Recientemente se llevó a cabo en la ciudad de Panamá, una reunión al más alto nivel de la Comisión Interinstitucional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR).

Este encuentro, se da en seguimiento a la posición del Gobierno Nacional, liderado por el Presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, de cero tolerancia a la pesca ilegal y demostrar que Panamá es un país cooperante en la lucha por erradicar todas estas prácticas.

La Comisión está conformada por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) los Ministerios de Desarrollo Agropecuario (MIDA), de Ambiente (MiAmbiente); Seguridad Pública (MINSEG), Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Servicio Nacional de Migración (SNM), el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), quienes asumieron con responsabilidad el compromiso de llevar a cabo acciones encaminadas a combatir este flagelo.

La administradora General de ARAP, Flor Torrijos informó que en esta reunión fue abordado el tema de la eliminación de la tarjeta amarilla aplicada al país a manera de advertencia por la Unión Europea (UE) y para ello, Panamá está comprometida junto a todos sus protagonistas a actuar de forma contundente, para garantizar un control adecuado de las actividades de sus buques pesqueros, y con ello prevenir la participación de los mismos en la pesca INDNR en aras de mejorar la gobernanza de los océanos.

Añadió Torrijos que, la política de cero tolerancias a la pesca INDNR es una prioridad en la agenda de Panamá, de la misma manera como lo es para la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo que se refuerza el plan de acción en el tema de control, la ordenación pesquera y la trazabilidad para combatir la pesca ilegal INDNR.

La Comisión Interinstitucional en esta primera reunión ordinaria del año, se comprometió a elaborar las acciones necesarias para solucionar los hallazgos que fueron expresados por la Dirección General de Asuntos Marítimos y de Pesca de la Unión Europea (DG Mare) en su reciente visita a Panamá.

En la reunión se consensuó la implementación de nuevos procesos y protocolos, así como el reforzamiento de monitoreo y vigilancia a las embarcaciones pesqueras y el uso de plataformas digitales para luchar contra la Pesca Ilegal No Declarada, No reglamentada (INDNR). En este sentido se acordó colaborar de manera interinstitucional aplicando las mejores prácticas, tecnología actualizada y el recurso humano especializado, para concretar las tareas y compromisos adquiridos, además de velar por el cumplimiento de las buenas prácticas internacionales en materia pesquera, dando respuesta concreta a la DG Mare, con la finalidad de levantar la tarjeta amarilla.

Para Flor Torrijos la advertencia de la Unión Europea es una gran oportunidad para mejorar, de forma integral, la gestión del país en temas pesqueros, si se toma en consideración que Europa es el mayor mercado mundial que importa nuestros productos.

La DG Mare ha resaltado los avances que ha tenido Panamá en la lucha contra la pesca ilegal y el control de su flota internacional adecuado para el país, considerando que Panamá se mantiene como líder de la flota mercante mundial con más de 8 mil barcos y 275 embarcaciones con licencia de pesca, un crecimiento que impulsa a las autoridades a redoblar esfuerzos y adelantar una serie de cambios para que la actividad cumpla con estándares nacionales e internacionales.

El 90% del atún que exporta Panamá tiene como destino Europa y de esta actividad dependen más de 35 mil familias, rubro que es considerado como el segundo en exportación, por ende, Panamá debe ponerse al día con las normativas internacionales para recuperar la tarjeta verde y evitar mayores afectaciones a la flota marítima más grande del mundo.

Es preciso tomar en cuenta lo señalado por el presidente Laurentino Cortizo Cohen, quien ha reiterado el firme compromiso de luchar contra la pesca INDNR, dado que estas prácticas afectan la sostenibilidad de los recursos naturales, ponen en riesgo la seguridad alimentaria, atentan contra las leyes nacionales e internacionales y la subsistencia de miles de pescadores artesanales e industriales que viven de esta actividad.