En el numeral 1 del artículo 14, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece categóricamente que “toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Para cualquier medio de comunicación, cuyo ejercicio profesional sea definido por las más exigentes normas periodísticas, el respeto a este derecho ciudadano debería ser un imperativo ético sin que sea necesaria la presión legal. “El periodismo busca la verdad”- repetía incansablemente el periodista y defensor de la ética, Javier Darío Restrepo- “y en esa búsqueda el periodista debe estar abierto a escuchar y valorar todas las voces y opiniones favorables o divergentes de la suya”. Y en esa búsqueda de la verdad a la que se refiere el inolvidable periodista colombiano, un consistente y permanente ejercicio de verificación resulta de primordial importancia para que el profesional y el medio de comunicación no incurran en aseveraciones que atenten contra la honra y la integridad ajenas.

Durante los últimos años, la progresiva politización de los medios y el relajamiento de las reglas básicas del oficio del informar, han empujado la estrepitosa caída de la credibilidad del sector: los índices de confianza de los que alguna vez se presumió, hoy están por el suelo. En un escenario así, no resulta extraño que surjan quienes intenten aprovecharse de la situación para establecer algunas cuotas de presión o, en el peor de los casos, de control. Y hacia allá apunta el anteproyecto de ley que pretende instaurar castigos más fuertes contra aquellos medios que no cumplan con el derecho a réplica establecido ya en la ley 22 del 29 de junio del 2005. La nueva propuesta busca imponer multas que oscilan entre los 5 mil y los 10 mil dólares; las mismas, en la ley vigente, se ubican entre los 500 y los 5 mil dólares.

A nadie le resulta desconocida la adversidad existente entre la proponente del anteproyecto y un conocido medio digital nacional. Y si, innegablemente, resultan condenables los supuestos abusos y exclusiones de cualquier medio que sea, pretender legislar al calor de las pasiones particulares resulta igual de reprobable. Más que establecer nuevas herramientas para lo que es percibido como una revancha, lo que aplica es fortalecer e impulsar la aplicación de la ley vigente. La democracia no se construye sobre ningún tipo de extremismo.