Peligran las casas de miles de familias de escasos recursos

Debido al inexplicable retraso en el pago de 140 millones de balboas, correspondientes al Fondo Solidario de Vivienda (FSV) por parte del Gobierno Nacional, al menos dieciséis mil hogares de interés social están en peligro, ya que las promotoras de vivienda no podrán hacer frente a los proyectos en agenda para los años venideros, lo que también se traducirá en disminución de la mano de obra en el sector, y la falta de este aporte al Producto Interno Bruto (PIB).

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) informó el 23 de enero de 2024 que el déficit habitacional ronda las 185 mil viviendas, situación que no se supera con la postergación en el pago del FSV a las promotoras que durante los últimos dos años entregaron las casas a las familias seleccionadas por el Estado, ya que debido a esta deuda no se podrán construir las viviendas proyectadas.

El FSV busca disminuir el déficit habitacional entre las personas que carecen de recursos económicos, a quienes el Estado ofrece un bono de B/ 10,000 (diez mil balboas) como ayuda para obtener una vivienda. Este aporte es de carácter intransferible y se concede a familias previamente escogidas por las autoridades nacionales.

El impago de este dinero provoca que peligre el empleo de al menos cinco mil doscientos cincuenta obreros destinados a la construcción de 16 mil viviendas de interés social entre 2024 y 2025, situación que se hace más delicada si se suma la afectación a 7 mil 500 personas vinculadas a proveedores de cemento, madera, arena, piedra, acero, así como a la banca, bufetes de abogados, notarías y el Registro Público.

No obstante, lo más delicado es el perjuicio a las familias que en el futuro no podrán gozar de su primer hogar o vivienda digna, a un bajo costo.

De las 16 mil viviendas que fueron entregadas durante 2023, al menos ocho mil correspondieron a viviendas de interés social, situación que contrasta con el casi nulo movimiento del Fondo Solidario de Vivienda, que principalmente afecta la calidad de vida de miles de panameños, y la inversión privada.

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