«Es tan político que no creo que esto pueda tener lugar en el seno de la ONU», en el cual está inscrito el Acuerdo de París, explicó Anne Olhoff, una de las autoras del informe anual del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUE) sobre la brecha entre los compromisos de los gobiernos y la reducción de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero.
La decisión adoptada por los Estados en la conferencia sobre el clima COP26 en Glasgow en noviembre instó a cada uno de ellos asegurar que su plan de emisiones para la década se alineara con los objetivos de París, para limitar el calentamiento por debajo de 2°C, con respecto a la era preindustrial, y si es posible que éste sea de 1,5°C.
Pero el objetivo del Acuerdo de París es colectivo y no hay una instancia encargada de evaluar el desempeño a nivel nacional, que está determinado por los Estados.
«No hay una ‘policía’ que verifique, esto es una debilidad del proceso, pero permite que los países se apropien de sus objetivos climáticos y que avancen a un ritmo adaptado a su sistema político», comentó la experta en clima Corinne Le Quéré.
La antena de la ONU para el Clima está encargada de hacer una evaluación el próximo año de los compromisos de los estados miembros para 2030, pero este análisis es mundial y a este estadio prevé que el aumento de la temperatura sea de 2,7°C.
Herramientas de presión
Pero, con respecto a la interrogante de si los Estados van a ser receptivos a una evaluación exterior, los expertos dudan.
«En Glasgow escuchamos claramente a países como Estados Unidos decir que iban a determinar solos cual es la trayectoria hacia el nivel de 1,5°C», indicó a la AFP Bill Hare, del centro de estudios Climate Analytics.
Para entregar herramientas para hacer presión, existen criterios de evaluación como el índice Climate Action Tracker (CAT) que clasifica a los países según una estimación de su trayectoria: hacia el nivel de +1,5°C, por debajo de +2°C, acercándose a +3°C o incluso peor.
Este tipo de análisis independientes «podría ayudar a algunos países a concentrarse en hacer sus deberes», destacó Bill Hare, que participa en este indicador.
Equidad
Lola Vallejo del centro de estudios IDDRI plantea que quizás una crítica sea más aceptable si cambia de mensajero, apuntando a una legitimidad mayor cuando viene de dentro.
Sin importar cuál sea el caso, Olhoff destacó que ni siquiera los países más ambiciosos pueden «dormirse en los laureles».
«Hay otro tema, el peso de las emisiones históricas y la equidad», planteó.
El Acuerdo de París destaca el principio de las «responsabilidades comunes pero diferenciadas», en función de la situación de cada país. Entonces, hay voces que señalan que los países ricos, responsables del calentamiento, tienen un rol que jugar con respecto a los países pobres y que deberían hacer más para lograr una contribución «justa».
Para evaluar lo que es una contribución «justa» hay varios criterios: las emisiones históricas, las emisiones por habitante, la huella de carbono -que toma en cuenta las emisiones generadas por bienes importados- o la ayuda a los países pobres.
El mensaje clave que no cambia para frenar el calentamiento es que «todos los países deben volver a examinar sus compromisos y ver si pueden hacer más y actuar de forma más rápida», instó Olhoff.
