Ni el populismo ni la improvisación son buenas consejeras al momento de afrontar cualquier gran crisis: y la de la Caja de Seguro Social es una de proporciones mayúsculas. Cualquier medida que se tome al calor de intereses ajenos a la solución del problema, tendrá consecuencias catastróficas.

La asignación del 50 por ciento de los ingresos mínimos anuales del contrato minero- que representa unos 190 millones de dólares al año- para el subsistema de beneficio definido de la Caja de Seguro Social, resulta para muchos entendidos una medida basada estrictamente en criterios políticos, pensando más en réditos inmediatos de imagen y carente de estudios técnicos que respalden tal decisión. Porque se destina, además, el 20 por ciento de los nuevos ingresos resultantes de la minería para llevar el monto de las pensiones mínimas desde 255 hasta los 350 dólares mensuales, sin explicar el alcance y las consecuencias financieras de dicho aumento dentro de la frágil situación actual de la institución.

El subsistema de beneficio definido de la Caja, paga anualmente 2 mil millones de dólares en pensiones y arrastra un déficit que supera los mil millones cada año. En la estructura del IVM, la generación que trabaja y cotiza actualmente paga una parte de las pensiones de los que ya están retirados; la parte que no logran cubrir estos ingresos se financia echando mano de la reserva financiera del programa, lo que ha provocado el constante agotamiento de estos ahorros. Se prevé que para el año 2024 se habrán consumidos totalmente.

A lo largo de los últimos años, ha quedado claro que cualquier solución planteada con respecto a la institución tiene que apuntar a la sostenibilidad en el tiempo: las opciones planteadas son diversas, pero todas coinciden en señalar como requisito obligatorio la autosuficiencia financiera del sistema. Y las asignaciones proclamadas son, a criterio de diversos expertos, un parche efímero que no resuelve los graves problemas estructurales de un sistema quebrado e insostenible, sin posibilidades de perdurar más allá de un par de años si no se toman las medidas que correspondan luego de un análisis y de un debate serio… sin segundas intenciones.