El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, John Roberts, ha confirmado este martes la autenticidad del borrador que anula el histórico fallo de ‘Roe vs. Wade’, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, que se ha filtrado a la opinión pública.

Roberts, que ha subrayado que no se trata de una decisión final, ha ordenado la apertura de una investigación sobre la filtración, y ha indicado que la «traición» pretende «socavar la integridad» del trabajo del tribunal. En un comunicado, ha asegurado que las labores del Supremo «no se verán afectadas de ninguna manera».

El Tribunal Supremo comparte borradores internamente antes de hacerlos públicos, ha destacado su presidente, que ha señalado que se trata de algo «rutinario» y «una parte esencial del trabajo deliberativo confidencial» de la corte, ha recogido la prensa estadounidense.

Por ello, Roberts, que ha resaltado que los empleados de la corte tienen una «tradición ejemplar» de respetar la confidencialidad del proceso judicial, ha lamentado que se trata de una violación «singular y atroz» de esta confianza y una «afrenta al tribunal y los servidores públicos» que allí trabajan.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha votado en privado para anular el histórico fallo de Roe versus Wade, que reconoció por primera vez el derecho de las mujeres al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se lleva usando en el país desde 1973.

En un documento de 98 páginas, escrito por el juez Samuel Alito, la mayoría de miembros del Tribunal Supremo habrían decidido anular el histórico fallo, que establece el derecho constitucional al aborto, lo que podría transformar el panorama de la salud reproductiva de millones de mujeres en Estados Unidos, según un borrador filtrado por ‘Politico’.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha subrayado durante esta jornada que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es «fundamental» y ha cuestionado que el Tribunal Supremo pueda anular la sentencia sobre la que se sustenta, en aras tanto de la «justicia básica» como de la «estabilidad» legal.