Naciones Unidas ha elevado este viernes a más de 14.000 los civiles ucranianos que han muerto o resultado heridos a causa de la invasión rusa, desencadenada el 24 de febrero por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cifra que incluye a más de 5.750 fallecidos desde el inicio de las hostilidades.

La jefa de la misión de supervisión de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner, ha indicado en una comparecencia telemática desde la ciudad de Odesa que el organismo ha podido confirmar hasta ahora 14.059 víctimas civiles, incluidos 5.767 muertos y 8.292 heridos, si bien ha incidido en que «se sabe que la cifra real es, con probabilidad, considerablemente más alta».

«Cada día hablamos con personas de todo el país y escuchamos a víctimas que han sufrido violaciones de los Derechos Humanos en el contexto del conflicto armado, que se recrudeció tras el ataque armado por parte de Rusia», ha explicado Bogner, que ha subrayado que hasta la fecha se han verificado además 416 detenciones arbitrarias o desapariciones forzosas en los territorios ocupados por las fuerzas rusas o grupos armados afiliados.

En este sentido, ha explicado que «del total, 16 han sido hallados muertos y 166 han sido liberados» y ha apuntado que también se han documentado 51 arrestos arbitrarios y otros 30 casos que «podrían equivaler a desapariciones forzosas» por parte de las autoridades ucranianas desde el estallido de la guerra.

«Hemos documentado un abanico de violaciones contra prisioneros de guerra. Se nos ha garantizado un acceso sin restricciones a centros de detención en el territorio controlado por el Gobierno de Ucrania, si bien Rusia no ha dado acceso a presos de guerra retenidos en su territorio o en el territorio bajo ocupación, incluidas áreas controladas por las Fuerzas Armadas y los grupos afiliados armados», ha argüido.

Bogner ha hecho hincapié en que «esto es preocupante, dado que se ha documentado que presos de guerra en poder de Rusia y retenidos por las Fuerzas Armadas rusas o grupos armados afiliados han sufrido torturas y malos tratos y debido a que en algunos lugares de detención carecen de comida adecuada, agua, sanidad e instalaciones higiénicas».

«Hemos recibido información sobre una dura situación a nivel sanitario en la colonia penal de Olenivka, donde muchos presos de guerra ucranianos han sufrido enfermedades infecciosas, incluidas hepatitis A y tuberculosis. Hemos documentado también muchos casos en los que prisioneros de guerra ucranianos no han tenido permiso para contactar a sus familiares para decirles que han sido capturados, su ubicación o hablarles sobre su salud», ha denunciado.

En esta línea, ha incidido en que el organismo «está siguiendo casos de muchas prisioneras de guerra embarazadas en lugares controlados por las Fuerzas Armadas rusas o grupos armados afiliados» y ha reclamado a Moscú que «considere la liberación inmediata de estas mujeres por motivos humanitarios».

Bogner ha indicado además que también se han documentado «casos de torturas y malos tratos a presos de guerra» en las zonas controladas por las autoridades ucranianas y ha dicho que estos abusos «tienen lugar habitualmente tras la captura, durante los primeros interrogatorios o el traslado a campos de internamiento». «Nuestra misión ha podido visitar un campamento de presos de guerra en Ucrania, si bien la mayoría siguen detenidos en instalaciones penitenciarias, lo que viola la norma que establece que los presos de guerra no deben ser internados en confinamiento», ha señalado.

Por otra parte, ha alertado del «deterioro significativo» de la situación en la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y ha resaltado la imposición de «restricciones al ejercicio de las libertades fundamentales, torturas y malos tratos, desapariciones forzosas y arrestos arbitrarios, violaciones del derecho a un juicio justo y ausencia de rendición de cuentas por estos abusos de los Derechos Humanos».

«Nos preocupa que el patrón de violaciones de los Derechos Humanos documentados en Crimea desde 2014 pueda repetirse en el territorio recientemente ocupado por Rusia en Ucrania», ha apuntado, antes de señalar que desde marzo se han documentado 89 procesos contra personas en Crimea por «acciones públicas dirigidas a desacreditar a las Fuerzas Armadas de Rusia».

«Hemos documentado arrestos arbitrarios y torturas de individuos detenidos en la región de Jersón, ocupada por las fuerzas rusas, y trasladados a Crimea. Además, los hombres que cruzan la frontera administrativa desde Ucrania han sido sometidos a la llamada ‘filtración’ por el Servicio Federal de Seguridad en puestos de control. Según informes creíbles recibidos por nuestra misión, esto los expone al riesgo de desaparición forzosa, arresto arbitrario, tortura y malos tratos», ha puntualizado.

Asimismo, ha alertado de que «los tártaros de Crimea siguen haciendo frente a intimidación y acoso, redadas policiales, procesos judiciales bajo cargos de terrorismo y extremismo que a menudo no cumplen con los estándares de Derechos Humanos» y ha agregado que «tártaros detenidos siguen siendo deportados a áreas remotas de Rusia para cumplir sus condenas».

Por último, Bogner ha asegurado que la misión que encabeza «seguirá documentando e informando sobre los hechos en el terreno y las voces de las víctimas» y ha defendido que «esto es una parte esencial a la hora de intentar evitar nuevas violaciones y lograr que los responsables rindan cuentas por las violaciones ya cometidas» en el marco del conflicto armado.