El 1 de julio la Asamblea Nacional inicia un nuevo periodo legislativo. Una gran cantidad de temas han quedado en discusión entre ellos está el de la aprobación del contrato ley de Minera Panamá y el Gobierno.
Este tiene que pasar por la Asamblea para darle el visto bueno, pero las voces en contra y a favor del nuevo contrato son muchas.
El precandidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos es uno de ellos. El exmandatario recomienda a la Asamblea rechazarlo.
“No puede ser que un contrato con una empresa privada extranjera, determine por los próximos 40 años el uso de los fondos que son del Estado en última instancia”, indicó.
Torrijos alega que, el contrato tiene problemas en el sentido de que se pueden cobrar regalías, después de utilidades y lo considera como “un Panampa Ports dos”, que según él ha traído conflictos y obligado a renegociar contratos con otras épocas.
Además, considera que el texto podría ser corregido antes de llevarlo a la Asamblea y sometido a una verdadera consulta pública.
Torrijos apela a la conciencia social de los diputados para que lo rechacen y así no heredar dificultades a futuro.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) se ha pronunciado a favor del contrato ley First Quantum Mineral.
Contrario a los señalamientos en contra, el presidente de la Capac Carlos Allen, que está de acuerdo que en este nuevo contrato haya un nuevo intercambio de bienes y servicios, subcontratos en obras. Además, resalta que Minera Panamá genera más de 10 mil empleos directos en el país.
Allen alega que el nuevo contrato, hay un aumento a las regalías de un 12% al 16% en función de la ganancia bruta. También se introdujo el pago de impuesto sobre la renta, impuesto de dividento de remesas, el ITBMS, que son factores fundamentales para la economía del Estado.
Respecto al tema ambiental, indica que es positiva la figura del cierre ambiental que no existía en el contrato anterior, en donde Minera Panamá se compromete a presentarlo, implementarlo, a reforestar y hacer las indemnizaciones ecológicas fuera del proyecto.
Mediante un comunicado, la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresas (Apede), dijo que después de que el Estado panameño pasó por un proceso de negociación de un contrato minero, recomendó realizar una revisión integral del marco jurídico que regule la actividad minera en el país.
“El Estado panameño, luego de haber pasado por un proceso de negociación se aboque a una revisión integral del marco jurídico que regula la actividad minera. Los instrumentos que hoy son leyes de la República, dista mucho de la realidad que hoy se realizan estas actividades”, señala el comunicado.
Además, indica que “es imperante que el Gobierno garantice a los organismos fiscalizadores la capacidad presupuestaria, técnica y profesional necesaria para poder ejercer adecuadamente su rol de fiscalización. Además, de que ambas condiciones deben atenderse con prontitud, si se quiere que como país la actividad minera sea un pilar sostenible dentro del desarrollo económico” agrega.
