Un nuevo informe analiza el alcance global de la cleptocracia, definida como el robo sistémico de fondos públicos por parte de élites políticas corruptas. El estudio, publicado por el Foro 2000, una fundación checa, advierte que este fenómeno socava la confianza ciudadana y representa una amenaza a la seguridad.
Según el documento, la cleptocracia va más allá del enriquecimiento individual de políticos corruptos. Involucra la captura de instituciones públicas como empresas estatales y el uso de inversiones extranjeras opacas para financiar proyectos que benefician a los cleptócratas.
«La cleptocracia se ha incrustado más sistémicamente que el enriquecimiento de cleptócratas individuales», señala el informe. «El movimiento de fondos a través de canales cleptocráticos afecta el funcionamiento de los mercados y tiene consecuencias geopolíticas debido a las masivas cantidades de dinero que se canalizan desde cleptocracias a los mercados occidentales».
Uno de los vehículos de la cleptocracia son las empresas estatales deficientes en su gobernanza, que los gobiernos corruptos utilizan para extraer recursos. El estudio calcula que estas empresas representan globalmente 45 billones de dólares.
La captura de las empresas públicas permite sobornos y corrupción a gran escala. Un caso emblemático fue el escándalo de Petrobras en Brasil, donde se descubrieron pagos irregulares por miles de millones de dólares que permearon todo el sistema político latinoamericano.
Otro componente clave de la cleptocracia moderna es el uso de inversiones extranjeras opacas, denominadas «capital corrosivo», para que los cleptócratas se beneficien políticamente. China es señalada como un actor que aprovecha su posición de mayor acreedor mundial para obtener concesiones y control de activos en países en desarrollo.
¿Cómo combatir este flagelo global? El informe plantea una serie de recomendaciones basadas en transparencia, rendición de cuentas e innovación en políticas.
Entre las propuestas está aplicar registros públicos de beneficiarios finales para conocer quién posee realmente una empresa, y leyes como la Ley Magnitsky de EEUU que sanciona a cleptócratas. También se sugiere reformar la gobernanza de empresas estatales y hacer más transparentes las contrataciones gubernamentales.
Finalmente, se plantea implementar mecanismos de examen de inversiones extranjeras para detectar capitales que puedan facilitar la cleptocracia.
«No hay una fórmula única, pero seguir estos principios puede ayudar a fortalecer la democracia contra las fuerzas cleptocráticas», concluye el estudio. La colaboración entre gobiernos, empresa privada y sociedad civil será clave para contener este fenómeno que distorsiona la economía global.
