Ponerle un alto a los intereses bancarios es lo que busca el proyecto de Ley 420, prohijado por la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional y que ya tienen una mesa de técnica instalada para escuchar la participación de todos los sectores que se ven afectados.
La proponente del proyecto fue la diputada de Gobierno Zulay Rodríguez, quien ha admitido desde el día uno que “el proyecto surgió, porque los clientes no encontraron en la Superintendencia de Bancos, a una entidad regulatoria durante el periodo de moratoria”.
Y es que su proyecto de ley, establece marco regulatorio de control a las tasas de interesas para préstamos y créditos otorgados por las entidades bancarias.
“Necesitamos con urgencia que se sancione lo propuesto por la diputada Zulay, para que así podamos organizarnos un poco más con las deudas que son muchas, mientras que el dinero es escaso”, detalló Natalia Castro, emprendedora de productos de belleza y líder de su hogar.
Castro pide a gritos que los bancos entiendan que, si el Ministerio de Salud eliminó muchas restricciones, eso no significa que todos retornaron a sus trabajos o que las deudas se acabaron y que hay efectivo para pagar todo, como si nada de la pandemia hubiese pasado.
Moratorias y extensiones
Al subir los intereses de los préstamos, en tiempo de moratoria, los clientes tendrían una deuda muy “inflada” y difícil de pagar y es aquí donde entran las contradicciones de los discursos del presidente Laurentino Cortizo, cuando aseguró que nadie perdería sus casas y el actuar de los bancos, tras finalizar la moratoria.
La moratoria de préstamos bancarios finalizó inicialmente el 31 de diciembre de 2020, conforme lo dispuesto en la Ley No. 195. Luego llegó una extensión que no era aplicable para todos, ni de forma automática y el afectado debía demostrar ante el banco que realmente no podía seguir pagando.
Dicha extensión se anunció hasta el 30 de junio de 2021. También salió un comunicado del presidente de la República, en donde se anunciaba que el período para formalizar la reestructuración bajo las nuevas medidas contenidas en la Resolución SBP-GJD-0004-2021, comprenderá desde el uno (1) de julio hasta el treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
Lo que nadie contó
Desde el 1 de octubre, comenzaron los problemas.
Muy pocos bancos lograron “sensibilizarse” y trataron de entender la situación de sus clientes y le extendieron la moratoria hasta el 31 de diciembre de 2021. Fue el caso de Banistmo.
Por otra parte, bancos como Banco General y todos los del Estado, no extendieron más la moratoria y comenzaron a presionar para sus clientes pagaran de forma completa todos los servicios que tenían, sumado a los intereses que se les acumularon durante la moratoria.
“Esto es una locura y nadie lo explicó. Resulta que ahora, además de pagar la letra completa regular, también debo hacer abonos para ir bajando la cantidad exorbitante que tengo de intereses”, destacó Gustavo Blanco, quien tiene préstamo de vehículo de forma individual y otro hipotecario con su esposa.
Y es que nadie logró incluir dentro de la moratoria que los intereses de los préstamos también se congelaran o simplemente no registraran aumento.
La diputada dijo que los bancos no han perdido en la pandemia y que le da “lástima porque dijeron que los panameños no iban a perder sus casas, su único patrimonio”.
Sin apoyo
Quien fuese superintendente de bancos hasta septiembre pasado, Amauri Castillo, dio a entender ante la Asamblea Nacional que quienes tuvieran problemas con los bancos locales, debía acudir a los Tribunales de justicia panameña, jurisdicción civil para resolver, ya que no era trabajo de la Super Intendencia de Bancos.
Son cientos los panameños que después que finalizó la moratoria han acudido a la Asamblea Nacional y hasta a la Defensoría Pueblo para buscar ayuda y no perder su patrimonio.
“Es injusto que mientras en Europa y Estados Unidos han bajado los intereses a 0.5% en plena pandemia para ayudar y reactivar la economía, aquí los han subido”, ha manifestado la diputada proponente del proyecto.
Realidad
Mientras el panameño, que aún no ha logrado tener una buena economía a consecuencia de la aparición de la Covid-19, en la Asamblea siguen trabajando en la mesa técnica para buscarle un punto medio al proyecto de Ley 420.
Dicha mesa busca fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas de sus operaciones, con un tope de 1.25% mensual, como tasa efectiva máxima de interés, mayor a ella, será considerada una conducta ilícita de usura (cobrar un interés excesivamente alto por un préstamo).
“La ventana abierta por la Asamblea para discutir la propuesta es fundamental para que la banca haga sus aportes como conocedores de la materia”, sostuvo Otto Wolfschoon, de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).
Pero, ¿qué puede hacer el panameño que no duerme por temor de perder su vivienda o auto en préstamo?
“El periodo de intentar llegar a un acuerdo con la entidad bancaria donde tiene el servicio bancario ya culminó y quién no haya puesto en contacto con el banco y logrado un mínimo acuerdo, tendrá, lastimosamente, muchos problemas”, sostuvo el economista Pedro Moreno.
Desde la visión de Wolfschoon y la SIB, se dice que el banco confió en la persona como un buen representante de crédito al darle la moratoria y que ahora el deudor debe retribuir esa confianza.
“Es muy fácil hablar de proyecciones y expectativas sin ser humanitario. Legalmente tal vez los bancos tengan la razón al exigir el pago completo, sumado a los intereses, que al final, es el gran negocio de los bancos, por ello, la única opción para que miles de panameños que no lograron un acuerdo con las entidades financieras para no perder su patrimonio sea la intervención del presidente de la República”, sostuvo Moreno.
Y es que los bancos al término de la moratoria estaban ofreciendo acuerdos en donde el cliente iba a pagar hasta 8 veces el costo inicial de su préstamo.
“Para rebajarme $12 mensuales, me extendían 6 años a los 30 originales y el periodo de moratoria; peor aún para rebajarme $21 mensuales, me aumentaban a 12 años el tiempo de pago del préstamo, cubriendo saldo, intereses actuales y los acumulados, una verdadera ridiculez”, recordó la emprendedora de productos de belleza.
Así como Natalia Castro, aquellos panameños que no tuvieron mayor oportunidad de tener frente a ellos opciones con sentido humano para no perder sus bienes, ahora solo trabajan para meter el dinero al banco.
“Ahora, mis hijos tendrán que migrar al sistema de educación público, con la proyección hecha en casa para cumplir con el banco, hemos tenido que reducir la cantidad de alimentos en el supermercado y rogado a Dios que nadie se enferme. Solo una dos veces podré atrasarme en el pago, para que no me bloqueen la cuenta, es muy difícil, parece que nadie pensó en la crisis post Covid-19”.