Mientras naufraga el sistema de pensiones, el endeudamiento incontrolado pone en riesgo el futuro del país y el fantasma de la recesión hace amagos en el escenario global, las hordas conformadas por diputados, alcaldes, representantes y sus suplentes se lanzan sobre las arcas públicas en lo que no puede ser calificado sino como un atraco desvergonzado en contra de todos los panameños.

Presionados por el creciente rechazo ciudadano por la reinstauración del doble salario, la propuesta de ley 890 fue modificada para que los ejercían dos puestos en el aparato estatal y fueron afectados por la eliminación de las licencias con sueldo, ahora puedan elegir la remuneración más elevada aunque no ejerzan en la institución que se las realiza. También la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 868 que faculta a los gobiernos locales para que destinen el 100 por ciento del Impuesto de Bien Inmueble al pago de planillas y contratos y no a las inversiones como estipula originalmente la Ley de Descentralización. Por si no fuera suficiente con estos mamotretos, un mayoritario grupo de representantes de corregimientos exigen un aumento salarial de mil balboas mensuales. Y para completar el despojo, avanza también el proyecto de ley 888 que mantiene el crédito fiscal comprendido entre el 60 y el 100 por ciento de las inversiones turísticas hechas fuera del distrito de Panamá. Tal como está planteada, esta norma significa unos mil 500 o 2 mil millones de dólares que se dejarán de percibir en los ingresos del Estado favoreciendo los bolsillos de un pequeño grupo de privilegiados.

Ante el asalto ejecutado por estas bandas que desvirtúan el servicio público y alimentan irresponsablemente el desencanto hacia la democracia, más que nunca se necesita de una ciudadanía vigilante y, sobre todo, dispuesta a plantar cara a quienes atentan contra la estabilidad y el futuro de Panamá.