Algo huele a podrido…. ¡y no precisamente en Dinamarca!, sino mucho más cerca.

El país ha realizado esfuerzos notables para ubicarse como un “Home Port” en la industria de cruceros y labrarse un prestigioso sitial como destino dentro de este segmento turístico. Sin embargo, algunos elementos amenazan con echar a perder todo lo logrado hasta ahora, al colocar los intereses de sus particulares bolsillos por encima del interés nacional.

Desde el pasado mes de octubre, una empresa tiene el monopolio del despacho de combustible para todas las naves que arriban a la Terminal de Cruceros de Amador y a la de Colón. Además, en la gaceta oficial se publicó en septiembre de este año la Resolución 18765, que impone una tarifa de 5 dólares – más un cargo administrativo- para cada tripulante de cruceros. Durante la temporada 2017-2018, en Panamá desembarcaron 57 mil tripulantes, que representaron una inyección de 3.7 millones de dólares en la economía local.

El 7 de noviembre del año en curso, una organización compuesta por más de una veintena de líneas de cruceros se comunicó con el ministerio respectivo, dejando constancia de su disconformidad con las medidas impuestas y señalando que las mismas representan una amenaza “para todo lo que se ha logrado hasta ahora, para colocar al país como un destino para cruceristas”.

Este no es un desatino más, de los muchos que han copado el escenario criollo: es un desvergonzado atentado contra la credibilidad y la recuperación de una industria clave para el país. ¡Que se investigue de inmediato porque el tufo del escándalo ya trascendió las fronteras nacionales!