En la noche del viernes al sábado, los presos de un bloque salieron de sus celdas para aniquilar a los de una banda rival de otro pabellón. Fue una feroz lucha a bala, explosivos y machetazos, según autoridades e internos que grabaron o transmitieron en vivo la revuelta que dejó 68 muertos.
Una auténtica «barbarie», la llamó el gobierno.
En uno de los videos virales, varios hombres rodean cadáveres apilados y comienzan a prenderles fuego. Es cuando uno avisa al resto de que alguien sigue con vida. Entonces por detrás aparece un recluso y la emprende a machetazos contra el supuesto sobreviviente.
En lo corrido del año han muerto más de 320 presos, en una crisis sin precedentes que transformó a un país otrora pacífico en un teatro de crueldad donde se han cometido las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.
¿Cómo llegó Ecuador hasta aquí? Los expertos dan pistas.
Cárceles sobrepobladas sin vigilancia
Ecuador cuenta con 65 prisiones para 30.000 reclusos, pero la población carcelaria ronda los 39.000 presos, un 30% más de su capacidad.
En la penitenciaria Guayas 1, donde se dio la masacre, hay 8.500 internos y una sobrepoblación del 60%.
La crisis carcelaria venía incubándose hace «varios años», pero solo ahora se nota «esta ausencia estatal» por la «disminución del presupuesto para la atención» de los reos, afirma a la AFP Fernando Carrión, experto en seguridad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Al mismo tiempo, la seguridad dentro de las prisiones pasó de la policía al SNAI, un órgano autónomo que se ocupa de la vigilancia con civiles formados como guías penitenciarios. «La administración del sistema es precaria», remarca el especialista.
Un mes antes de que se produjera la masacre de septiembre con más de cien víctimas, el entonces director del SNAI, Fausto Cobo, lanzó la alerta: el sistema cuenta apenas con 1.500 guardias y se necesitan unos 4.500 para prestar seguridad a las penitenciarias.
«Necropolítica»
Las brutales imágenes del fin de semana dan cuenta del caos en las prisiones pese al estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, quien asumió en mayo.
«Creemos que el que está fallando es el Estado como estructura al no entender al crimen, al no entender la violencia y al desentenderse también de la cuestión penitenciaria», comenta a la AFP la abogada Vianca Gavilanes, de la Fundación Dignidad, que defiende los derechos humanos de reclusos.
Además de la reponsabilidad de los últimos gobiernos, está la del Congreso, que endureció en 2014 las normas que permitían a los presos dejar las cárceles y continuar con prisión domiciliaria hasta el término de su condena.
El sistema judicial tampoco ayuda porque «deja los procesos en incertidumbre», señala Gavilanes, al referirse a los presos sin sentencia y que han muerto en las revueltas.
De acuerdo con la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), la población carcelaria pasó de 20.800 reclusos en 2012 a casi 39.000 en 2021, y de ellos al menos 15.000 están sin sentencia.
Según la abogada Gavilanes, hay en este fenómeno de inseguridad carcelaria una suerte de «necropolítica»: los muertos «solo son cifras, solo son datos, no son personas. Eso es lo que se ha visto repetitivamente en todas las masacres carcelarias».
Economía ilegal
La cárcel -opina Carrión- «es el reflejo de lo que pasa en la sociedad» y en las calles, donde se afianza el narcotráfico con sus múltiples brazos armados. La tasa de homicidios en Ecuador pasó de 7,8% por cada 100.000 habitantes en 2020 a 10,6% entre enero y octubre de 2021.
«Cuando no hay una presencia verdadera del Estado adentro de los centros (de reclusión), entonces obviamente quienes van a tomar el poder y el control de estos espacios van a ser todos estos grupos que además tienen armas», indicó Carrión.
En la penitenciaría Guayas 1 operan al menos siete bandas, entre ellas los Tiguerones, los Lobos, los Chonekillers y los Latin King.
Gavilanes critica la posición del gobierno de presentar a todos los reos como «monstruos» y culpar a las disputas de las masacres, cuando según ella dentro de las cárceles funciona una economía ilegal que provee a los presos de los servicios que el Estado no les brinda.
«Eso es deslindar la responsabilidad del Estado. (…) Todas las decisiones que ha tomado desde la política pública hasta la normativa, han sido direccionadas para que tengamos (…) más de 300 personas asesinadas de forma muy violenta», expresó.
