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Etiqueta: privilegiados

La cueva…

El Parlacen es un organismo regional que busca promover la integración y cooperación entre los países de Centroamérica y, durante los últimos años, la permanencia de Panamá en el mismo ha sido objeto de controversia. Muchos panameños cuestionan los nulos beneficios que el país obtiene al ser parte de este organismo, especialmente cuando solamente destaca por brindar refugio a funcionarios con sospechas o procesos legales por casos de corrupción. En teoría, el organismo de marras debería ser un foro para el debate y la toma de decisiones en temas políticos, económicos, sociales y culturales que afectan a la región. Sin embargo, en la práctica, parece funcionar únicamente como un refugio para políticos y funcionarios de trayectoria zigzagueante y principios éticos ausentes.

Tras ser juramentados por la institución, una pequeña casta de privilegiados sale del dominio de la justicia ordinaria de sus respectivas naciones, como ha sido el caso panameño ocurrido recientemente. El hecho de pasar a responder ante la Corte Suprema, además de retrasar los procesos, alimenta las suspicacias de un país donde la credibilidad en el sistema legal anda por los suelos. Y aunque algunos pregonan a voz en cuello la necesidad de reformar el Parlamento Centroamericano para que responda a las necesidades de la población, aún queda por ver si estas reformas se llevarán a cabo y si lograrán restaurar la confianza en este organismo.

El gobierno panameño ha defendido su permanencia en la controversial institución, argumentando que el organismo es importante para la integración regional. Sin embargo, la población panameña no está convencida de esos argumentos. El ciudadano de a pie cree que es una organización corrupta que no sirve a los intereses de Panamá. En las condiciones actuales, salir del Parlacen sería un paso importante para la lucha contra la corrupción. Enviaría un mensaje contundente y claro a la población panameña de que el gobierno está comprometido con la transparencia y la justicia.

El frágil pilar de la democracia: ¿es confiable nuestra justicia?

Si se mencionan las palabras “justicia” y “credibilidad” en la misma oración, a muchos se nos viene a la cabeza una carcajada sarcástica. Y no es para menos. Según el informe de Transparencia Internacional de 2020, más del 60 por ciento de los ciudadanos en algunos países de Latinoamérica desconfían de su sistema judicial. ¿Qué ha pasado para que lleguemos a tal extremo? Es evidente que el fallo en la credibilidad de la justicia está erosionando los cimientos de la democracia que tanto nos ha costado construir.

Por supuesto, no es cosa de ayer. Durante años, hemos sido testigos de escándalos judiciales, de funcionarios de los tribunales metidos en berenjenales oscuros, de decisiones y arreglos de recámara que socavan la fe ciudadana en el sistema de justicia. No podemos obviar la relación entre la falta de credibilidad y la corrupción. Diversos informes y estadísticas dejan muy en claro que las naciones con sistemas judiciales débiles tienen mayores tasas de corrupción y menores niveles de desarrollo humano; lo que deriva en una democracia a medias, donde la balanza de la justicia se inclina según sople el viento o dependiendo de cuán grueso sea el sobre.

Con todo lo anotado, es vital hacer una llamada de atención. La justicia es uno de los pilares básicos de cualquier democracia. Si este pilar se tambalea, es probable que todo el edificio termine derrumbándose. Nuestra democracia es tan fuerte como el eslabón más débil de su cadena. Hoy, ese eslabón parece ser el sistema judicial; burlado, una vez más, por fueros que eximen a algunos privilegiados de rendir cuentas como lo tiene que hacer el resto de los ciudadanos.

Confiar en la justicia no debería ser un acto de fe, sino una certeza. Pero no puede haber certeza donde los fueros y privilegios, prohibidos por mandato constitucional, pervierten las leyes y los procesos donde cada cual rinde cuentas y se hace responsable de sus acciones.

El reino de la imagen

Cuando aquellas instituciones indispensables para lograr un gobierno transparente se obsesionan por la forma sacrificando la sustancia, la democracia inicia un lamentable e irreversible declive que pone en juego su subsistencia. Esa adicción a la “imagen”, a la foto mediática, al mercadeo político carente del sustento de las acciones y de la gestión efectiva, no logra sino aumentar la incredulidad de los ciudadanos.

En una de sus últimas alocuciones, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) advirtió que “la Contraloría General de la República tiene que cumplir en todo momento con su deber legal de auditar y fiscalizar el manejo que se les dé a los fondos estatales, no hacerlo oportuna e imparcialmente la hace cómplice de estos despilfarros”. La historia reciente, de preocupación por la imagen y de paños tibios, no deja lugar a dudas que- en las cuestiones claves- la Contraloría renegó de las dos funciones señaladas: auditar y fiscalizar. Ahí está para sostenerlo el manejo dado a los indignantes “gastos de movilización”: una hemorragia millonaria que, en medio del desastre económico ocasionado por la pandemia, no se trata ya de determinar el destino dado a esas fortunas, se trata de quitarlo de las manos dilapidadoras de alcaldes y representantes y destinarlo a renglones donde contribuya al bienestar general y no únicamente al beneficio de unos pocos privilegiados.

Después de semanas que fuera conocida la infamia de los mencionados gastos, el máximo jerarca de la institución “fiscalizadora”, sumergido en un estudio sobre el susodicho derroche, anuncia que compartirá los “avances” a los que se ha llegado en las pesquisas. Pero no camina solo en esta trocha de inoperancia y obsesión por la “imagen”; le acompaña otra institución que, en un reflejo compartido reacciona también cuando los escándalos sacuden la tribuna nacional. Sobre esa entidad señaló, también la CCIAP: “la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) tiene la responsabilidad de ser proactiva y actuar según se lo exige la ley, no puede esperar a que exploten investigaciones periodísticas para entonces reaccionar y actuar”.

Los hechos son contundentes: para algunos jerarcas públicos la imagen pesa más que el contenido y la percepción más que los resultados. En semejante escenario no se puede esperar otra cosa distinta al declive de la democracia.