«Hoy en El Salvador: 8.30 am: Bukele pidió por Twitter que se investigue al juez Godofredo Salazar porque ordenó la liberación de presuntos pandilleros. 2.30 pm: la Corte Suprema ordenó el traslado del juez Salazar a otro juzgado. El Estado de derecho ha muerto en el país», ha publicado en Twitter el investigador para las Américas de HRW Juan Pappier.

Así, HRW denuncia que Bukele «intimida abiertamente a los jueces que no deciden cómo a él se le antoja». «Una demostración más de su desprecio absoluto por el Estado de derecho», ha espetado.

En respuesta, Bukele ha publicado en Twitter la frase «Homeboys Rights Watch», en referencia a una de las pandillas más importantes del país. Para Bukele, HRW busca «ver a nuestro pueblo desangrarse, ese es su negocio», ha informado el diario salvadoreño ‘El Mundo’.

Esta es la segunda ocasión en apenas una semana en la que Bukele y HRW intercambian mensajes de denuncias y acusaciones. El jueves, la directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas, Tamara Taraciuk, «condenó» y reclamó por lo que consideró «ataques infundados por el presidente Bukele contra defensores de derechos humanos que se pronuncian sobre sus abusos» después de que el mandatario señalara a la organizaciones defensoras de Derechos Humanos porque «no se interesan por las víctimas. Solo defienden asesinos, como si disfrutaran ver los baños de sangre».

Taraciuk señalaba los comentarios de Bukele, que «evidencian el nivel de intolerancia de Nayib Bukele y su descarado esfuerzo por cerrar espacios democráticos».

Falta de garantías judiciales

También la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha reprochado a Bukele en una carta abierta que se estén incumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos.

«Sin duda, la crítica situación de violencia que ha enfrentado el país por años, demanda acciones urgentes que protejan la vida y la integridad de las personas frente a la criminalidad», apunta Guevara. «Sin embargo, muchas de las acciones que las autoridades salvadoreñas han implementado hasta el momento son inadmisibles y de ninguna forma están justificadas», denuncia.

En concreto, Amnistía considera que las normativas aprobadas «contienen preceptos que violan de forma flagrante los derechos al debido proceso y las garantías judiciales».

Los cambios permiten sentencias sin presencia de imputados, un tipo de juicio que considera injusto. Una persona puede quedar privada de libertad a la espera de una decisión sin que se compruebe su culpabilidad y permiten que los juicios se lleven a cabo desconociendo la identidad de los jueces.

Asimismo establece penas de 20 a 30 años de prisión para personas que «reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones», lo cual no cumple requisitos del principio de legalidad.

Según la organización internacional, este régimen impide que los detenidos puedan impugnar las acusaciones y que tengan un juicio justo. Esto, señala, podría impedir que las víctimas tengan justicia.

«Las violaciones de derechos humanos no pueden ser la solución a la violencia, solo profundizan la grave situación, generando un contexto de abusos y arbitrariedades, del cual no hay retorno», ha remachado Guevara.