reguladoras. Este modus operandi deja a los compradores desprotegidos, burlados y sin recursos para reclamar sus derechos.

Es imperativo implementar normativas más estrictas que regulen el sector inmobiliario en Panamá. Estas leyes deben garantizar la calidad y el tamaño adecuado de las viviendas, así como la transparencia y responsabilidad de las promotoras y constructoras. Solo a través de una regulación eficaz se podrá poner fin a los abusos y proteger adecuadamente a los compradores de vivienda.