Un nuevo comunicado emitió este viernes 1 de diciembre la empresa Minera Panamá, en el que asegura que en el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el contrato que tenía con el Estado panameño, se «ignora un escenario de cierre planificado y gestionado».

De acuerdo con la minera, en la decisión del supremo tribunal panameño se debió contemplar «la implementación de medidas ambientales claves, para mantener la seguridad ambiental del sitio» durante el proceso de cierre del área en la que se ubica la mina.

Según la empresa First Quantum Minerals, «Cobre Panamá está buscando detalles adicionales», con relación a la decisión judicial emitida el pasado 28 de noviembre por la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad, declaró inconstitucional toda la Ley 406, que contenía el acuerdo entre el Estado y la empresa minera.

Al respecto, sostienen que no ha tuvo en esta decisión la adopción de los aspectos inherentes a la situación medioambiental en el área de la mina. «Esto implica el desarrollo de controles ambientales para garantizar la estabilidad física y química, a largo plazo, de toda la infraestructura en las condiciones climáticas actuales y extremas, evitando así un desastre ambiental», asegura la minera en su comunicado.

Algunos de estos requisitos ambientales, precisa el comunicado, incluyen el plan del Gobierno para la gestión de las instalaciones de almacenamiento de relaves y tratamiento del agua para preservar su calidad, «mantener la seguridad y prevenir fallas catastróficas».

De igual forma, sostiene First Quantum Minerals, debe determinarse «el futuro abordaje de los programas de rehabilitación y reforestación», así como «la preservación de las especies y la protección de casi el 20% de las áreas totales protegidas de Panamá», que la empresa asegura que financia en su totalidad.

La empresa inició el pasado 29 de noviembre, al día siguiente de conocer el fallo de inconstitucionalidad, el proceso de arbitraje ante la Corte Internacional de Arbitraje, «para proteger sus derechos, bajo el acuerdo de concesión que el gobierno de Panamá firmó a principios del año 2023».

Entretanto, se espera la publicación en la Gaceta Oficial, de la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional la Ley 406.