Luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, celebrara la negociación de un nuevo contrato de concesión con Minera Panamá, algunos grupos ambientalistas han manifestado su rechazo, este es el caso de «Panamá Vale más Sin Minería», quienes aseguran que con este acto el Gobierno Nacional elude nuevamente la celebración de una licitación pública y traiciona su responsabilidad con los panameños.
Johana Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental, manifestó que durante la irregular negociación el Gobierno anunció avances minúsculos en temas ambientales y laborales.
«El Órgano Ejecutivo desatiende el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato anterior de Minera Panamá, demostrando una vez más que esta industria siempre operará al margen de nuestra Constitución y la Ley, y de los derechos fundamentales que estas consagran. Al evadir la licitación pública y la competencia de los oferentes no se garantizan los máximos beneficios para el Estado panameño», explicó Ábrego.
El nuevo contrato debe suponer para el Estado panameño diez veces los aportes anuales promedios alcanzados hasta la fecha; sin embargo, solo el cobro de la evasión anual del Impuesto sobre la Renta de personas jurídicas, según los montos estimados por la Dirección General de Ingresos, le daría al país más de 100 veces lo recibido anualmente por la minera hasta el momento, así lo dio a conocer Armando Guerra, de la ASOPROF.
Por su parte, Serena Vamvas de la fundación Mi Mar, dijo que la continuidad de Minera Panamá es también un precedente grave y preocupante de cara a la amenaza de múltiples proyectos de minería metálica en todo el país.
El Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, está formado por Organizaciones ambientales, científicas, movimientos sociales, gremiales, de derechos humanos y de base comunitaria.
