Decir en la presentación de motivos que “para el gobierno la correcta administración de la cosa pública es la principal función (…)”, define al proyecto de ley 550 como lo que realmente es: un chiste político de muy mal gusto. Porque dicha ley, a pesar de maquillarla como “el marco regulatorio general para patronatos, consejos de gestión pública, comisiones, programas y otras entidades similares creadas por el Estado” lo que pretende tras bastidores es un aumento de la cuota de poder gubernamental e introducir la politización reinante en unos organismos que llevaban la tarea con niveles de eficiencia arriba del promedio.

La mencionada ley destaca por ser inconsulta: las discusiones de la misma a lo interno del órgano legislativo iniciaron desde febrero de 2021 y, hasta marzo de 2022 en que es aprobada, no se sometió a consulta con el resto de los involucrados en el tema. Con la nueva norma, al ministro – que ya estaba presente en la estructura de los patronatos- se le suman dos nuevos integrantes: el jefe de la región de salud del área y un representante de la Caja de Seguro Social. La pregunta que esto último impone es ¿qué puede aportar una institución como la CSS que no ha podido resolver ni sus propios problemas y que son muchos?

Si algo funciona con un destacado nivel de eficiencia, cambiarlo no se deriva de un sano razonamiento lógico. Los patronatos, como toda creación humana, requieren de ajustes, de mejoras, de un perfeccionamiento y actualización continuos; pero, si se tiende la mirada al resto del sistema de salud, es innegable que este mejoramiento no es la motivación que impulsa dicha ley. Ahí tenemos, para muestra, la ineficiencia desnudada por los recientes hechos ocurridos en la entrega de cupos para servicios de radiología de una institución manejada, precisamente, por la Caja, que ocupará una silla en los patronatos.

La ley de marras lo único que logrará será fundir los patronatos y las instituciones que manejan, con el resto del sistema estatal de salud donde lo que rige es la burocracia, la ineficiencia y la pésima atención al usuario. De aquí en poco tiempo, serán los intereses y las manipulaciones, y no los criterios técnicos, los que definirán las decisiones en las instituciones de salud que con esta ley caen en la órbita insaciable de los políticos de turno.