En una rueda de prensa desde Ginebra, la líder de la misión, Matilda Bogner, ha resaltado que más de mil civiles han muerto y al menos 1.650 han resultado heridos –cifras incompletas porque la ONU no cuenta con datos completos de áreas de combate, como Mariúpol– y ha afirmado que la magnitud de las bajas y los daños de bienes civiles sugieren que se han violado los principios de distinción y proporcionalidad, así como la prohibición de realizar ataques indiscriminados.
Como ejemplo, ha citado que el 3 de marzo murieron 47 civiles debido a la destrucción de dos escuelas y varios edificios de apartamentos en Chernígov, aparentemente causada por ataques aéreos rusos. También ha mencionado la destrucción del hospital en Mariúpol, señalando que «lo más probable» es que fuera responsabilidad de las fuerzas rusas.
En este contexto, también ha afirmado que la misión, establecida en 2014, está investigando denuncias de bombardeos «indiscriminados» por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas en Donetsk y otros territorios controlados por las autoproclamadas repúblicas.
«Estos ataques causan un sufrimiento humano inconmesurable y pueden constituir crímenes de guerra», ha incidido, antes de apuntar también que se ha confirmado el uso de bombas de racimo por parte de las fuerzas rusas y probablemente también por las ucranianas. Esto también equivaldría a violaciones del Derecho Internacional humanitario.
Bogner también ha señalado que han recibido denuncias de que las fuerzas rusas han matado a civiles en reuniones pacíficas, igual que asesinatos de civiles en territorio controlado por el Gobierno ucraniano, debido a su supuesta afiliación con las fuerzas rusas o su apoyo a puntos de vista prorrusos.
Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas
Además, ha detallado que la misión ha documentado 22 casos de detención arbitraria y desaparición forzada de funcionarios locales en regiones bajo el control de las fuerzas rusas. Trece de ellos han sido liberados posteriormente.
El grupo ha registrado también la detención arbitraria y la desaparición forzada de 15 periodistas y activistas de la sociedad civil que se han opuesto a la invasión de las regiones de Kiev, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, y está en el proceso de verificar la liberación de cinco de esos periodistas y tres activistas.
En este sentido, ha subrayado los peligros «cada vez mayores» a los que se enfrentan los periodistas y trabajadores de medios de comunicación al desempeñar su labor y ha especificado que, hasta ahora, han sido asesinados, doce han sufrido ataques armados, seis están heridos y uno ha desaparecido.
Por otra parte, Bogner ha expresado «preocupación» por los vídeos que muestran a prisioneros de guerra interrogados después de ser capturados por las fuerzas ucranianas y rusas. «Los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad, no sometidos a actos de violencia y protegidos contra los insultos y la curiosidad pública», ha recalcado.
Palizas a ladrones, contrabandistas o simpatizantes prorusos
Además, ha mencionado «alarmada» que, desde la incursión de Rusia en el territorio controlado por Ucrania, se golpea a las personas que se cree que son ladrones, contrabandistas, simpatizantes prorrusos o infractores del toque de queda.
«Hemos recibido denuncias creíbles de más de 40 casos de malos tratos por parte de agentes de Policía, miembros voluntarios de las fuerzas de defensa y otros», ha precisado.
Además, ha llamado la atención sobre la «difícil» situación de los grupos de población vulnerables ya antes de la guerra, como las personas con discapacidad o los enfermos que no pueden acceder a medicamentos esenciales.
Asimismo, ha pedido a todas las partes «garantizar corredores seguros para la evacuación de civiles de áreas peligrosas y para emitir la entrega oportuna de asistencia humanitaria a la población civil de todo el país». Por último, se ha hecho eco de las palabras del secretario general de la ONU, António Guterres, que ha dicho que esta guerra no va a ninguna parte. «Es momento de detener la lucha ya», ha concluido.
