La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha denunciado este jueves la criminalización de la profesión periodística por parte del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acciones consideradas «un paso más a la consolidación de un Estado policial y dictatorial».

«En un acto deliberado e irresponsable, el presidente señala a tres periodistas: Bryan Avelar, Héctor Silva Ávalos y nuestro director de APES, Sergio Arauz, de haber recibido información confidencial dejando entrever que eso podría suponer un delito», reza un comunicado del organismo que hace referencia a las investigaciones que afectan al Gobierno de Bukele y al partido oficialista, Nuevas Ideas.

Para la APES, «este tipo de señalamientos contra las y los periodistas son un paso más a la consolidación de un Estado policial y dictatorial que, ante revelaciones de corrupción, utiliza todos los recursos a su disposición para perseguir a cualquier empleado o funcionario público sospechoso de compartir información que exponga el funcionamiento de la maquinaria de saqueo del erario público que funciona con total impunidad en este Gobierno».

Así, desde la asociación, han señalado que «el pronunciamiento del presidente funciona como una amenaza tácita a un eslabón imprescindible de la libertad de prensa» como son las fuentes de información: «Criminalizar a funcionarios y empleados públicos por sospechas de que han conversado con periodistas nos acerca más a sistemas de Gobiernos totalitarios como el de Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde el disenso se castiga con la cárcel».

La APES ha recordado al presidente y a los funcionarios que la prensa tiene como norma general «la reserva de la identidad» de sus fuentes, por lo que un Gobierno democrático está en la obligación de respetar dicho derecho, protegido tanto a nivel nacional como internacional.

Por otro lado, los periodistas han condenado «el desmantelamiento» del sistema de transparencia y la anulación de los mecanismos de control de gasto público, denunciando que el país «transita ante una opacidad sin precedentes» que, por tanto, «protege la corrupción de los cercanos al presidente de turno» y que, además, «persigue la de quienes se convierten en una potencial amenaza a la opacidad y a la impunidad» de la Administración.

En este sentido, han remarcado la necesidad de que existan procedimientos e instituciones que permitan que el Estado rinda cuentas, al tiempo que han mostrado su preocupación por que el manejo de la información reservada se limite a manos del mandatario.

Ante este comunicado, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha manifestado su preocupación por señalamientos contra periodistas «que socavan la protección de las fuentes, reconocida en tratados internacionales sobre libertad de expresión».

«La criminalización del ejercicio periodístico supone una amenaza para las democracias», ha agregado RSF a través de un comunicado en su perfil de la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Bukele publicó el miércoles un comunicado en el que informaba de «los avances de la investigación» contra el ex asesor de Seguridad Nacional del Gobierno Alejandro Muyshohdt, que habría actuado, según el mandatario, como «doble agente» para el ex presidente Mauricio Funes.

«Dentro de esas operaciones, ambos filtraban documentos clasificados y en varios casos modificados, a los periodistas Sergio Arauz (del diario digital El Faro), Bryan Avelar y Héctor Silva Ávalos, además de a un gobierno extranjero y a varios ciudadanos de otros países», señaló entonces Bukele.

El director de El Faro, Carlos Dada, reaccionó a la publicación del mandatario, subrayando que la política del medio «es no confirmar ni desmentir que una determinada persona haya servido de fuente a nuestros periodistas. Es la única manera de proteger a quienes depositan su confianza en nosotros».