«Si se renovara el mandato, los expertos podrían continuar reuniendo evidencias sobre las graves violaciones de Derechos Humanos que todavía se cometen, (en Venezuela). Podrían reportar sobre las dinámicas en el país y proveer recomendaciones necesarias», han señalado en un comunicado conjunto.

Así, las ONG firmantes, entre las que figuran Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), han señalado que la misión es necesaria por la falta de implementación de las recomendaciones de la misión por parte de las autoridades, así como por las condiciones estructurales de impunidad o la falta de mecanismos internos de reparación.

«Los gobiernos latinoamericanos deberían encabezar nuevamente esta iniciativa para promover medidas de rendición de cuentas y los esfuerzos de monitoreo en curso, además de urgir a todos los estados miembros de la ONU a renovar el mandato», han dicho.

«Frente a un gobierno venezolano que no responde seriamente a las recomendaciones, la misión ha avanzado en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sobrevivientes de violaciones», han agregado.

Las ONG han argumentado que, en vistas a las elecciones presidenciales de 2024, así como las legislativas y regionales de 2025, la misión puede tener un «papel clave» para disuadir la represión gubernamental, que en los últimos períodos electorales «ha alcanzado niveles máximos».

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció este mecanismo para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. En 2020, el mandato inicial de un año que se había otorgado a la misión se extendió por otros dos años, hasta septiembre de 2022.