Así, con cinco votos en contra, tres abstenciones, nueve ausencias y 67 votos a favor ha quedado aprobada la prórroga de 30 días «para continuar brindando seguridad y protección a la población salvadoreña», ha dicho en un comunicado la Asamblea.

«Debemos crear los marcos legales necesarios para prolongar por 30 días más el régimen de excepción que este país necesita. Por primera vez en la historia de este país se han hecho acciones serias que no han tenido precedente. Son acciones que no van a quedar hasta aquí, que van a seguir», ha manifestado el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro.

«La Constitución exige que el régimen de excepción sea aprobado por dos tercios de los diputados y tres cuartos (de los diputados) para aprobarlo en toda su extensión. Y fue aprobado por más, por 67 de los 84 (80 por ciento de los diputados). La definición de democracia», ha comunicado Bukele en su perfil de Twitter.

A medianoche de este lunes, 26 de abril, vencía el primer estado de excepción aprobado el 27 de marzo, por lo que el presidente de la Asamblea Legislativa ha convocado una sesión plenaria urgente. «Hemos concluido la plenaria extraordinaria número siete», ha dicho Castro en su perfil de Twitter tras aprobarse la medida.

«Para asegurar la paz y la tranquilidad en el país, aprobamos un decreto que permitirá al Gobierno proporcionar las herramientas necesarias para continuar el combate contra estos grupos delincuenciales, que tanto luto han causado a miles de familias», ha dicho la Asamblea Legislativa en redes sociales.

En los primeros 30 días de estado de excepción, las autoridades han detenido a más de 16.000 pandilleros y colaboradores, según cifras del la Policía Nacional Civil.

El régimen de excepción supone la suspensión de algunas garantías constitucionales y se puede aplicar «en casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general o de graves perturbaciones del orden público». La oposición ha criticado que no se puede recurrir a esta medida por un problema de delincuencia común.

El artículo 30 la Constitución establece que el plazo de suspensión de las garantías constitucionales «no excederá de 30 días». Transcurrido este plazo podrá prolongarse la suspensión, por igual periodo y mediante nuevo decreto «si continúan las circunstancias que la motivaron».

Según cifras oficiales, la Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros activos en el territorio salvadoreño y hasta la madrugada de este sábado, tras 29 días de operativos antipandillas, la Policía Nacional Civil ha dado cuenta de 16.053 detenidos durante el régimen de excepción. Hasta 590 de estas detenciones ocurrieron el sábado.

Human Rights Watch (HRW) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han manifestado su preocupación por la imposición del estado de excepción en El Salvador, a lo que Bukele ha respondido que estas organizaciones «defienden a los pandilleros». Mientras, Naciones Unidas ha mostrado asimismo preocupación por la ola de homicidios en el país centroamericano.