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El Salvador duplica el número de presos desde el inicio del estado de excepción

El Salvador duplica el número de presos desde el inicio del estado de excepción

De acuerdo con cifras de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), hasta principios de marzo las cárceles salvadoreñas alojaban a algo más de 39.500 presos, sin embargo, las autoridades gubernamentales han informado de la detención de más de 40.000 personas desde entonces, tal y como recoge el diario ‘La Prensa Gráfica’.

Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, hasta el pasado fin de semana la Policía de El Salvador había capturado a 40.016 personas en el marco de un estado de excepción que capacita al Gobierno para suspender ciertas libertades y garantías.

«Estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Hemos superado 40,000 arrestos de terroristas. Este es un momento único en la historia de El Salvador», publicó el sábado el Ministerio en su página web después de anunciar la detención de otros 119 supuestos criminales.

Sin embargo, aunque las autoridades celebran la efectividad de su campaña contra la delincuencia, organismos internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la ONG Amnistía Internacional han trasladado su preocupación por los últimos acontecimientos.

Según estas organizaciones, el estado de excepción no hace más que incrementar el riesgo de las detenciones arbitrarias, a la par que han denunciado la cifra de presos muertos bajo custodia de las autoridades penitenciarias.

Además, colectivos salvadoreños han puesto el foco sobre las condiciones en las cárceles, denunciando el hacinamiento de los presos. Según Húber Romero, de la asociación Azul Originario, la situación de superpoblación en las cárceles había disminuido hasta el decreto del estado de excepción, que ha hecho que el sistema penitenciario «haya llegado al límite».

«Creemos que el hecho de que estén muriendo bastantes personas privadas de libertad, 43 hasta el día de ahora, es un indicador de que las condiciones al interior son poco favorables para que las personas puedan mantenerse con vida», ha zanjado.

La ONU lamenta que el estado de emergencia en El Salvador aumente el riesgo de detención arbitraria

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Asimismo, las posteriores reformas de la legislación penitenciaria ha aumentado también la posibilidad de que los detenidos sean torturados, según ha advertido Bachelet en su discurso de apertura del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Las autoridades de El Salvador decretaron a finales de marzo el estado de excepción debido a una importante ola de violencia que azotaba el país centroamericano. Esta medida ha sido prorrogada en varias ocasiones, la última de ellas a finales de mayo, cuando se prolongó por otros 30 días.

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías. De hecho, desde el inicio de la medida de excepción, las autoridades de seguridad han detenido a más de 38.000 presuntos pandilleros.

Esta elevada cifra de detenciones genera, según Bachelet, «preocupación sobre el respeto a las garantías del debido proceso». Una muestra de esto son los, al menos, 21 decesos bajo custodia policial confirmados por fuentes oficiales.

De hecho, tres presos han muerto en las últimas 72 horas en el Complejo Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, en el oeste del país, según recoge el diario salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto con otras organizaciones, ha mostrado su preocupación por la medida aprobada por el Gobierno salvadoreño, al que ha instado a que garantice también políticas penitenciarias que respeten los derechos fundamentales.

A principios de junio, Amnistía Internacional (AI) cifró en al menos 18 los presos muertos bajo la tutela del Estado desde la declaración del estado de emergencia. El organismo ha denunciado también numerosas detenciones arbitrarias, así como privaciones ilegales de la libertad y de garantías judiciales.

Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba extender 30 días más el estado de excepción en el país

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El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público».

Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

El Artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».

«Las condiciones se mantienen. Necesitamos más tiempo para seguir erradicando (las pandillas)», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, agregando que desde el 27 de marzo se han detenido a 35.000 ciudadanos vinculados a estos grupos y más de 26.000 están en detención provisional dictada por orden de un juez.

Villatoro también ha precisado que «nunca en 30 años se había enfrentado así a las pandillas». «Es un cáncer que no se erradica con dos tratamientos de quimioterapia», ha indicado el titular de la cartera de Seguridad, según un comunicado.

«Hemos sido bien claros como Gabinete de Seguridad del presidente Nayib Bukele: todas las voces disonantes no van a hacer cambiar nuestra estrategia. Si les molesta que los tres poderes del Estado empaten con las necesidades de la gente, entonces definan nuevamente la democracia», ha agregado.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

Partido de Bukele apoyaría una nueva prórroga al estado de excepción

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El jefe de la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa, Christian Guevara, ha matizado que «faltan algunos días» para que concluya la anterior ampliación de la medida, pero ha asegurado que si el Ejecutivo lo solicita, el órgano «lo va a analizar con gusto». «A nosotros no nos va a temblar la mano con los criminales», ha garantizado.

Guevara, según ha recogido el diario salvadoreño ‘El Mundo’, ha enfatizado que no habrá «ni perdón ni olvido» por los crímenes cometidos por las pandillas, a las que ha tildado de «cáncer para la sociedad». Con uno que quede libre, comienza esa metástasis otra vez», ha lamentado.

Así, ha valorado la efectividad del estado de excepción en el campo de las detenciones, que el jueves superaron las 28.300, según datos de las autoridades salvadoreñas.

De forma paralela, Guevara a criticado a los partidos de la oposición, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que han manifestado su rechazo a las detenciones arbitrarias en el marco del estado de excepción.

«Creo que lo único que ellos han hecho ha sido estorbar, ponerse del lado de los pandilleros, mandarle un mensaje político», ha indicado, antes de subrayar que ambas formaciones «están apostando a que sus votantes fieles sean las familias de las maras, las familias de los criminales, las familias de los pandilleros».

Por su parte, el diputado de Arena Rodrigo Ávila ha considerado que, aunque se hayan producido muchas detenciones, el régimen de excepción se ha llevado a cabo de manera «improvisada».

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, no descartó el jueves que las autoridades salvadoreñas amplíen nuevamente el estado de excepción. La Asamblea Legislativa ya aprobó una primera prórroga, que se extenderá hasta el 25 de mayo.

El Gobierno salvadoreño reconoció el lunes la muerte de al menos once personas detenidas en el marco del estado de excepción. Durante este periodo, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

estado de excepción

El Salvador aprueba la ampliación del estado de excepción

Así, con cinco votos en contra, tres abstenciones, nueve ausencias y 67 votos a favor ha quedado aprobada la prórroga de 30 días «para continuar brindando seguridad y protección a la población salvadoreña», ha dicho en un comunicado la Asamblea.

«Debemos crear los marcos legales necesarios para prolongar por 30 días más el régimen de excepción que este país necesita. Por primera vez en la historia de este país se han hecho acciones serias que no han tenido precedente. Son acciones que no van a quedar hasta aquí, que van a seguir», ha manifestado el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«La Constitución exige que el régimen de excepción sea aprobado por dos tercios de los diputados y tres cuartos (de los diputados) para aprobarlo en toda su extensión. Y fue aprobado por más, por 67 de los 84 (80 por ciento de los diputados). La definición de democracia», ha comunicado Bukele en su perfil de Twitter.

A medianoche de este lunes, 26 de abril, vencía el primer estado de excepción aprobado el 27 de marzo, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa ha convocado una sesión plenaria urgente. «Hemos concluido la plenaria extraordinaria número siete», ha dicho Castro en su perfil de Twitter tras aprobarse la medida.

«Para asegurar la paz y la tranquilidad en el país, aprobamos un decreto que permitirá al Gobierno proporcionar las herramientas necesarias para continuar el combate contra estos grupos delincuenciales, que tanto luto han causado a miles de familias», ha dicho la Asamblea Legislativa en redes sociales.

En los primeros 30 días de estado de excepción, las autoridades han detenido a más de 16.000 pandilleros y colaboradores, según cifras del la Policía Nacional Civil.

El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público». La oposición ha criticado que no se puede recurrir a esta medida por un problema de delincuencia común.

El artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».

Según cifras oficiales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros activos en el territorio salvadoreño y hasta la madrugada de este sábado, tras 29 días de operativos antipandillas, la Policía Nacional Civil ha dado cuenta de 16.053 detenidos durante el régimen de excepción. Hasta 590 de estas detenciones ocurrieron el sábado.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.

homicidios en El Salvador

ONU muestra su «preocupación» por la oleada de homicidios en El Salvador

Así, el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, ha resaltado en un breve comunicado que la ONU «su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura y confía en que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el Derecho y las normas internacionales de Derechos Humanos».

La Policía de El Salvador detuvo durante el fin de semana a cerca de 600 personas por el alza de los homicidios en el país centroamericano, mientras que el presidente del país, Nayib Bukele, resaltó que «el régimen de excepción durante 30 días, prorrogables» y manifestó que los pandilleros «no saldrán libres».

La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el domingo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que el sábado dejó más de 60 muertos. La ola de crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el mandatario ha prometido atajarla de raíz.

Bukele, abocado a un equilibrismo legal para optar a la reeleccion en El Salvador

El Salvador aprueba el estado de excepción para combatir la ola de homicidios

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del hemiciclo (un 80 por ciento) por 13 ausencias y cuatro abstenciones, según el parte de sesiones recogido por ‘La Prensa Gráfica’.

Este sábado la Policía Nacional Civil ha confirmado 62 muertes violentas dentro de una ola de crímenes en ascenso desde principios de año que el mandatario ha prometido atajar de raíz.

Así pues, durante 30 días el Gobierno queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.

La declaración ha sido criticada por la oposición, que tacha el régimen de excepción como «antidemocrático» y como «una violación de los Derechos Humanos» de los pandilleros, según ‘La Prensa Gráfica’.

El presidente Nayib Bukele había defendido previamente la aplicación de la norma, ya que «será aprobada por una Asamblea legítima y democráticamente electa», dentro de «las reglas del sistema que ellos dicen defender», como ha reiterado en su cuenta de Twitter.

«Diputados de cinco partidos políticos diferentes, incluso férreos opositores. Todo dentro del marco constitucional, de acuerdo al artículo 29. Nada que alegar en contra», ha hecho saber.