El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

El Artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».

«Las condiciones se mantienen. Necesitamos más tiempo para seguir erradicando (las pandillas)», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, agregando que desde el 27 de marzo se han detenido a 35.000 ciudadanos vinculados a estos grupos y más de 26.000 están en detención provisional dictada por orden de un juez.

Villatoro también ha precisado que «nunca en 30 años se había enfrentado así a las pandillas». «Es un cáncer que no se erradica con dos tratamientos de quimioterapia», ha indicado el titular de la cartera de Seguridad, según un comunicado.

«Hemos sido bien claros como Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele: todas las voces disonantes no van a hacer cambiar nuestra estrategia. Si les molesta que los tres poderes del Estado empaten con las necesidades de la gente, entonces definan nuevamente la democracia», ha agregado.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.