Ayer domingo 8 de enero comenzó el XII censo de Población y el VIII de Vivienda, ambos correspondientes a la presente década. Estaban programados para mayo de 2020, pero una serie de inconvenientes en las contrataciones públicas y el advenimiento de la pandemia con el subsiguiente confinamiento, retrasaron su ejecución.

Durante los próximos 60 días, unas 9 mil personas- entre empadronadores y supervisores- tendrán la responsabilidad de recabar y registrar la información, cada uno, de alrededor de 300 viviendas. Y a partir del próximo 15 de julio comenzarán a hacerse públicas las cifras preliminares que pondrán al país al tanto de cuál es el número definitivo de la población actual, estimada hoy entre 4.2 y 4.5 millones.

El que tal vez sea el beneficio más destacado de este conteo poblacional es que, al disponer de información detallada y precisa, resulta con más probabilidades de éxito la planificación de las estrategias para la materialización de nuevos y distintos polos de desarrollo ahí donde las condiciones estén dadas a lo largo del país. Conocer exactamente la ubicación y características de los habitantes nacionales permitirá, también, llevar a cabo las políticas de salud, de educación y la creación de las infraestructuras que se requieren para avanzar.

Este censo que recién comienza es, definitivamente, una herramienta de enorme valor para los pasos y las decisiones que la nación exige y, de su efectiva realización depende el rumbo que se tome en el futuro más cercano.